Gobierno dio un paso para centralizar puertos y nacionalizar buques

Por Venezuela Real - 18 de Agosto, 2008, 10:45, Categoría: Política Nacional

ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ
El Nacional
18 de agosto de 2008

HABILITANTE  - Quedo fuera el término "sin perjuicio" de la actividad privada
La nueva Ley de los Espacios Acuáticos emitió declaratoria de utilidad pública para el sector

La Ley Habilitante que la Asamblea Nacional le otorgó al presidente Hugo Chávez para tener la facultad de legislar durante año y medio sirvió para derogar algunas normas legales que fueron aprobadas en el período que el mandatario lleva en el poder. Un ejemplo es la recién aprobada Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos que anuló la legislación aprobada hace siete años –también dentro de una habilitante– la cual respondía al nombre de ley de espacios acuáticos e insulares.

En buena parte, los cambios planteados en este sector a través de esta ley siguen la tendencia de las otras 25 leyes aprobadas por el Gobierno en el marco de la tercera habilitante con la que cuenta el Presidente. En las consideraciones se parte de la idea de avanzar el proceso revolucionario e impulsar un modelo ideológico signado por el socialismo bolivariano o del siglo XXI, lo que a criterio de expertos jurídicos implica la incorporación de disposiciones que estuvieron previstas en la reforma de Constitución rechazada en el referéndum del 2 de diciembre pasado.

En los planes del Gobierno siembre estuvo la aprobación de una nueva ley en materia acuática debido a que el tema marítimo formó parte de la propuesta de reforma constitucional que Chávez presentó en agosto del año pasado.

Al respecto, se indicaba que el Presidente de la República tendría la competencia para delimitar espacios, lo que obligaba a modificar la legislación sobre esta materia vigente desde noviembre de 2001.

Uno de los principales defensores de los cambios que propuso Chávez para el sector marítimo fue el ex ministro de la Defensa, Orlando Maniglia, quien como miembro de la Armada se dio a la tarea de resaltar la importancia que tenían los cambios a la carta magna en lo que respecta a los espacios acuáticos.

"Me parece bien interesante dentro de la reforma el planteamiento del artículo 16 que se refiere a crear una región marítima y darle una connotación interesante como Estado, distribuirlo políticamente, y las islas que antes se manejaban como un todo, ahora están manejadas por regiones", dijo el almirante Maniglia en un foro que se realizó a finales del año pasado. "Eso va a permitir que se desarrollen las islas y los puertos, diversificar el mar, y lo más importante es que se comienza a saber para qué se quiere una Armada, cuál es el concepto de seguridad y defensa que tenemos que manejar, y cómo es el control del tráfico marítimo", agregó.

Una de las novedades que incluye la nueva ley es que le asigna al Estado la facultad de ordenar los espacios acuáticos, lo que implica una mayor competencia a la que tenía con el anterior marco legal, en el que se le asignaba la ejecución de labores hidrográficas, oceanográficas, meteorológicas, dragado, señalización acuática, cartografía náutica y otras ayudas a la navegación.

También el Gobierno optó por suprimir la frase "sin perjuicio de la participación de entes privados", y se hizo un cambio que a criterio de expertos jurídico da pie a pensar sobre la posibilidad de planes de nacionalización sobre este sector. La razón es que ya no se habla sólo de que los espacios acuáticos se consideran de interés público sino que se declaran de utilidad pública, lo que tiene connotaciones jurídicas y no sólo semánticas.

"Ahora la nueva ley abre un espacio para una medida de expropiación más rápida por parte del Gobierno nacional", comentó Aurelio Fernández Concheso, abogado de la firma Clyde & Co y directivo de la Asociación Venezuela de Derecho Marítimo. "El Gobierno pudiera plantearse que ni siquiera requiere de la declaratoria de utilidad pública por parte de la Asamblea Nacional cuando decida concretar una medida de expropiación contra una empresa", agregó el experto.

En la legislación aprobada recientemente se señala que esa declaratoria recae "especialmente" –es el adverbio que se utiliza en un párrafo del artículo 6° de la ley– sobre el transporte marítimo nacional e internacional, sobre la industria naval y sobre los puertos.

Esto último también coloca a las instalaciones portuarias ante una eventual centralización y no serían competencia de las gobernaciones. Tal es el caso de los muelles de Puerto Cabello que están bajo la responsabilidad de la Gobernación del estado Carabobo.

Asimismo, la Ley de los Espacios Acuáticos estimula a que los consejos comunales –otro elemento clave de la reforma constitucional– se organicen para formar empresas navieras y de transporte marítimo bajo modelos de propiedad social o colectiva. De igual manera se les asigna la responsabilidad de contraloría social principalmente para supervisar que las empresas del sector rijan su actuación apartándose del lucro y cumpliendo deberes de solidaridad y responsabilidad social.

Impuesto a la bandera

La nueva Ley de los Espacios Acuáticos también derogó la legislación referida a la reactivación de la marina mercante a fin de incorporar parte de su articulado en el nuevo marco legal. De allí que se mantengan algunos beneficios fiscales como la exención de impuesto de importación para bienes que requiera la industria naval y portuaria, así como una rebaja de 75% del monto de nuevas inversiones para el pago del impuesto sobre la renta.

Sin embargo, hay una diferencia en materia fiscal, de acuerdo con lo expuesto por el abogado Fernández Concheso. Se eliminó la exención de tasas aduanales que se aplicaban anteriormente para que los buques pudieran tener bandera nacional.

Ahora deberán pagar la tasa de 1% sobre el valor de la embarcación.

Por ejemplo, el costo de un ferry está en 40 millones de dólares, y para que tenga el tricolor patrio deberá pagar 400.000 dólares; un tanquero de hidrocarburos, cuyo costo se aproxima a 100 millones de dólares tendrá un pago adicional de 1 millón de dólares. "Esta medida representa un serio peligro para el desarrollo de la marina mercante venezolana", afirmó Fernández Concheso.

"Esta situación nos coloca en desventaja frente a otros países de la región para impulsar el crecimiento de buques con bandera nacional; y al final es un costo que se traslada a los precios de los productos que se transporten en estos buques", agregó el experto.

Advirtió que la anterior legislación impulsaba el desarrollo del sector, y cuyo crecimiento no fue mayor debido a retrasos en la ejecución del anterior marco legal por parte del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos.

Un frenazo a la flota nacional

La derogada ley de espacios acuáticos e insulares fue aprobada en 2001 como parte de las legislaciones que se incluyeron en la segunda ley habilitante que el Poder Legislativo le aprobó al presidente Chávez. En esa oportunidad se planteó como objetivo que el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos ejecutaría políticas para incrementar la flota del país de un volumen de un millón a cinco millones de toneladas en un período de seis años, plazo que debió completarse a finales de 2006. Las cifras indican que sólo se aumentó a 1,8 millones de toneladas de embarcaciones nacionales. Hubo un crecimiento de 80%, el cual pudiera considerarse alto si se omitiera el detalle que había la intención de que ese aumento estuviera en 500%, e incluso existía la pretensión de alcanzar la meta de 8 millones de toneladas para finales de 2010. En la exposición de motivos de la nueva ley se mantiene el carácter estratégico que el Gobierno da a este sector, pero no se señala orientación sobre su desarrollo, sino que se indica la importancia de una mayor regulación porque de los muelles venezolanos entran y salen 13.700 buques anualmente, y 400 barcos pesqueros realizan sus faenas en los espacios acuáticos venezolanos.





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