Milagros Betancourt: "Venezuela está en mora con la Corte Penal Internacional"

Por Venezuela Real - 24 de Agosto, 2008, 13:39, Categoría: Derechos Humanos

ADRIANA RIVERA
El Nacional
24 de agosto de 2008

El país aún no tipifica en sus leyes los delitos de lesa humanidad ni ha legislado sobre sus mecanismos de cooperación, advierte la docente. "No hemos hecho más nada", asegura con respecto al trabajo de las autoridades para mantenerse al día con el organismo, luego de que ratificaron el Estatuto de Roma en el año 2000

La Corte Penal Internacional no descansa: está estudiando si hay crímenes de guerra en el conflicto en Osetia del Sur; hace un mes pidió la detención del presidente de Sudán, Omar Hassan Al Bashir, por el genocidio en Darfur; y su fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, viajará mañana a Colombia para conocer los avances de los procesos legales contra las FARC y los paramilitares.

La especialista en Derecho Internacional y ex directora de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Milagros Betancourt, fue negociadora por Venezuela del Estatuto de Roma, que creó en 1998 la Corte Penal Internacional (CPI), y entró en vigor en 2002. Hasta ahora, 106 Estados lo han ratificado.

La idea de crear la CPI –explica Betancourt– surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establecieron los tribunales especiales militares de Nuremberg y de Tokio. "En los años cincuenta nació la idea en la ONU de crear una jurisdicción penal internacional, pero con el comienzo de la Guerra Fría se dejó a un lado", apunta.

En la primera mitad de la década de los noventa, los miles de muertos que dejaron los conflictos en la ex Yugoslavia y en Ruanda propiciaron que el Consejo de Seguridad de la ONU creara dos tribunales ad hoc para juzgar a los autores de los crímenes. "En 1994 la Asamblea General aprobó el proyecto y decidió constituir una comisión para estudiar este proceso.

En 1998 se adoptó el plan, y se firmó el Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998".

–¿Cómo fueron las discusiones para crear la CPI?
–El proceso fue muy laborioso porque había que poner en conjunción cinco sistemas jurídicos distintos. El trabajo más complicado era lograr un texto aceptable para todos y, además, crear un instrumento con doble condición. La CPI es un órgano jurisdiccional, un tribunal, pero a la vez es una organización internacional.

–¿Qué características le da esa doble naturaleza?
–Que los Estados que lo integran tienen la posibilidad de orientar el financiamiento, elegir a los jueces y al fiscal. Esa elección no la hace la ONU, sino los países firmantes. Además, cada año se hace una asamblea para ver cómo funciona desde el punto de vista administrativo, lo cual no tiene vinculación con la función jurisdiccional.

–¿Cuáles fueron los puntos más controvertidos?
–La competencia de la Corte.

Cuando se planteó el proyecto de estatuto, estaban incluidos los cuatro delitos más importantes: el genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y la agresión; pero también se incluyeron el terrorismo, el narcotráfico, los delitos contra el personal de la ONU. No se llegó a un acuerdo y se circunscribió la competencia de la Corte sólo a los primeros cuatro, con la excepción del crimen de agresión, que está suspendido hasta que en 2009 haya una Asamblea de Estados para su revisión. También se debatieron las atribuciones del fiscal, la cooperación con la Corte, las penas que se iban a aplicar y la ejecución de las sentencias. La CPI es una instancia complementaria de las jurisdicciones nacionales.

No las sustituye ni es un tribunal de alzada.

–¿Cómo se complementa con las jurisdicciones locales?
–Los Estados tienen la obligación de aplicar justicia en caso de que uno de sus nacionales o en su territorio se cometa uno de los crímenes mencionados.

Si no se puede, por las circunstancias establecidas en el Estatuto o no hay la voluntad para hacerlo, la Corte está facultada para conocer el caso. No es que haya que agotar la jurisdicción interna, sino que, si no están dadas las circunstancias para que se ejerza tal jurisdicción, la Corte puede actuar.

–¿Qué implicaciones tiene el inicio de una investigación?
–La Corte está, relativamente, empezando sus funciones. En 2002 entró en vigor y se nombraron a los jueces y al fiscal. Ha abierto algunas averiguaciones.

Pero éstas tienen implicaciones para la persona que es acusada, no para los Estados. Esta es una Corte para juzgar a individuos y para establecer su responsabilidad penal. Hoy en día la concepción de los derechos y garantías del ser humano trasciende el hecho de que el acusado sea un jefe de Estado. El Estatuto permite que cualquier funcionario en ejercicio, incluyendo jefes de Estado o de Gobierno, pueda ser sometido a un enjuiciamiento en la Corte.

–¿Qué ocurre si un país desconoce las decisiones?
–Las decisiones son de obligatorio cumplimiento y se puede exigir su puesta en práctica en los países que son parte del Estatuto de Roma, no en terceros, a menos que esa nación manifieste la voluntad de aceptar la jurisdicción de la CPI para un caso en particular. Los Estados reconocen la obligatoriedad de la jurisdicción de la Corte, y están obligados a cooperar con ella y cumplir las solicitudes que les haga. Venezuela está en mora con la Corte por dos razones: primero, los crímenes de lesa humanidad no están tipificados en su ordenamiento jurídico. Esto es obligatorio porque, si la Corte es complementaria, tienes que incorporar los crímenes que son de su competencia en las leyes. Si no, no se pueden juzgar internamente y hay que llegar a la CPI. Se ha reformado el Código Penal dos veces y no ha sido posible que se incorporen, tampoco en el Código de Justicia Militar. En segundo lugar, teníamos que haber dictado una ley de cooperación con la Corte para los casos en los que pida evacuación de pruebas, la ejecución de una decisión. Eso tampoco se ha hecho.

–¿Pese a ello, Venezuela está obligada a cumplir el Estatuto de Roma?
–Sí. Hay que sancionar la ley de cooperación, porque hay un mandato que obliga. Resulta contradictorio que nos enorgulleciéramos cuando ratificamos el Estatuto en el año 2000, porque éramos el país número 11 en hacerlo, y ahí nos quedáramos. No hemos hecho más nada.

–¿La corte ha conocido algún caso venezolano?
–Sé de una solicitud de investigación al Presidente de la República y a otros funcionarios, hecha por un grupo de abogados y por la organización Vive, que preside Mohamed Merhi, por los sucesos del 11 de abril de 2002. El fiscal consideró que no había elementos suficientes para iniciar la investigación. Pero esos hechos no pueden ser juzgados por la Corte porque no había entrado en vigor el Estatuto.

–¿Qué alcance tiene la visita del fiscal Moreno Ocampo a Colombia?
–El fiscal le expresó al Gobier no de Colombia su preocupación por el hecho de que pudieran quedar impunes los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos irregulares y por los políticos que supuestamente eran sus cómplices. Simplemente le pidió una explicación al Gobierno colombiano para asegurarse de que esos crímenes van a ser juzgados por la jurisdicción interna. Él no puede tomar ninguna iniciativa si Colombia los va a juzgar. Él va a informarse de cuál es el procedimiento que utilizará el país para juzgarlos.

–¿Dentro de lo que se investigará pudiera introducirse el tema de los nexos de las FARC?
–Los senadores le pidieron a su fiscalía y a sus cortes que inicien una investigación. La CPI no puede conocer nada que tenga que ver con terrorismo porque no es un delito de su competencia. Pero sí podría investigar los nexos o complicidades con las FARC por crímenes de lesa humanidad.

–Sin embargo, Colombia tiene una reserva de siete años con respecto a la entrada en vigor del Estatuto.
–El Estatuto no admite reservas. Lo que Colombia tiene es una declaración de abstenerse de reconocer la competencia de la CPI en crímenes de guerra. El artículo 124 del Estatuto establece que un Estado puede declarar que, durante un período de siete años, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de los crímenes de guerra. Ellos son parte del Estatuto, pero la CPI no podrá, hasta 2009 cuando vence el plazo, conocer de crímenes de guerra ocurridos en territorio colombiano o cometidos por colombianos.

–¿Ello implicaría que Colombia no está obligada a dar información al fiscal de la CPI?
–Colombia es parte del Estatuto y debe cumplir todas las obligaciones. Debe tener su ley de cooperación y atender las solicitudes. El fiscal es consciente de que no puede pedir colaboración a Colombia en caso de que considerase que existen crímenes de guerra.

–¿Por qué Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma?
–Ellos lo suscribieron y después retiraron la firma. Sostienen que sus soldados están diseminados por todo el mundo, que ellos ponen los muertos usualmente. No hay forma de conjugar esa posición con lo establecido en el Estatuto. Según éste, si ellos no los juzgan, tendría que hacerlo la Corte, pero ellos se reservan el derecho de decidir si los juzgan o no, de acuerdo con sus normas nacionales.

–¿Que Estados Unidos no participe puede representar una garantía de la independencia de la Corte?
–La independencia de la CPIla garantiza el hecho de que es un órgano universal y los Estados parte son quienes toman las decisiones. Entre ellos figuran Francia y Gran Bretaña, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. No hay influencia de Estados Unidos, como tampoco de Rusia o China, que son miembros del Consejo de Seguridad.

–¿Por qué Cuba no firmó el Estatuto de Roma?
–Nunca manifestaron interés en participar. Uno de los criterios que adujeron es que sólo iban a ser juzgados los países pequeños frente a los grandes. Pero muchos países grandes como España, Alemania y otros que forman parte del G-8 han ratificado el Estatuto.





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