Lo económico en la Ley Habilitante (I)

Por Venezuela Real - 26 de Agosto, 2008, 12:26, Categoría: Economía

José Guerra
TalCual
26 de agosto de 2008

Del conjunto de leyes presentadas por el Presidente, destacan tres por su incidencia en los asuntos económicos. Sin embargo conviene precisar que tales normas a pesar de tocar elementos variados y diversos, tiene aspectos en común.

El primero de ellos es que las exposiciones de motivo de las leyes parecieran haberse escrito siguiendo el manual de materialismo histórico escrito por Marta Harnecker hace treinta años, titulado Conceptos Elementales del Materialismo Histórico.

Es realmente alucinante apreciar como la realidad se simplifica en categorías tales como la formación social, las relaciones de producción, el valor trabajo, definiciones éstas que un marxista moderno no utilizaría en estos tiempos.

Se trata de un marxismo básico y manualesco. En segundo término, las leyes tienen un fuerte acento anti empresarial y van directo, no contra la gran propiedad, sino contra el concepto de propiedad.

Finalmente, con esas leyes se pretende instaurar un nuevo modelo socio económico, contrario al establecido en el artículo 299 de la Constitución, en donde se establece sin ambigüedades que "El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia..." y que además "El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional...". Todo esto es borrado con las leyes aprobadas en el marco de la Habilitante, sin que los venezolanos se hayan pronunciado favorablemente ante un cambio de la Constitución.

LEY DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA AGROALIMENTARIA

En su exposición de motivos, dice la citada ley: "El mercado como realidad, es expresión concreta de la formación socio histórica de la economía política, tiene mecanismos de reproducción material, además de los elementos subjetiv! os que lo apuntalan". Esto lo que quiere decir es que el mercado no es una realidad permanente y que debe ser sustituido por una forma de intercambio cualitativamente superior y la que ha encontrado el gobierno, transmutado en legislador, para ese propósito es el trueque. En su artículo 32 establece dicha ley: "Se consideran actividades de intercambio (...) las acciones y funciones facilitadoras del flujo de bienes, servicios y saberes, incluyendo el trueque...". Más claro imposible.

Similarmente, la ley condena a la agricultura venezolana a un mercado restringido e implícitamente establece la autarquía por cuanto según su artículo 60, se importarían bienes agrícolas cuando no haya producción nacional o ésta sea insuficiente y se exportaría cuando haya excedente respecto al consumo local.

EL MARXISMO

Pero tal vez donde lo absurdo de la ley se percibe nítidamente es en su intento de aplicar la teoría marxista del valor del trabajo en el campo. Tal teoría expone que el valor de un bien depende de la cantidad de trabajo incorporado en su producción, en concreto, de las horas de trabajo. Pero Marx tuvo el cuidado de advertir que ella no se emplea en la agricultura ni a la actividad minera porque en esos casos el valor depende de la productividad natural de los suelos y del subsuelo.
Pues bien, los genios que redactaron la ley en referencia plantean en su artículo 11 que "El tiempo socialmente invertido para la producción eficiente de los bienes provenientes de la labor agrícola es el elemento fundamental para la determinación del trabajo de las productoras y productores agrícolas". Esto omite las diferencias entre las productividades cuando corresponda determinar la remuneración de los trabajadores. No es igual la productividad natural de los suelos de la Península de Paraguaná en el estado Falcón que los del Sur del Lago en el estado Zulia y por tanto distintas han de ser las remuneraciones de quienes cultivan la tierra, de ! acuerdo a los conceptos marxistas que ellos defienden sin saber de qué se trata.

Con esta ley la producción del campo se planificará centralmente al tiempo que prevalecerá un régimen asambleario. Así, en el artículo 35 se establece "los sujetos beneficiarios a los cuales se les otorgará prioridad para la colocación de productos agrícolas, suministro de insumos...". Más adelante se afirma. "... El Ejecutivo Nacional, en conjunto con los Consejos Comunales de cada región, definirá los requerimientos mínimos para el suministro de insumos y servicios...". De igual tenor, en lo que respecta al consumo se pauta que "...El Ejecutivo Nacional podrá establecer sujetos beneficiarios a los cuales se dará prioridad...". " A tal efecto el Ejecutivo Nacional, en conjunto con los Consejos Comunales de cada región determinará los niveles de consumo comunal por rubro...". Esto constituye un disparate, el hecho de que el gobierno, a través de sus planificadores, dictamine desde una oficina cuánto consumirá un venezolano promedio.





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