Advierten que la propiedad industrial está en limbo jurídico

Por Venezuela Real - 7 de Septiembre, 2008, 12:12, Categoría: Economía

Roberto Deniz
El Universal
097 de septiembre de 2008

El SAPI ha sido inconsistente al pronunciarse sobre este aspecto

El 23 de noviembre de 2006 el presidente Chávez anunció la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. Han pasado poco más de dos años, pero los efectos en el plano económico aún están vigentes.

"Hemos tomado esta decisión para proteger los intereses de Venezuela contra el plan de meternos por carambola al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Aquí no entrará el ALCA", manifestó Chávez en el Aló, Presidente número 253.

Sus palabras condenaban las negociaciones de Perú y Colombia con EEUU para la firma del ALCA. A partir de allí, la política exterior del país se enfiló a otros esquemas de integración como el Mercosur y la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe. El país sólo tiene con la CAN obligaciones económicas,especialmente arancelarias, por un lapso de cinco años desde su salida.

Cástor González Escobar, especialista en propiedad industrial, asegura que en este momento el país está en un limbo jurídico en materia de propiedad industrial, pues no hay claridad en la postura que tiene la Administración Pública para legislar lo relativo al registro de marcas, signos distintivos, patentes y diseños industriales.

Hasta 2006 todo lo vinculado a estos asuntos estuvo regulado por la legislación derivada del Acuerdo de Cartagena, tratado principal de la CAN. En el caso de la propiedad industrial, el instrumento jurídico que correspondía era la Decisión 486, denominada "Régimen Común Sobre Propiedad Industrial".

Durante años ese fue el órgano legal que funcionó para la propiedad industrial en Venezuela, respaldado además por la Constitución de 1999. El artículo 153 de la Carta Magna establece que "las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna".

Incertidumbre jurídica Si Venezuela abandonó la CAN, ¿Qué sucede con la Ley de Propiedad Industrial? ¿Se debe seguir aplicando la legislación andina? ¿La Decisión 486 forma parte del orden jurídico interno? Aquí radica el eje del asunto. Para Escobar, cuando Venezuela salió la CAN se creó una incertidumbre que ni el TSJ ni el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual han resuelto.

Considera, sin embargo, que tras aplicarse durante tanto tiempo la decisión 486 de la CAN y siguiendo lo expuesto en el artículo 153 de la Constitución, la misma pasó a ser parte del ordenamiento jurídico del país.

En 2006, la Asociación Venezolana de Exportadores presentó un recurso de interpretación del artículo 153 ante la Sala Constitucional del TSJ, pero todavía no hay pronunciamiento.

Alarmas encendidas Lo que sí hay para Escobar son señales que apuntan en la dirección "incorrecta". El 1° de julio pasado la Sala Político Administrativa del TSJ emitió una sentencia ante un recurso de nulidad introducido desde 2002 por una compañía comercializadora de productos farmacéuticos, en la que decidió que era aplicable la Decisión 486 de la CAN, pero sólo porque al momento de ocurrir los hechos denunciados la misma estaba vigente.

Otra alarma son los informes tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría, a petición del TSJ, sobre la interpretación del artículo 153 de la Carta Magna. Según el texto de la Procuraduría del 21 de febrero de 2008, "aquellas normas distintas a regular el programa de liberación de la subregión (temas arancelarios), se encuentran sin vigor en lo que respecta a Venezuela y por ende ya no forman parte de su marco legal vigente".

Es decir, la propiedad industrial ya no debería regularse por la legislación de la CAN. Esto se traduce en volver a la Ley de Propiedad Industrial de 1956.

La exposición de la Fiscalía se sostiene en términos similares. En un documento del 26 de mayo señaló que la salida de Venezuela de la CAN implica "la terminación" del tratado marco de la comunidad y "de las decisiones que se adoptaron en el marco de ese acuerdo, como lo es la Decisión 486".

Finalmente, en los últimos boletines del SAPI que recogen los actos administrativos en materia de marcas y patentes se observa cómo el organismo ha cambiado la legislación por la cual se rige. "El SAPI ha comenzado a fijar posición sin ninguna razón fundamentada (y) no lo ha hecho de forma clara". En efecto, hasta el año pasado casi todas las decisiones que tomaba el organismo eran en función de la Decisión 486 de la CAN.

En los boletines más recientes se nota un cambio de dirección y en algunos casos una coexistencia de la Ley de Propiedad Industrial venezolana de 1956 con la Decisión 486 de la CAN.

El boletín del 5 de septiembre de 2007 indica que los registros de marcas, patentes, cambios de nombre o de lemas están acordes en algunos casos a la Decisión 486 y en otros a la Ley del 56. Para Escobar, es evidente que "no hay un criterio claro".

Advierte, además, que sería un "grave retroceso" que prevaleciera la tesis de legislar en función de la Ley de 1956, ya que se trata de un instrumento jurídico desactualizado que posee vacíos legales. Su artículo 15 señala que no son patentables "las bebidas y artículos alimenticios", los "medicamentos de toda especie", las "preparaciones farmacéuticas" y las "preparaciones, reacciones y combinaciones químicas". Esto contraviene las tendencias mundiales.

La ambigüedad jurídica se resolvería con un pronunciamiento del TSJ o con la elaboración de un nuevo texto legal.





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