Más alertas: También Fedeindustria advierte sobre cerco y amenazas al empresariado

Por Venezuela Real - 29 de Agosto, 2008, 12:24, Categoría: Economía

Aristimuño Herrera & Asociados / Correo del Caroní
Banca y Negocios
29 de agosto de 2008

La pequeña y mediana empresa en Venezuela lleva la mayor carga económica y social, resaltando que más del 80 % de la masa laboral es empleada por el sector privado. El Estado exige cumplimiento de pago pero mantiene deudas con las pymes.

El llamado "paquetazo" económico compuesto por las últimas 26 leyes aprobadas por vía habilitante ha generado numerosas reacciones en el sector económico y político del país. En esta oportunidad, la Federación de Industriales, Pequeños y Medianos Artesanos de Venezuela, capítulo regional Bolívar (Fedeindustria), manifestó su preocupación no sólo por este compendio de leyes, sino también por las crecientes amenazas realizadas en contra del ramo productivo privado.

Oscar Acosta, presidente del gremio industrial, en compañía de Pedro Pablo Figarella, ex presidente de Fedeindustria, señaló que actualmente se está realizando una profunda revisión de las 26 leyes, en el entendido de que "dentro de la Constitución, todo; fuera de ella, nada".

Sin embargo, la revisión ha tocado en primer lugar al Decreto Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y demás Unidades de Producción Social, que aseguran no fue consultada en ningún momento con el sector empresarial venezolano, lo que a su juicio degrada la noción de inclusión tan pregonada por el Ejecutivo nacional.

Acosta indicó que en el 2001 cuando se creó el decreto de Promoción de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), los industriales fueron consultados y tomados en cuenta para la formulación de artículos.

"Ahora fuimos excluidos de la discusión como representantes del sector empresarial, y no es posible que se haga una ley de este tipo y no se consulte a los especialistas en la materia que, en este caso, somos nosotros", dijo.

Sobre este decreto, el presidente de Fedeindustria Bolívar señaló que la Ley promulgada recientemente altera la definición de lo que es la pequeña y mediana industria.

Anteriormente, la ley señalaba que se definían como pequeñas, aquellas que emplearan entre 11 y 50 trabajadores o facturaran entre 9 mil Unidades Tributarias (UT) y 100 mil UT; mientras que las medianas eran aquellas con un personal de 51 a 100 trabajadores, o facturación de 101 mil UT a 250 mil UT.

Ahora, tanto las pequeñas como las medianas industrias deben cumplir con ambas opciones de número de personal y facturación, dependiendo del caso, situación que Acosta calificó como negativa para el desarrollo de las pymes. "Criticamos la falta de consulta, pues las políticas gubernamentales deben ser compatibles con el sector productivo venezolano", sentenció.

De allí que el presidente del gremio no mencionara ningún aspecto positivo de la Ley, pues a su juicio desmejora la actual legislación, al imprimirle un tinte "socialista".

Discurso negativo

Por su parte, el ex presidente del gremio, Pedro Pablo Figarella, expresó el desaliento del ramo por el discurso negativo que maneja el mandatario nacional, Hugo Chávez Frías, hacia el sector empresarial, perorata que a su juicio hace ver al empresariado como "perverso, corrupto y explotador".

Todo esto al considerar las últimas declaraciones del Presidente de la República, quien define a las contratistas como "herencia del capitalismo salvaje", y exhorta a eliminarlas.

En ese sentido, el dirigente destacó que la pequeña y mediana empresa en Venezuela lleva la mayor carga económica y social, resaltando que más del 80% de la masa laboral es empleada por el sector privado.

Por ello, sentenció que eliminar a las pymes no es fácil, considerando que las empresas de producción social, la cogestión, el llamado desarrollo endógeno y las cooperativas no han dado resultados.

Figarella indicó que los casos puntuales de incumplimiento de normativas laborales no pueden promover la generalización, pues es un hecho que para contratar con las empresas básicas se necesitan solvencias de toda índole y, en la mayoría de los casos, los pliegos de licitación especifican el contrato a utilizar o la obligatoriedad de regirse por la Ley Orgánica del Trabajo.

En caso contrario, sugirió a las estatales aclarar a las contratistas la forma de pago para con el personal o, efectivamente, y tal como lo han sugerido diversos gremios, crear un tabulador de cargos.

El empresario interrogó "¿quién es el explotador entonces, el contratista o el Estado?", añadiendo a su pregunta que "el Estado exige el cumplimiento del pago de los impuestos y los requerimientos en materia laboral", pero mantiene deudas de hasta un año con las pequeñas y medianas empresas.

Temor a invertir

Finalmente, los empresarios del sector industrial manifestaron el temor que sienten a invertir, dadas las continuas amenazas y el fortalecimiento de la política de nacionalización y expropiación, evidenciada en empresas como Sidor y Cemex, respectivamente.

"El país se hace con el capital privado nacional y extranjero. Eso es lo que genera empleo, confianza e inversión", advirtió el presidente de Fedeindustria Bolívar.

Incongruencias

Varios gremios han mencionado las contradicciones entre el discurso del presidente Hugo Chávez Frías, al llamar a eliminar a las contratistas, y el reciente decreto con rango, valor y fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y demás Unidades de Producción Social, que enumera como sus finalidades:

1. Apoyar, fomentar, promocionar, expandir y recuperar a la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social, como factores fundamentales del fortalecimiento del modelo productivo del país, mediante el desarrollo de su capacidad instalada.

2. Otorgar asistencia técnica, capacitación integral, financiamiento y seguimiento permanente a la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social, desde la concepción hasta la fase de comercialización, intercambio solidario y consumidor final.

3. Velar por la participación e inclusión de la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social, en la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras, en iguales condiciones de calidad y de capacidad, en los procesos de selección de contratistas a ser ejecutados por el sector público, además de implementar cualquier otra acción de apoyo efectivo tendente a expandir su productividad... entre otras.

Diversos gremios aseguran que de nada sirve crear leyes, si éstas no van a ser aplicadas efectivamente.










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