Retardo procesal (I)

Por Venezuela Real - 22 de Agosto, 2008, 17:16, Categoría: Derechos Humanos

Luisa Ortega Díaz
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22 de agosto de 2008

   
Lo que el derecho penal denomina delito no es otra cosa que un conflicto humano. El Estado, mediante el proceso jurisdiccional, asume para sí la solución de dicha alteración. En palabras del destacado profesor argentino Alberto Binder, "el conflicto humano subyace al proceso".

De allí la relevante importancia que tiene el factor tiempo en el proceso jurisdiccional. Tratándose de un conflicto humano, el Estado está obligado a pronunciar con prontitud la solución definitiva.

En Venezuela, la celeridad de la decisión jurisdiccional tiene rango constitucional. El incumplimiento de este mandato produce la conocida "justicia tardía", la cual –lejos de dar la respuesta esperada– genera nuevos conflictos humanos, siendo el más grave de ellos "el preso sin condena".

Por esta razón, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7.5, consagró "el derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable".

En nuestro país, históricamente, uno de los motivos de rechazo social al sistema penal lo constituye el retardo procesal. A pesar de los importantes avances legislativos (Código Orgánico Procesal Penal y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999), en materia procesal penal aún persiste el referido fenómeno, lo cual afecta la fase de investigación, la intermedia y la de juicio, incluida la fase de ejecución de la sentencia.

En opinión del procesalista colombiano Mario Arboleda Vallejo, "una justicia tardía, cuando ya la sociedad se ha olvidado inclusive del delito, cuando ya se ha apagado la conmoción pública que aquel produjo, no es exactamente la justicia a la cual propende un derecho procesal penal garantizador de la libertad individual y del debido proceso".

Hemos detectado diversos motivos de orden institucional que originan el retardo procesal, y posteriormente me referiré a ellos. Por ahora, extiendo una invitación a todos los entes públicos que conforman el sistema penal venezolano para que hagamos causa común en el propósito de vencer definitivamente el retardo procesal y, de esa manera, procurar una mayor legitimidad.  Fiscal General de la República






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