Autoridad en la Faja es ilegal

Por Venezuela Real - 27 de Agosto, 2008, 9:45, Categoría: Petróleo/Energía

Heliodoro Quintero
TalCual
27 de agosto de 2008

La Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio que data de 1983 impide la creación de nuevos ordenamientos territoriales, como el plan anunciado por el Presidente paralelo a la Faja del Orinoco

En febrero de 2008 la Asamblea Nacional derogó la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, que no había entrado en vigencia. La norma disfrutaba de una vacattio legis o prórroga legal, por considerarse necesaria la creación de una nueva ley capaz de incorporar el Poder Comunal en las decisiones y gestiones del territorio, de manera más directa y con la finalidad de crear territorios comunales o sociedades socialistas.

Como consecuencia de dicha derogatoria, continúa aún hoy en plena vigencia la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio que data del año 1983 Sin embargo, a mediados del presente mes, el Presidente anunció la creación de un área de uso especial como paso previo al nombramiento de una autoridad en la Faja del Orinoco, que administrará recursos por caso 900 millones de bolívares fuertes y basó dicha decisión en las facultades que se le confieren al Ejecutivo Nacional en los artículos 37 y 38, precisamente de la derogada Ley para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio.

Dejando aparte las consideraciones de naturaleza estrictamente jurídica, como pueden ser, entre ellas, la ilegalidad de la decisión anunciada por no estar sustentada en una ley vigente, es necesario analizar las posibles motivaciones de dicha decisión, pues el escenario jurídico, con la Asamblea Nacional y el Poder Judicial secuestrados, es de fácil manipulación por el Ejecutivo.

Es necesario empero señalar que la vigente Ley, es decir, la que data de 1983, exige la promulgación de un reglamento especial para que el Ejecutivo pueda crear un área bajo el régimen de administración especial. Pero además, en dicha Ley no se prevén asignaciones presupuestarias de ninguna naturaleza para dichas áreas.

DESORDEN LEGAL

Una de las probables causas del desatino presidencial, puede ser la descontrolada promulgación de leyes y! decretos sin la necesaria y previa revisión del ordenamiento jurídico nacional. La AN y como consecuencia de la Ley Habilitante, también el Poder Ejecutivo, han exacerbado como nunca antes el proceso de descodificación de leyes, o lo que es lo mismo, han creado un sinfín de instrumentos de regulación jurídica que han complicado la cabal comprensión de ese orden legal, aprobando y derogando mediante leyes o decretos especiales, artículos y normas de la más diversa índole, las cuales, por su naturaleza, deberían estar codificadas.

Ello, unido a la urgencia del Ejecutivo por suprimir la descentralización y concentrar el poder, ha provocado errores como nunca antes vistos en la promulgación e interpretación de las leyes.

La decisión presidencial, obedece de igual forma al apresuramiento y urgencia del Ejecutivo en imponer criterios y soluciones que tiendan a aliviar el proceso de deterioro que vive el Gobierno con miras a las próximas elecciones regionales, lo que sumado al ya comprobado irrespeto por las leyes nacionales e internacionales, ratifican una vez más el escudo de impunidad que ofrecen las instituciones nacionales al Presidente y por ende, le dejan el camino abierto para proclamar sentencias como la comentada.

CONTROL Y PRESUPUESTO

Al no sentirse obligado por fuerza de la ley, el Ejecutivo pretende tener el control del dinero nombrando una autoridad regional, por supuesto de tendencia oficialista, para la administración de los casi 900 millones de bolívares fuertes y poner de esa manera en ejecución los planes referentes a la creación de las sociedades socialistas pues, por fuerza de la proximidad de las elecciones regionales, no le es dable a la Asamblea Nacional la promulgación de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial.

Con esa decisión se garantiza el Ejecutivo tanto el control presupuestario como el administrativo y hasta el político, pues la autoridad regional manejará un presupuesto comparable al de! cualquier Estado de la nación. Obviamente, las autoridades de las regiones que integran la Faja del Orinoco se verán obligadas, en muchos casos, a someterse a la voluntad política de esa autoridad regional nombrada a dedo por el Presidente.








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