VENEZUELA EN EL OJO DEL HURACÁN XI

Por Venezuela Real - 17 de Agosto, 2008, 18:14, Categoría: Oposición/Resistencia

Movimiento 2D / Democracia y Libertad
17 de agosto de 2008

Mientras el rechazo unánime de grandes sectores nacionales (universitarios, empresariales, políticos, religiosos, sociales) contra los 26 decretos-leyes promulgados por el Presidente de la República el 31 de julio se extiende por todo el país, la Asamblea Nacional se obstina en incumplir las atribuciones y deberes que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le señala en el articulo 187.

Al otorgarle al Presidente de la República las facultades para legislar sobre lo divino y lo humano, la Asamblea abdicó su misión primordial de legislar, condenando a los venezolanos a la inseguridad jurídica o a lo que nos depare el azar. La Constitución consagra a Venezuela como "un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones..". Basta darle una ojeada a estos postulados para comprobar que son violentados y burlados en su esencia.

Contra el Estado "federal y descentralizado" conspira de manera absoluta la Ley Orgánica de la Administración Pública que autoriza al jefe de Estado a designar "autoridades regionales" donde él lo considere conveniente. No les pusieron nombre, pero no son otra cosa que los vicepresidentes derrotados en el referéndum del 2 de diciembre. Esta ley no tiene otros propósitos que la aniquilación del "Estado federal y descentralizado" que pauta la Carta Magna.

La Constitución insiste en la idea de descentralización cuando establece entre las atribuciones y deberes de la Asamblea  Nacional, esta: "Velar por los intereses y autonomía de los estados". ¿Qué ocurre? Muy simple. La Ley Orgánica de la Administración Pública está concebida y diseñada para abolir la autonomía de los estados y para afectar gravemente sus intereses. De modo que los diputados que representan sus regiones se rinden incondicionalmente al Poder  Supremo.

Desde ahora, y a partir de esta Ley, quienes están compitiendo por las gobernaciones de estado, (sean candidatos del PSUV o de los partidos de oposición), deben saber que sus gobernaciones no serán sino un cascarón vacío dependiente del hombre de Miraflores. Por eso, mientras hacen campaña por los cargos, sean rojos o de los colores que sean, no deben perder de vista el significado de esta Ley porque a todos los espera un destino menguado: rendirse y suplicar para sobrevivir. Deberán tener presente que otra Ley interferirá en sus gestiones, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También tendrán "regiones militares" que coartaran muchas de sus atribuciones. Tendrán las Milicias Bolivarianas, o el Ejército paralelo controlado por el Presidente de la República. Como si fuera poco, la Policía Nacional también dependerá de la capital. En suma, estarán rodeados de un Estado policial. Añádase a esto el contrabando  de la funesta Ley de Inteligencia que nos convertía a todos en espías de todos. Que degradaba a la sociedad en su conjunto. La Ley de Seguridad Alimentaria es la excusa para atentar contra la propiedad privada, intervenir o expropiar industrias y comercios. Otro   proyecto derrotado el 2 de diciembre.

La Asamblea Nacional tampoco se ocupa de ejercer las funciones de control de la Administración Pública, como lo señala la Carta Magna, en el articulo 187. El parágrafo 11 señala: "Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país". Es del dominio público que existe una misión militar venezolana en la República de Bolivia, sin haber sido  autorizada. Una misión que ha tenido diversos contratiempos, objeto de cuestionamientos y factor de perturbación.

El intervencionismo del Gobierno venezolano en Bolivia rompe todos los precedentes imperiales. Militares, civiles, equipos, petrodólares, fueron  factores que determinaron el referéndum del domingo 10 de agosto. Veamos lo que dice el ex-presidente e historiador Carlos Mesa Gisbert en El País del 14 de agosto: "El problema es que el presidente boliviano está preso de una dependencia psicológica muy fuerte de Fidel Castro y de Hugo Chávez, dependencia vinculada a una identidad de ideas (suponiendo que tengamos claro de qué ideas estamos hablando), y la inaceptable dependencia económica en el uso discrecional de gastos reservados y cheques de bolsillo a bolsillo de Chávez a Morales". Esta degradación de la política no tiene dolientes entre los poderes del Estado. Esta manera ilegal de disponer de grandes recursos públicos se llama malversación. En Bolivia es pública y notoria.

La  "red de amigos" que cohonestan estas prácticas avanza en América Latina. El Presidente Correa, de Ecuador, lanzó la candidatura de Néstor Kirchner para la Secretaría General de UNASUR. Fue tan entusiasta que prometió ceder  la sede de la Secretaría correspondiente a  su país para que no tenga que moverse de Buenos Aires. Ese cargo no fue aceptado por el ex-presidente Rodrigo Borja porque los Estatutos de UNASAUR habían sido alterados.  Era un cargo irrelevante, pero ahora los modificaran a la altura del líder peronista que de cónyuge presidencial pasará a alto funcionario internacional para viajar por la América del Sur visitando a sus compadres.  Ya podemos imaginar al servicio de quiénes estará la Unión de Republicas Suramericanas. ¡Tango a la vista!

Los jefes del comando de campaña del PSUV han adelantado que el ministro de Información se integrará al comando. Alegan que "no tiene nada de particular". Añaden que van a hacer "rifas" para financiar la campaña roja. A otro perro con ese hueso. La Constitución prohíbe a los ministros estas formas de corrupción. Los comisarios deben leer el artículo 145 de la Constitución. Aunque sea para que sepan lo que hacen y en qué manera degradan la función que ejercen, beneficiándose de los recursos públicos. Podrían hacer otras "rifas" para que financien los canales del Estado puestos al servicio del PSUV, el uso de aviones oficiales y los alquileres del "Teresa Carreño", cuyos obreros deben trabajar gratis para la revolución.

La reacción de sectores fundamentales de la nación contra los 26  decretos-leyes dictados por el Presidente de la República  es una ratificación del voto del 2 de diciembre. El país dijo No y No debe decirle al contrabando y al veneno de los 26 decretos-leyes.  Esta reacción viene unida a la solicitud de que sean derogados porque violan del orden constitucional. Esta es la primera prioridad de los venezolanos. El Estado de Derecho ha sido vulnerado una vez más, pero ahora de una manera tal que amenaza no sólo la constitucionalidad, sino también el orden democrático sometido a un laberinto de leyes que enmascara la autocracia y extiende sus tentáculos a  todos los ámbitos de la sociedad.

Por la derogación de los 26 decretos-leyes
Por el respeto a la propiedad privada
Por una Fuerza Armada Nacional  institucional y apolítica.

 
 Movimiento 2D / Democracia y Libertad






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