Argentina, el primer paso

Por Venezuela Real - 26 de Agosto, 2008, 14:21, Categoría: Injerencia de/en Venezuela

ANDRÉS CAÑIZÁLEZ
El Nacional
26 de agosto de 2008

En materia de libertad de expresión y derecho a la información no todas las semanas hay noticias positivas. Por ello, resulta motivo de festejo encontrarse con alguna noticia alentadora en la temática. Así me ha ocurrido al saber que el pasado 20 de agosto, cuando aquí en Venezuela el foco estaba centrado en la intervención abrupta en 2 emisoras de radio en Guárico, en Argentina la Cámara de Diputados aprobó incorporar el llamado documento de los 21 puntos como punto de partida para una nueva ley de radiodifusión.

Este documento es fruto de organizaciones sociales, académicos, periodistas y un largo y plural etcétera en el país austral. Un aspecto en el que parecen coincidir diversos sectores es en la necesidad de que se promulgue una ley que apunte a la democratización del espectro de radio y televisión. Otro asunto en el que hay consenso es en relación con desechar la actual legislación, pues es herencia de la dictadura militar de los años setenta.

No estamos ante otra cosa que un documento consensuado, que recoge justamente 21 principios que deben formar parte de una ley que regule de forma democrática la radio y la televisión en Argentina. Por tal razón debe festejarse que la Cámara de Diputados haya dado como el primer paso.

Como es sabido, en Venezuela, la política oficial no ha favorecido una democratización del espectro radioeléctrico, sino que se ha apuntalado un modelo de hegemonía gubernamental de radio y televisión, que se expresa en un aumento en el número de medios administrados por el Estado y un uso discrecional, antojadizo, del mecanismo de las cadenas nacionales. El principio número uno de la declaración argentina es un asunto básico y ello no es casualidad. Se trata de ratificar el derecho humano a la libertad de expresión e información, con sus distintas aristas, pues incluye la posibilidad de "investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa", en este caso se ratifica que tal derecho podrá ejercerse por parte de la ciudadanía a través de la radio y la televisión, todo ello "en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos".

Es necesario detenerse en algunos aspectos que se conectan con lo que hemos vivido en Venezuela en la última década, en materia de radio y televisión, y especialmente de las políticas que emanan del Estado en tal materia.

Un aspecto central es el punto tercero, pues claramente establece la pauta de no discriminación y garantías de independencia para la labor mediática. La política de no discriminación incluye tanto la asignación transparente de frecuencias, como evitar el uso político en el reparto de la publicidad oficial. Aquí lo hemos vivido, con mayor desfachatez en los últimos años: la publicidad estatal, pagada con dinero de todos los venezolanos, se usa para castigar o premiar líneas editoriales. Otro asunto medular tiene que ver con la propia asignación de las frecuencias. No es saludable la renovación automática de concesiones, pero ello no debe ser excusa para castigar a los medios incómodos. El Gobierno no es el dueño del espectro radioeléctrico, es sólo su administrador, y debe ser de garante de derechos humanos.

Transcribo en buena medida el punto 12 de la declaración: "Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población".






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