"Gobierno usurpó competencia del Poder Judicial en toma de Cemex"

Por Venezuela Real - 20 de Agosto, 2008, 11:06, Categoría: Política Nacional

AHIANA FIGUEROA  / ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ
El Nacional
20 de agosto de 2008

NACIONALIZACIÓN - Pdvsa exige a Lafarge y Holcim mantener apoyo tecnológico
La Comisión Nacional de Valores suspendió por 24 horas la compraventa de acciones de la cementera

La nacionalización de las cementeras ha sido de dos caminos dentro del equipo que designó Petróleos de Venezuela, y que lidera uno de sus vicepresidentes, Eulogio Del Pino.

Uno de negociación con Lafarge y Holcim, y otro de confrontación con Cemex, semejante al que se entabló con Exxon Mobil.

El memorando de entendimiento que se firmó con Lafarge y Holcim, a criterio de expertos vinculados con estas empresas, permitió extender el plazo por 60 días las negociaciones debido a la demora que tuvo el proceso por parte de los técnicos de la petrolera.

No obstante, hubo tres aspectos que Pdvsa logró con las firmas suiza y francesa: precio que se pagará, participación minoritaria y que estas empresas transnacionales mantengan el apoyo tecnológico una vez que el Estado venezolano asuma el control mayoritario.

En el caso de Cemex, se emprendió un proceso de expropiación, que a criterio del ministro de Energía y Petróleo, y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, se hizo apegado a la legislación en esta materia. "Se han cumplido todos los extremos de la ley, lo que establece nuestra Constitución y nuestra legislación", aseguró el titular de Energía.

Para el titular de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, el valor de la cementera mexicana no alcanzaría 400 millones de dólares. Mientras que Cemex aspiraba por la venta 1,3 millardos de dólares.

Pero, los abogados Victorino Márquez y Luis Alfonso Herrera tienen un criterio contrario al del ministro Ramírez. "La estatización de Cemex pone en entredicho las garantías jurídicas al derecho de la propiedad privada", afirman.

En específico señalan que es ilegal que la ocupación previa que ordenó Ramírez en las plantas de Cemex, porque esa medida debió ser dictada por un tribunal del país al cual se le asigne la competencia del juicio de expropiación y la toma sólo procede después que el Estado consigna ante ese juzgado el precio que se pagará, dependiendo del monto que fije una comisión de avalúo.

"Estamos viendo cómo se lleva adelanta la expropiación por la vía administrativa sin tomar en cuenta el Poder Judicial", explica Márquez, quien señala cómo este procedimiento –al igual que el ejecutado con Sidormuestra que el Estado venezolano emprendió un proceso de ocupación de bienes sin garantía jurídica para la empresa afectada.

Arbitraje.

La directiva de Cemex Venezuela continúa sin emitir declaraciones sobre la expropiación y la toma de sus plantas en el país, pero, se pudo conocer que el departamento legal de la empresa se encuentra a la espera del decreto de expropiación para realizar su análisis y emprender las acciones pertinentes.

Hasta ahora, la directiva de la sede principal de Cemex en México sólo se ha limitado a informar al organismo supervisor del mercado de capitales de esa nación de la toma de control del Estado venezolano de sus cuatro plantas en Venezuela.

Fuentes consultadas no descartan la posibilidad de que la empresa mexicana acuda a un arbitraje internacional para dirimir cualquier otra controversia que se suscite con el Gobierno nacional. En Caracas, la Comisión Nacional de Valores suspendió por 24 horas la compra-venta de acciones de Cemex Venezuela que se cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas. Ayer en la mañana, las acciones tipo I caían 2,82% y las tipo II perdían 1,43%. Mientras, los títulos de Venezolana de Cementos, pertenecientes a la cementera Lafarge, continuaron sus operaciones sin suspensión alguna, lo cual extrañó a los corredores bursátiles debido a que el Gobierno deberá realizar una oferta pública de acciones para poder adquirir 6% de su paquete accionario.

La CNV justificó la medida al señalar en un boletín de prensa que "cuando se produzcan eventos respecto de los cuales no se haya producido información suficiente se puede suspender la cotización de un papel para preservar los derechos de los inversionistas minoritarios y garantizar la transparencia del mercado".


 





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