Corte-IDH condena a Venezuela por destitución de tres jueces

Por Venezuela Real - 23 de Agosto, 2008, 13:44, Categoría: Derechos Humanos

EDGAR LÓPEZ
El Nacional
23 de agosto de 2008

Se ordenó la restitución de Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggieri
El máximo tribunal hemisférico consideró que con este caso no se demostró la falta de independencia del Poder Judicial venezolano en su conjunto
Juan Carlos Apitz presidía la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo cuando se dictaron sentencias desfavorables al Gobierno

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado venezolano por la violación de los derechos a garantías y protección judicial de los ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggieri, cuya destitución, el 30 de octubre de 2003, causó la paralización durante ocho meses del segundo tribunal más importante del país.

El fallo fue formalmente publicado ayer y ordena la reincorporación al Poder Judicial de Apitz, Rocha y Ruggeri, "si éstos así lo desean, en un cargo que tenga las remuneraciones, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería hoy día si no hubieran sido destituidos".

También se precisa que si el Estado no pudiese cumplir con el reenganche y sus condiciones en los próximos 6 meses, deberá pagar 100.000 dólares a cada una de las 3 víctimas.

¿Error o represalia?
Los tres jueces fueron destituidos después de que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia determinó que cometieron un error inexcusable en la tramitación de una causa sobre la propiedad de un terreno. En el mismo error habrían incurrido Luisa Estella Morales y Evelyn Marrero, quienes también integraban la Corte Primera. Sin embargo, ambas se zafaron de la sanción mediante la tramitación de jubilaciones y actualmente ocupan los dos más altos cargos del Poder Judicial: Morales es presidenta del TSJ y de la Sala Constitucional y Marrero preside la Sala Político Administrativa.

Los afectados aseguraron que su destitución era una represalia por haber dictado una serie de sentencias que afectaron intereses gubernamentales, entre ellas: 1.la reprobación de la requisición y decomiso de bienes a empresas privadas durante el paro de diciembre de 2002 y enero de 2003; 2.el reconocimiento de la inamovilidad laboral de los trabajadores de Pdvsa, destituidos después del paro; y 3.el cuestionamiento de las credenciales de los médicos cubanos incorporados a Barrio Adentro.

Cuestión de pruebas.
En forma expresa, la Corte-IDH consideró demostrado que "1.se removió a los magistrados de una alta corte venezolana, como la Corte Primera, encargada de controlar los actos de la administración y, tras la remoción, dicha corte quedó sin magistrados durante varios meses, lo cual claramente debilita la mencionada función de control; 2.la destitución se produjo luego de que la mayoría de la Corte Primera adoptó una sentencia que fue severamente criticada por las más altas esferas del Gobierno, arguyéndose que las víctimas no debían ser magistrados y manifestándose públicamente que la sentencia sería desacatada; 3.la destitución también se produjo después de que se llevara a cabo un proceso penal, una investigación disciplinaria y se suspendiera provisionalmente a dos de las víctimas, todo ello por un hecho que posteriormente fue calificado por el más alto tribunal como una `práctica común’ que no es considerada ilícita en Venezuela; 4.por ese mismo hecho también se procedió a un allanamiento desproporcionado a las instalaciones de la Corte Primera, y 5.la destitución se produjo luego de que la máxima autoridad del Gobierno calificó a las víctimas de `vendidos a los intereses de la oposición golpista".

En el fallo también se señala en forma expresa que "no ha quedado establecido que el Poder Judicial en su conjunto carezca de independencia". La Corte-IDH instó al Estado a la pronta promulgación del código de ética del juez.

Héctor Faúndez, abogado de los jueces demandantes, dijo que la Corte dio por demostradas las interferencias del Ejecutivo y otros órganos del Estado en el Poder Judicial.

En su opinión, el tratamiento que recibieron Apitz, Rocha y Ruggieri, en comparación con el dado a Morales y a Marrero, fue suficientemente argumentado para constatar la violación del derecho a la igualdad ante la ley.


 






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