Ana María Ruggeri : "Hubo injerencia del Presidente "

Por Venezuela Real - 28 de Agosto, 2008, 12:25, Categoría: Derechos Humanos

Carlos Crespo
TalCual
28 de agosto de 2008

La ex magistrada Ana María Ruggeri responsabiliza a Chávez de su destitución y asegura que renuncia a la indemnización de 100 mil dólares con el fin de "abrir caminos" para un poder judicial independiente
Vamos a ser diligentes en que el Estado cumpla con su obligación. Esto tiene unos plazos para cumplirse, nosotros ya manifestamos nuestro deseo de ser restituidos a la Corte Primera. Si no cumple, tendremos que recurrir de nuevo a la Corte-IDH

Ana María Ruggeri hizo algo poco común. Renunció, junto con los magistrados Juan Carlos Apitz y Perkins Rocha, a la indemnización de 100 mil dólares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) ordenó pagar como compensación del Estado venezolano, a cada uno de los tres jueces que fueron destituidos de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en 2003. Desde una de las oficinas del edificio que sirve de sede a la Alcaldía de Chacao, donde Ruggeri ejerce como asesora legal en temas relacionados con la jurisdicción contencioso administrativa, la abogada no duda en asegurar que existió "injerencia" del presidente de la República en su destitución y recuerda que éste llamó "bandidos" a los jueces, luego de que decidieran que los médicos cubanos de Barrio Adentro debían presentar sus credenciales ante las autoridades.

–¿Por qué fueron destituidos de la Corte Primera de lo Contencioso en octubre de 2003?
–Las razones de nuestra destitución obedecen fundamentalmente a una serie de decisiones que en mi opinión fueron apegadas a la Constitución y al principio de legalidad. Una serie de militares a los que se les había abierto consejo de investigación solicitaron amparos y a todos ellos se les había violado el debido proceso. En su momento hubo discusiones en la Corte, sobre todo con la hoy presidenta del Tribunal Supremo del Justicia, Luisa Estella Morales. Particularmente recuerdo una discusión en la que le dije que el debido proceso era un derecho, incluso de las personas que han cometido los crímenes más grandes de la humanidad y que nuestro deber era garantizarlo.

También fue emblemática la sentencia, creo que fue la que realmente molestó al presidente de la República, conocida como Barrio Adentro, en la que yo fui la ponente. Nosotros no nos metimos con la Misión, lo único que decía la sentencia es que se le debía exigir los mismos requisitos a los médicos extranjeros que a los médicos venezolanos. Esa sentencia causó mucha molestia en el Presidente y efectivamente provocó que señalase que nosotros no debíamos ser jueces. La sentencia de la CorteIDH toca esas alocuciones presidenciales en las que nos llamó "bandidos". Se toma una decisión por la Sala Político Administrativa donde se decía que habíamos incurrido en un error jurídico de carácter inexcusable. La sentencia que sirvió como fundamento a nuestra destitución fue firmada por los cinco integrantes de la Corte Primera, no fue una sentencia con voto salvado. Con lo cual uno se pregunta si quienes incurrieron en error inexcusable para la Sala fuimos nosotros tres, más que Luisa Estella Morales y Evelyn Marrero que ahora son presidentes de la Sala Constitucional y la Político Administrativa respectivamente.

–A pesar de que la sentencia fue firmada por los cinco magistrados, no se les dio el mismo trato a Morales y Marrero.
–Después de la descalificación y el amedrentamiento del Presidente el poder judicial actuó en conformidad con lo que dijo él. No me queda ninguna duda de que hubo una injerencia del presidente la República en la decisión tomada y hubo una clara falta de respeto a la sentencia dictada en la Misión Barrio Adentro.


–¿Qué otros derechos establece la Corte que se violaron en este caso?
–Dice que se violó el debido proceso, el derecho a la defensa, dice que fuimos juzgados por una autoridad que no es imparcial y hay tres tipos de exigencias que me parecen claras. A la Asamblea se le exige que dicte el código de ética de los jueces. Después hay un mandato a la máxima autoridad para que publique extractos de la sentencia que fueron aquellos en que nos descalificaron y donde se nos amedrentó. Eso es un mandato al Presidente, complementado con una parte de la sentencia que es muy clarita y es que existe un daño inmaterial, el de la dignidad humana. El tercero, que es quizás el más importante y cuya obligación principal le corresponde a la Presidenta del TSJ, que es restituirnos en nuestros cargos de magistrados.


–De obtenerse esta restitución, ¿no cree que entrarían a un TSJ bastante complicado? Incluso hasta más hostil que el de 2003.
–En aquel momento incluso fuimos allanados, la corte estaba llena de gente, de empleados, de abogados, yo estaba vestida de toga porque íbamos a una audiencia constitucional y ellos sacaron a todo el mundo con armas largas. Yo ni siquiera quiero pensar la situación; y no quiero porque efectivamente puede ser hostil. Sin embargo, es una obligación que uno tiene, es una obligación abrir caminos para una democracia, para un estado de mayor democracia, de mejor democracia, de independencia del poder judicial.


–¿Cómo ve el estado del poder judicial en el país?
–Considero que hay muchísimos jueces honestos y que hacen su trabajo. Sin embargo, considero que efectivamente no hay concursos. Mientras no se dicte el código de ética de los jueces, mientras sean provisorios y no tengan estabilidad. En Venezuela la mayoría del poder judicial no tiene estabilidad, porque no se les ha abierto concursos a los jueces, tenemos una mora de ocho años y estas cosas hay que decirlas. Estoy convencida de que muchas veces el no decir las cosas es un silencio cómplice.

–Ante esta situación del poder judicial, ¿por qué no aceptar la indemnización de los cien mil dólares?
–Teníamos dos alternativas.

Nosotros tenemos la obligación de abrir aristas para la independencia del poder judicial, tenemos la obligación de cumplir esta sentencia, de ayudar a la independencia del poder judicial, de tomar decisiones con base en la Constitución, de permitir que las personas que consideren que se vean lesionados sus derechos por autoridades públicas puedan acceder a los tribunales. Incluso, tenemos una obligación como profesores universitarios. Una de las cosas que a mi me pareció más grave es que después de la destitución la Corte Primera permaneciera cerrada por seis meses.
Resulta que esa conducta de dejar cerrados a los tribunales se repite.
Ahora tienen nuevamente la Corte cerrada, seis meses más.

–¿Qué van a hacer ustedes si el Estado no cumple con el dictamen de la Corte?
–Básicamente vamos a ser diligentes en que el Estado cumpla con su obligación. Esto tiene unos plazos para cumplirse, nosotros ya manifestamos nuestro deseo de ser restituidos a la Corte Primera; si no cumple tendremos que recurrir de nuevo a la Corte-IDH, pues ésta se reserva la vigilancia del cumplimiento de la sentencia.







TOME NOTA
de la dirección del
Nuevo Portal Principal

www.venezuelareal.org

Más información ...

Calendario

<<   Agosto 2008  >>
LMMiJVSD
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Archivos

Suscríbete

Escribe tu email:

Delivered by FeedBurner

Sindicación

Alojado en
ZoomBlog