Consejos comunales reciben privilegios legales

Por Venezuela Real - 18 de Agosto, 2008, 12:50, Categoría: Política Nacional

El Nacional - Primera Página
18 de agosto de 2008

Paquete habilitante les concede ventajas sobre otros poderes

Los 26 decretos dictados por Chávez facilitan la asignación al poder popular de dinero de multas y decomisos

Las numerosas atribuciones conferidas a estas organizaciones convierten a los ciudadanos en funcionarios, por lo que deberán someterse al régimen de control fiscal.

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EDGAR LÓPEZ

Habilitante facilita financiamiento y acción de los consejos comunales
Dinero de multas, decomisos y petróleo llegarán sin demasiada burocracia
Con los decretos leyes, el poder popular gana más que si se hubiese convertido en otra rama del poder público

Quizás pocos recuerden que uno de los primeros decretos leyes dictados por el presidente Hugo Chávez para consolidar el poder popular (en el mismo sentido que le dio en el proyecto de reforma constitucional) es la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, publicada en la Gaceta Oficial del 5 de octubre de 2007.

El artículo 48 establece que el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia debe contar con la opinión "favorable y vinculante" de los consejos comunales para otorgar permisos y fijar horarios para la venta de licores. La administradora de una licorería de Cagua lo explica en forma sencilla: "Antes este tipo de trámites correspondía a la alcaldía. Ahora estoy obligada a caerle bien a los del consejo comunal, porque si no me cierran el negocio".

El abogado Luis Herrera Orellana, quien junto con Victorino Márquez Ferrer, elaboró un exhaustivo y revelador estudio comparativo de la reforma constitucional rechazada el pasado 2 de diciembre y el conjunto de decretos leyes dictados por el Presidente vía habilitante, explicó que con la multiplicidad de atribuciones conferidas a los consejos comunales se confunde la participación ciudadana con la corresponsabilidad en la gestión pública: "El ejercicio del derecho a la participación ciudadana no puede ser usurpado por el Estado. Y eso ocurre cuando el Estado convierte a los ciudadanos en funcionarios públicos, en empleados dependientes del desembolso de recursos públicos".

El docente de la Universidad Central de Venezuela dio un ejemplo. El artículo 132 de la Ley Orgánica de la Administración Pública permite la celebración de "compromisos de gestión" entre organismos públicos y consejos comunales. La norma estipula que los consejos comunales manejarán fondos públicos y, por tanto, han de estar sometidos al régimen de control fiscal.

En la práctica, la informalidad en la asignación, ejecución y supervisión presupuestaria ha despertado suspicacias sobre la actuación de los consejos comunales. Con la consagración del poder popular como una nueva rama del poder público, tal informalidad se reduciría al máximo y operaría el rigor de la fiscalización aplicable a toda la administración pública.

El artículo 17 de la ley contra el acaparamiento, publicada en la Gaceta Oficial del 31 de enero de 2008 y derogada por la promulgación de los decretos leyes sobre seguridad alimentaria y acceso a los bienes y servicios, establece que el Fondo Nacional de los Consejos Comunales recibirá el producto de lo que se recaude por la aplicación y cobro de multas y por ventas de bienes que se hayan decomisado o trasladado por supuesto acaparamiento.

Márquez Ferrer comentó que este fue uno de los primeros decretos leyes dictados en ejercicio de la habilitación legislativa al Presidente de la República, seis meses y medio antes de que formulara su propuesta de reforma constitucional: "Parecía que estaban contando los pollos antes de nacer, que daban por hecho la aprobación de los cambios de la Constitución para institucionalizar el socialismo".

Los decomisos, acotó el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, proliferarían con la nueva concepción de la propiedad privada, propuesta en la fallida reforma.

La otra gran fuente de financiamiento de los consejos comunales, lograda a través de una ley formal, son los recursos provenientes de los ingresos excedentarios por alza de los precios del petróleo. Expresamente, la norma indica que "serán destinados por el Ejecutivo nacional a la ejecución de proyectos de desarrollo de infraestructura, de producción y desarrollo social y al fortalecimiento del poder comunal".

De acuerdo con el estudio de Herrera Orellana y Márquez Ferrer, al Gobierno le habría resultado más fácil el financiamiento de los consejos comunales si actúan con flexibilidad en diversos ámbitos de la administración pública. Si hubiese sido consagrado como un nuevo órgano del poder público tendría que enfrentar mayor burocracia en la búsqueda de recursos presupuestarios.

Un ejemplo del alcance de tal flexibilidad en el manejo de fondos públicos por parte de los consejos comunales tiene que ver con la posibilidad de adoptar las modalidades de selección de contratistas que consideren más convenientes y de rescindir contratos unilateralmente, sin intervención judicial. La ventaja sobre el resto de la administración pública se logró a través de la habilitante, específicamente de la Ley de Contrataciones Públicas, vigente desde el 25 de marzo de 2008.










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