Proceso por el Valijagate puede ser Caja de Pandora

Por Venezuela Real - 30 de Agosto, 2008, 17:46, Categoría: Prensa Internacional

GERARDO REYES
EL NUEVO HERALD
30 de agosto de 2008

Los gobiernos de Venezuela y Argentina, y de reojo, el de Uruguay, tienen su vista puesta en el juicio que comienza este martes en una corte de Miami.

El acusado es el acaudalado empresario venezolano Franklin Durán.

La fiscalía sostiene que Durán fue parte de una confabulación dirigida por el gobierno de Venezuela para encubrir el origen y el destino de un dinero que le fue confiscado en Argentina, a mediados del año pasado, al empresario estadounidense-venezolano Guido Alejandro Antonini.

Pero más allá de la polémica en torno a los tecnicismos del título 18, sección 951, del código de Estados Unidos, cuya violación se le atribuye a Durán, el juicio será un escenario para despejar dudas e intrigas de una historia que empezó con la confiscación de un maletín por una amodorrada guardia de aduanas de Argentina y se transformó en un delicado asunto de relaciones internacionales.

Por el lado de Venezuela, las revelaciones de la fiscalía estadounidense implican a dos gobernaciones chavistas que concluyen este año un mandato de dos períodos consecutivos que inciaron en el 2000. Pero también involucran a altos funcionarios de los ministerios de Finanzas y Educación que, a su vez, podrían convertirse en fuente de más información, si el gobierno federal decide ampliar las ramificaciones de este esquema de sobornos con conexiones bancarias en Miami.

"El gobierno está muy preocupado por la información que podría filtrarse en este juicio, y que centraría la atención en el tema de la corrupción en general del gobierno chavista'', dijo el periodista Nelson Bocaranda, un columnista del diario El Universal, de Caracas, que ha revelado detalles secretos de numerosos casos de corrupción gubernamental.

Bocaranda aseguró que existe una gran expectativa en Venezuela sobre el juicio del llamado caso del maletín, además, por el impacto que podría tener en la campaña electoral.

Si a esa expectativa se le agregan los alegatos de la defensa de que este es un juicio montado por el gobierno de Estados Unidos a un altísimo costo para aborchornar a su peor enemigo en la región, el presidente Hugo Chávez; las ramificaciones del caso en Uruguay y decenas de horas de grabaciones y correos electrónicos que se cruzaron los acusados, el maletín de Antonini se tranformará en una caja de Pandora por obra y arte de la ley y la política.

En el campo jurídico la controversia es clara: la fiscalía federal tendrá que probar que Durán actuó ilegalmente en nombre del gobierno venezolano para presionar a Antonini, un amigo y paisano suyo, a fin de que ocultara el origen y el destino de los $800,000 que llevó a Argentina desde Venezuela.

La defensa argumentará que Durán ignoraba la ambigua y desconocida ley de 1917 que lo obligaba a registrarse como agente extranjero, y que su intervención fue una gestión informal y de buena voluntad, una cosa de amigos.

"Injusticia: enviar a un hombre a prisión por un delito que no sabía que estaba cometiendo en violación de una ley oscura que no sabía que existía y que durante los 90 años de existencia nunca había sido aplicada para una conducta similar a ésta'', escribrió el abogado defensor Ed Shohat a la corte.

En el campo político la situación es más complicada.

Lo más seguro es que el fiscal Tom Mulvihill se vea forzado revivir un episodio del caso que reveló con mucha soltura en las primeras audiencias, pero que eliminó por completo en sus memoriales e intervenciones a partir de la crisis diplomática que originó entre el gobierno de Argentina y el de Estados Unidos.

Se trata de la presunta conexión del dinero de la valija con la campaña de reelección de la actual presi- denta de Argentina, Cristina Fernández.

En un principio la fiscalía alegó que el dinero confiscado a Antonini a su llegada al aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires en la madrugada del 4 de agosto del año pasado era una contribución secreta del gobierno de Venezuela a esa campaña.

"Durán le avisó a Antonini de que los $800,000 eran para la campaña, la campaña de quien resultó ganadora en las elecciones de Argentina: Cristina de Kirchner'', dijo Mulvihill en la audiencia el 12 de diciembre del año pasado.

El fiscal agregó, citando a Durán, que la campaña había recibido más fondos y que los gobiernos de Argentina y Venezuela habían acordado ‘‘mantener en silencio el papel de Venezuela en ese envío de fondos''.

Fernández calificó de ‘‘basura'' la acusación. Luego de una reunión en febrero de la presidenta con el embajador estadounidense, Earl Wayne, los ánimos se calmaron y el fiscal no volvió a referirse al extremo argentino de la operación.

Se aclararon "zonas oscuras por así decirlo, sentimos que las cosas empezaron a reordenarse'', dijo entonces el jefe de gabinete argentino, Alberto Fernández.

Pero en el juicio será difícil esquivar el tema. La pregunta es cómo el fiscal se las puede arreglar para convencer a 12 miembros de un jurado de la gravedad de la operación de encubrimiento del dinero, sin explicarles que se trataba de una contribución clandestina a una campaña presidencial.
Y si el fiscal trata de ser escueto en ese aspecto, no se puede esperar lo mismo del abogado defensor, Shohat, quien no ahorrará esfuerzos para determinar el origen y destino del pago.

También sería muy evidente el contraste entre el énfasis que Mulvihill le dará al gobierno de Venezuela en el envío del dinero y el desdén que podría mostrar por su destino, la campaña de Fernández.

Que el fiscal parece más apasionado en el tema de Venezuela, no hay duda. El jueves, Mulvihill sorprendió a la defensa al revelar el contenido de una moción que había radicado en junio y que se había mantenido en secreto.

La moción le pide permiso a la juez del caso, Joan A. Lenard, para que le permita sacar a relucir en el juicio los antecedentes de Durán y de su socio Carlos Kauffmann, también acusado en la misma causa.

Kauffmann se declaró culpable y podría atestiguar contra Durán.

Según el fiscal ambos empresarios pagaron sobornos millonarios a altos funcionarios a nivel nacional y estatal lo mismo que a militares de la Guardia Nacional a cambio de contratos e intermediaciones financieras.

En algunos casos se encargaban de prestar el servicio a los funcionarios, a cambio de una comisión, de depositar en cuentas bajo su nombre los sobornos que recibían y de crear compañías de fachada.

La juez no se ha pronunciado sobre la petición de Mulvihill, calificada por Shohat como oportunista y citada por él como un ejemplo más de que el gobierno tiene planes de hacer un "juicio show'' contra Chávez.

Las revelaciones en el juicio de Durán "acentuarán en la opinión pública venezolana la percepción de que la corrupción es un problema más grave de lo que parece'', explicó a El Nuevo Herald Oscar Schemel, presidente de la firma encuestadora Hinterlaces, que dirigió un estudio sobre la imagen del gobierno el pasado julio.

Schemel dijo que el impacto del juicio en el electorado "va a depender de cómo los medios y la oposición que son críticos a Chávez presenten esta información al público''.

Detalló que una medición realizada dos meses atrás en el área metropolitana de Caracas, registró que un 62 por ciento de los consultados ‘‘piensa que la corrupción se ha agudizado y que este gobierno está plagado de corrupción''. Sin embargo, contrastó, el 45 por ciento de los venezolanos no responsabiliza personalmente de esta situación a Chávez.

En una conversación aportada recientemente por el gobierno, se reveló que el gobierno de Venezuela ofre- cía $2 millones por el silencio de Antonini.

Ademas de Durán, la acusación del 12 de diciembre del año pasado, señaló como responsables de la confabulación para encubrir el dinero confiscado a Antonini a:

* Kauffmann, su socio durante los últimos diez años en negocios de petroquímica, construcción, aviación y finanzas.
* Moisés Maionica, un abogado venezolano que actuó como intermediario entre el gobierno de Venezuela y el grupo de empresarios.
* Rodolfo Wanseele, un empleado uruguayo de una firma de envíos de paquetes de Miami.
* Antonio José Cánchica Gómez, un oficial venezolano que se encuentra prófugo.
Kauffmann, Maionica y Wanseele se declararon culpables.

Las partes no han dado a conocer la lista de testigos, pero a juzgar por algunos documentos radicados en la corte, la fiscalía podría utilizar los testimonios de Kuaffmann, Maionica y Wanseele, del propio Antonini y de por lo menos dos agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que participaron en la operación.

Quizás el mayor volumen de evidencias del gobierno lo constituye una gran cantidad de grabaciones de voz y de video tomadas por el FBI con el consentimiento de Antonini, quien cooperó con las autoridades en operaciones encubiertas en restaurantes y cafeterías del sur de la Florida.

Mulvihill ha aportado como pruebas fotografías de Daniel y Diego Uzcátegui, padre e hijo. Daniel es un alto ejecutivo de la petrolera oficial de Venezuela, PDVSA. Su hijo iba a bordo del avión en el que aterrizó Antonini en Argentina en agosto. También hay fotos de Victoria Bereziuk, secretaria de Claudio Uberti director del Organo de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) de Argentina, otra pasajera del avión; Wilfredo Avila, funcionario de la división de protocolo de PDVSA; Maryori Gutiérrez, no identificada; y Tarek Al Aissami, viceministro de Seguridad Ciudadana de Venezuela.

Shohat sólo ha anunciado públicamente como testigo a una ex funcionaria venezolana que hará declaraciones sobre la práctica generalizada en su país de expedir credenciales de organismos del gobierno y los estamentos militares a ciudadanos prominentes.

Esto por cuanto las autoridades federales hallaron un carné de identidad de la Armada de Venezuela a Durán, al momento de su arresto en la Florida en diciembre del año pasado.

La defensa también está procurando que se acepten como pruebas conversaciones grabadas por Durán con personas que hasta ahora no han sido identificadas.

El juicio a Durán es también una historia de traiciones.

Los principales testigos en su contra eran amigos suyos. Kauffmann compartía con él la afición por los automóviles de lujo, fiestas familiares y las aventuras de negocios.

Durán, de 40 años, soltero, es un técnico superior de mecánica criado en una familia de clase media de Caracas y que escaló económicamente, según sus amigos, por un talento natural para los negocios.

Una de sus primeros incursiones fue la representación en Venezuela a finales de la década de 1980 de Armor Holding, una de las más grandes compañías fabricantes de equipos para seguridad del mundo. Manejó una importadora de licores, fue fundador de una empresa constructora y más tarde urbanizador en la Florida.

Pero quizás el gran salto en los negocios lo dio al vincularse como socio de Venoco y Perfoalca, empresas ligadas a la industria petrolera de Venezuela.

Venoco es una de las empresas privadas de petroquímica más grande de ese país. El mayor cliente de la firma es Estados Unidos, según lo consignó su abogado en una moción del caso.

Dados sus contactos y compromisos de negocios en Estados Unidos, Durán compró una casa en Key Biscayne donde se reunía con su vecino, "El Gordo'' Antonini y Kauffmann, hoy convertidos en sus acusadores tras llegar a un acuerddo con la fiscalía.

Esos acuerdos, según la defensa, salvarían al primero de ser extraditado a Argentina donde afronta cargos de lavado de dinero y contrabando, y al segundo de ser encausado en Estados Unidos por un fraude migratorio.

El redactor de El Nuevo Herald, Casto Ocando, coescribió esta información.





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