Victorino Márquez Ferrer: "La única salida en caso de expropiación es negociar con el Gobierno"

Por Venezuela Real - 27 de Agosto, 2008, 9:33, Categoría: Economía

ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ
El Nacional
27 de agosto de 2008

Entrevista » Victorino Márquez Ferrer
"A las cementeras y a Sidor se les puso una pistola en el pecho al decirles que si en 60 días no había acuerdo se procedía a la ocupación", afirma el abogado. Duda que el TSJ reconozca la inconstitucionalidad de estas expropiaciones

"De acuerdo con la legislación venezolana en materia de expropiación, no es posible que una propiedad la ocupen o a alguien le quiten el control de una empresa sin una sentencia firme de las autoridades judiciales, pero eso se violó con las ocupaciones de Sidor y Cemex", afirmó el abogado Victorino Márquez al revisar las leyes y los decretos que aprobó el Ejecutivo para asumir el control de las actividades siderúrgica y cementera.

"Con estos decretos se creó un procedimiento expropiatorio distinto al previsto en la Constitución y en la Ley de Expropiaciones por causa de utilidad pública y social, el cual contempla que no se puede ocupar un bien de manera previa ni definitiva sin haber iniciado un juicio de expropiación con la participación del Poder Judicial, y sin que el Estado consigne el justiprecio establecido en el marco de ese procedimiento judicial", comentó el experto.

Advierte sobre cómo los inversionistas extranjeros perdieron toda credibilidad sobre el sistema judicial venezolano. "Las empresas extranjeras prefieren recurrir a la vía diplomática, o amenazar con el arbitraje internacional, porque perciben que no hay posibilidad de que la Sala Constitucional declare la nulidad de las expropiaciones", aseguró.

De igual manera señala cómo en las ocupaciones de Cemex y Sidor también se omitió la designación de una comisión de avalúo para determinar el justiprecio o la valoración de los activos de esas empresas. "Se debió designar una comisión de avalúo formada por tres miembros, uno que representa al Estado, otro por el particular que es objeto de la expropiación, y un tercer perito que es nombrado de común acuerdo por las partes", afirmó.

–¿Qué debió hacer el Gobierno en los casos de las cementeras y Sidor?
–Si se optaba por la vía de la ocupación definitiva, el ente expropiante, que es el Estado, debió consignar la cantidad del dinero ante el tribunal que se hubiera designado para llevar la causa, y al cual corresponde entregarlo al propietario.

–¿Eso también es así con la ocupación previa?
–La autoridad la puede considerar de urgente realización, pero el bien debe ser valorado por una comisión de avalúos y será acordada por el tribunal al que corresponde conocer el juicio después que el Estado introduce la demanda.

–¿Cómo ha sido con Sidor y Cemex?
–El Estado primero ocupó los bienes y las empresas, hasta el punto de que en Sidor el Presidente de la República acordó un contrato colectivo con los trabajadores.

–¿Entonces esa convención colectiva de los trabajadores de Sidor es ilegal?
–No necesariamente. Lo que digo es que se están haciendo las cosas al revés: primero el Estado ocupa y luego discute el precio. ¿Qué capacidad de negociación real tiene una empresa cuando le han quitado su propiedad? En los decretos leyes de los sectores siderúrgico y cementero se indica que una vez transcurrido el plazo de 60 días de la comisión técnica para la transición el Estado asumirá el control y la operación de las empresas a fin de preservar la continuidad en las operaciones, pero en estos procedimientos se excluye por completo la participación del Poder Judicial y no se hace el pago del justiprecio. Esos dos aspectos, que están en la Ley de Expropiación, fueron relajados.

–¿Estos decretos leyes, por el hecho de tener rango orgánico, no están por encima de la Ley de Expropiación?
–Esa fue la razón por la que el Ejecutivo nacional fue al Tribunal Supremo de Justicia, para ratificar el rango de orgánico que se le dio a los decretos sobre el sector siderúrgico y cementero.

–¿Qué permite que sean orgánicas?
–Decir que se produjo una derogatoria de la Ley de Expropiación.


–¿Quiere decir que para efectos prácticos la Ley de Expropiación no existe?
–Exacto. Cada vez más se crean exenciones a esa ley.

Debemos tener claro que con el control institucional que tiene el Gobierno es muy fácil acudir al TSJ para buscar derogatorias parciales.

–¿Quiere decir que a esa ley le están quitando pedazos de manera gradual?
–A la Ley de Expropiaciones la están derogando por entregas. Con esos decretos leyes las empresas que permanezcan en el sector siderúrgico o cementero no tienen los mismos derechos que el resto de los venezolanos. Hay una discriminación porque se establecen procedimientos expropiatorios especiales.

–¿Eso puede empezar a ocurrir en otros sectores?
–Si al Gobierno se le ocurre estatizar otro sector seguramente en vez de ceñirse por el procedimiento de expropiación preferirá hacerlo a través de una ley especial o hará como con la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que aprobó con la Habilitante.

–La adquisición forzosa de Cemex le asigna a Pdvsa la atribución de ejecutar la medida. ¿Eso no contradice la Ley de Ordenación del Sector Cementero que otorga esa responsabilidad al Mibam?
–Esta situación no la hemos analizado desde esa perspectiva. Para nosotros el punto está en cómo el Estado, independientemente del organismo, ejecuta la decisión.

–¿Por qué estos procedimientos son inconstitucionales?
–El artículo 115 de la Constitución habla de que sólo mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes, pero con Sidor y Cemex se violaron esos requisitos.

Además, se violó el derecho constitucional a la igualdad, porque el procedimiento de expropiación va a ser distinto dependiendo del sector.

–En ese caso, ¿Cemex no tendría la oportunidad de introducir un recurso de nulidad ante el TSJ contra el decreto de adquisición forzosa?
–Los negociadores siempre hablan de la mejor alternativa al arreglo negociado, eso significa que se debe saber qué pasa si se rompe la negociación y cuál es la mejor alternativa en caso de que no haya acuerdo.

En los países donde los inversionistas perciben que hay un Poder Judicial independiente la gente asume que esa puede ser la mejor alternativa. El tema está en que la actual situación venezolana las empresas expropiadas no se planteen seriamente acudir al Poder Judicial. Además, empieza a darse un cierto cansancio de acudir al Tribunal Supremo y ver como se argumentan ilegalidades.

–¿Qué salida le queda a una empresa que sea expropiada?
–Las empresas a expropiar, como el caso de Cemex, sólo tienen como salida negociar con el Gobierno porque no se tiene alternativa clara del Poder Judicial.

–¿Estos decretos del cemento y la industria siderúrgica incorporan aspectos, que en materia de expropiaciones, estaban en la reforma constitucional?
–Los decretos van más allá a lo que se preveía en la reforma constitucional sobre expropiaciones.

–¿Por qué?
–En la propuesta del artículo 115 de la reforma, referido a los distintos tipos de propiedad y donde la propiedad privada quedaba relegada, al menos se establecía la necesidad de una sentencia firme en un proceso de expropiación, aspecto que se obvió en los decretos de Sidor y Cemex.

Sin embargo, en la reforma se incluía un aspecto que generó preocupación porque se permitía la ocupación previa durante el procedimiento judicial pero no dejaba claro que previamente debía hacerse el pago del justiprecio como sí lo indica la Ley de Expropiación.

–¿Qué ventaja tenía irse por decretos especiales si dentro de la Habilitante podían reformar la Ley de Expropiaciones?
–Las leyes especiales que se dictaron para las empresas cementeras y siderúrgicas permiten que la ocupación sea más rápidas y hace más fácil el proceso. Son un fast track en el proceso de expropiación en vez de irse por el procedimiento de acudir a una autoridad judicial. Es mucho más fácil para el Estado expropiar sin la autoridad judicial aún con el control que tiene sobre las instituciones.

De esa manera, a las empresas cementeras y a Sidor les puso una pistola en el pecho al decirles que si en 60 días no había acuerdo se procedía a la ocupación.

Un solo poder económico y político

Victorino Márquez Ferrer advierte que el plan de expropiaciones –que el Gobierno llama nacionalizaciones– se ha venido ejecutando en los últimos dos años y se corresponde con los sectores que aparecen como prioritarios en los proyectos que el presidente Chávez anunció hace cuatro años para la construcción del socialismo del siglo XXI. "La mayoría de las empresas estratégicas han estado en manos de capital extranjero", comentó el abogado. No duda en afirmar que estos procedimientos alejan la inversión extranjera sobre todo ante las restricciones que intentan ponérsele al uso de instituciones internacionales para resolver controversias. "Hay una tendencia del Gobierno, no sólo en materia de inversiones sino también de derechos humanos, de tratar de salirse de los compromisos internacionales en la medida de lo posible", señala. De igual manera, alerta que las fronteras entre el equilibrio de poderes que sustenta la democracia se han ido perdiendo en los últimos años del gobierno de Chávez. "Se acabó la separación entre poder económico y poder político", afirma el abogado. "Siempre se habla de la necesidad de la separación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o entre Gobierno central, estados y municipios, pero muchos se olvidan de que en una democracia es esencial la separación del poder político y del económico, el cual se expresa en el principio fundamental: `Quien gobierna no posea’, porque si el Estado concentra poder económico adquiere unas dimensiones extremas", añade.







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