El Estado ante el estrado

Por Venezuela Real - 20 de Agosto, 2008, 12:24, Categoría: Derechos Humanos

Carlos Crespo
TalCual
20 de agosto de 2008

Cinco de los ochos casos que lleva la Corte Interamericana de DD.HH contra Venezuela se refieren a hechos ocurridos en los últimos 10 años. El Gobierno no ha acatado los dictámenes de la instancia judicial

Con la introducción del caso del general (r) Francisco Usón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) el pasado 25 de julio, Venezuela suma ya un total de ocho causas que han sido elevadas a la máxima instancia judicial hemisférica. La tendencia apunta a un incremento de las solicitudes ante el sistema interamericano de justicia por parte de los venezolanos en los últimos años, pues cinco de las ocho causas se refieren a eventos ocurridos durante el actual Gobierno.

Los casos que la ComisiónIDH ha llevado hasta la Corte-IDH se caracterizan por su variedad y se extienden a lo largo de un periodo de 16 años. El primero fue la denominada masacre de El Amparo ocurrida en 1988; luego vino El Caracazo (1989); las desapariciones forzadas en Vargas (1999) y el asesinato de más de 60 reos en el retén de Catia (1992). En todas estas decisiones el Estado fue condenado, sin que hasta ahora haya sido sentenciado ninguno de los responsables.

Distinto es el estatus de las otras cuatro denuncias presentadas ante el organismo con sede en Costa Rica, pues todavía no se cuenta con una sentencia por parte de los jueces. Estos son la destitución de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (2003), los casos de las agresiones contra los trabajadores de Globovisión y RCTV (ambos en 2001) y la detención del general Francisco Usón por "difamar" a la Fuerza Armada (2004).

JUSTICIA LENTA

Una de las principales críticas contra el sistema interamericano de justicia radica en su lentitud. El caso de Usón parece ser un buen ejemplo. El militar retirado pasó tres años y siete meses preso, fue amnistiado por el Presidente de la República en la víspera de Navidad pasada y todavía no cuenta con una sentencia sobre su caso.

Inclusive, hay denuncias como la de los reclusos del retén de Catia que tuvieron que esperar casi catorce años por un pronunciamiento de la Corte.

Para el experto en derecho internacional Carlos Alberto Figueredo, las fases lo que buscan es garantizar el debido proceso para todas las partes, incluyendo al Estado. En primer término es necesario agotar las instancias jurídicas internas o probar que existe un retardo injustificado.

La denuncia deberá hacerse en primera instancia ante la Comisión.

Si esta instancia considera que existen elementos que apuntan hacia la violación de algunos de los pactos firmados por el país, como la Convención Americana de Derechos Humanos, demanda al Estado ante la Corte.

Los particulares no pueden demandar directamente ante la Corte-IDH, pues las únicas partes actuantes en esta instancia son la Comisión y el Estado demandado.

En cada uno de estos procedimientos se debe escuchar los argumentos de las partes, mientras que los Gobiernos cuentan con mecanismos para retrasar las decisiones. El jurista agrega, además, que los ocho casos acumulados por Venezuela son un guarismo bajo, si se compara con otros países como Colombia, Honduras o México.

ESTADO REBELDE

Aunque en el papel las sentencias de la Corte son vinculantes para los Estados, en la realidad Venezuela se ha convertido en uno de los países que más ha desacatado las resoluciones de la instancia: "Venezuela ha sido reacia a acatar sentencias de la Corte; de hecho, lo expone en la reciente sentencia de la Sala Constitucional sobre las inhabilitaciones. Hay una rebeldía muy marcada de Venezuela con esto. Incluso, no le ha dado permiso a la Comisión para hacer sus informes, el último fue en 2002", dice Figueredo.

Las sentencias en los casos de El Amparo, El Caracazo, las desapariciones forzadas de Vargas y el retén de Catia confirman esta opinión. No hay ningún condenado por estos sucesos, mientras que las resoluciones referidas a las indemnizaciones sólo se cumplieron en el caso de El Caracazo y, parcialmente, en El Amparo. Venezuela ha incumplido medidas de fácil ejecución como la publicación de las sentencias o pedir disculpas públicas por los hechos.

Para el director del Observatorio de Prisiones, Humberto Prado, uno de los problemas radica en que el Gobierno no trabaja las resoluciones con los peticionarios: "Los informes que el Estado ha entregado a la Corte nos los mandan a nosotros después, para verificar si es cierto lo que dice el Estado (...) entonces comprobamos que éste le miente a la Corte y además no trabaja las medidas provisionales como las trabajan otros países, con los peticionarios".

Prado recuerda que la Corte dictó medidas provisionales en los casos de las cárceles de Uribana, La Pica, el Rodeo I y II, y Yare I y II, sin que hasta la fecha se hayan acatado: "El Estado lo que ha hecho es ofender a la Comisión cuando va a las audiencias, tratándolos de golpistas, de que las personas que utilizamos el sistema interamericano somos del imperio. El Estado lo que ha ido es a pelear y no a demostrar la labor que ha desarrollado en derechos humanos", argumenta.

JUICIO AL PODER JUDICIAL

El caso que parece estar más próximo a un dictamen es el relacionado con la destitución de los magistrados la Corte Primera de lo Contencioso. Juan Carlos Apitz, quien fue el presidente de la instancia y consignó la denuncia ante la Corte-IDH, asegura que este caso es particularmente importante porque está en tela de juicio la independencia del Poder Judicial.

Considera que el aumento en las denuncias ante instancias internacionales es un síntoma claro del deterioro del sistema jurídico del país: "Esa cantidad de casos y expedientes en la Corte revela el drama y la desconfianza que hay del Poder Judicial venezolano (...) una desconfianza que está, entre otras cosas, motivada por la evidente falta de imparcialidad en Venezuela".

Apitz culmina esgrimiendo que el incumplimiento de las medidas de la Corte es parcialmente imputable a los peticionarios, que no ejercen la suficiente presión: "En algunos casos las víctimas no han hecho suficiente presión para que se cumplan, lo importante es que uno se case con su caso y lo lleve hasta sus últimas consecuencias, cosa que nosotros vamos a hacer, suceda lo que suceda".

A estos ocho casos se agregan los que todavía se mantienen en fase de estudio en la Comisión-IDH. Entre éstos se encuentra la denuncia de Leopoldo López sobre los inhabilitados, aceptada por esta instancia el pasado 25 de julio. No obstante, considerando el promedio de años de los casos, una sentencia definitiva por parte de la Corte no luce muy cercana.






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