Mercado libre de balas dispara la violencia

Por Venezuela Real - 7 de Septiembre, 2008, 11:04, Categoría: Seguridad/Inseguridad

DAVID GONZÁLEZ
El Nacional
07 de septiembre de 2008

Acusan a policías, militares y mafias por nutrir comercio ilegal
Organismos de derechos humanos advierten que con el descontrol generalizado sobre las municiones que circulan en el país, la delincuencia fortalece su letalidad, sobre todo en los sectores más pobres, donde se multiplican las víctimas de homicidios

Siempre tiene acceso a las balas. Pertenece a una banda de Petare y sobrepasó los 30 años de edad. Sabe que un arma sin municiones es una cosa inútil para un delincuente. Ha conseguido cartuchos para pistolas calibre 9 milímetros hasta por precios unitarios equivalentes al de un café grande en una panadería: tres bolívares fuertes.

Hay hombres uniformados al final de la cadena distribuidora: "Compro a los policías, que son los que más venden por aquí.

Están metidos en el negocio".

Los funcionarios activos saben lo que pasa. Uno se cerciora de que no lo graben: "Tengo compañeros que se prestan a vender a riesgo de que los maten a ellos o a sus familiares con esas balas".

La participación de efectivos de los cuerpos de seguridad en la distribución ilegal de municiones preocupa a las organizaciones de derechos humanos.

"Hay policías con una altísima responsabilidad en que los jóvenes de las zonas pobres reciban balas y armas", afirma Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela.

El fenómeno es sintomático del descontrol del Estado sobre los inventarios de cartuchos que, por distintas vías, incluida la policial, van al mercado negro.

"Es un problema de salud pública y de derechos humanos", dice Alfredo Ruiz, integrante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. La estadística crece a diario: con balas se cometieron 90% de los más de 100.000 homicidios registrados en los últimos 10 años en el país, según los datos recopilados por el Observatorio Venezolano de la Violencia.

El sacerdote Alejandro Moreno reside en un barrio caraqueño donde la gente se acostumbró a ver las prácticas de tiro que pistoleros realizaban en un matorral a plena luz del día. El padre suele contar que llegó a ver pasar, hace una década, vehículos que exhibían cargamentos destinados al hampa. Se le hizo evidente con el tiempo que integrantes de las fuerzas del orden participan en el negocio: "En los barrios se sabe perfectamente quiénes llevan las balas, por dónde llegan y cuánto cuestan". Los vecinos de distintas zonas de Caracas, tan alejadas como La Parrilla, en Sucre, o El Guarataro, en Libertador, aportan testimonios semejantes, pero escudados en el anonimato. Precisan horas, lugares y organismos de adscripción de los involucrados. Hernán Matute, ex director de la Policía de Caracas, describe la actividad así: "Es como si hubiera un menudeo permanente en muchas partes, que involucra a los policías".

Ni siquiera un negocio de escala mínima podría soslayarse. Hay 120.000 funcionarios de organismos policiales y de la Guardia Nacional en el país, según los estudios que realizó la Comisión de Reforma Policial en 2006. Si solo 1% del total desvía una caja de 50 municiones, en 1 año se completarían 60.000 cartuchos.

Basta una fracción para causar estragos. La prensa documentó el uso de por los menos 341 balas en 92 hechos delictivos sucedidos en la semana del 25 al 31 de agosto de este año, en 6 estados: Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Miranda y Zulia.

Hubo 89 personas asesinadas con 329 proyectiles.

Oxfam, organización internacional que promueve el control de armas, calcula que anualmente se fabrican 14 millardos de municiones en el mundo.

Los últimos datos, de hace dos años, indican que no hay información confiable sobre el destino de 83% de la producción.

En Venezuela, Cavim –Compañía Anónima de Industrias Militares– fabricó 13 millones de cartuchos de distintos calibres para el mercado nacional en 2007. Balas producidas por la industria han aparecido en escenas de violencia o han sido desviadas de los almacenes.

Dinámica propia.

Los vecinos de las zonas populares advierten que las balas incautadas por los funcionarios son entregadas a otros delincuentes. El material que sí llega a las salas de evidencias genera nuevos problemas que están entre las principales preocupaciones de Ruiz y de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Los jueces pueden ordenar la destrucción de lo decomisado cuando concluye el proceso penal. El activista propone la eliminación pública y rápida de los cartuchos para evitar desapariciones: "Esto es algo que no se hace".


Ruiz considera que la eliminación de las municiones es posible una vez realizadas las experticias para garantizar la continuidad del proceso. "Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que lo permite". La Policía Metropolitana, el mayor cuerpo policial de la capital venezolana, recuperó 3.900 balas en los procedimientos que ha ejecutado hasta la fecha. "Hacemos inventarios cada 2 meses, inspecciones sorpresa cuando queremos", dice Wilmer Flores Trosel, director del organismo. La Fuerza Armada Nacional decomisó poco más de 10.000 municiones en 2007, según datos oficiales.

La falta de dotación de los cuerpos de seguridad incrementa las dificultades. Los policías generalmente tienen que comprar sus municiones con proveedores propios. "Ahí empieza el amiguismo, las relaciones con gente que vende balas y se activan los negocios", confía un efectivo. Deben contar con autorizaciones y justificar el número de cartuchos que adquieren. Las armerías están obligadas a llevar registro de las ventas a los funcionarios, aunque hay empleados que aseguran que está prohibido tratar con policías. Los precios de mercado varían entre 200 y 250 bolívares fuertes (la caja de 50 unidades) para municiones reglamentarias como 9 milímetros y 38. El Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia procesa la compra de un lote de cartuchos para la PM.

Flores Trosel no quiso precisar cuántos: "Eso es secreto".

La Comisión de Reforma Policial recomendó completar un registro balístico del armamento de los funcionarios: las armas de cañón rayado dejan una impresión en proyectiles y conchas, semejante a una huella digital, que permite individualizarlas.

Las autoridades afirman que la participación de los policías en el negocio del tráfico de municiones es minoritaria.

Una comisión del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, que elabora un programa nacional de desarme, llegó a esa conclusión. El director de la PM respalda ese punto de vista: "Existen comentarios en los barrios, pero nunca llegan las denuncias. Estamos en un proceso de autodepuración.

Los propios funcionarios señalan y entregan a los compañeros que cometen actos contrarios a la ley".

Isabel Rada, presidenta del Consejo Municipal de Sucre y promotora de una ordenanza de desarme en la jurisdicción, ha escuchado la preocupación de vecinos en asambleas. "Señalan a policías, pero poquitos.

La gente no formaliza denuncias porque tiene miedo". Antonio Pujol, director de la Policía de Caracas, calcula que en un año sólo se procesan los casos de dos o tres funcionarios.

Y agrega que los robos y hurtos en residencias terminan en ventas ilegales: "Los ladrones pueden encontrar en viviendas arsenales completos, pero de eso no se habla mucho".

Pujol confirmó que la institución que dirige tiene abierto un proceso disciplinario contra uno de sus oficiales llamado Alex Reyes. El funcionario fue detenido por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en los alrededores del terminal La Bandera en marzo pasado. Estaba con un sargento y un civil en un automóvil Chrysler Neon, donde hallaron cargadores con 53 cartuchos de fusiles FAL y granadas, informó la policía científica. Se presumía que el funcionario vendía materiales a las bandas de la zona, a plena luz del día y en puntos de encuentro públicos.

Los tribunales lo liberaron sin restricciones y lo eximieron de responsabilidad, pero a pesar de ello la averiguación interna sigue en pie.

Obligación.

La experiencia internacional demuestra que las pérdidas en los arsenales militares y policiales alimentan el poder de fuego de los grupos criminales. El Instituto Superior de Estudios Internacionales de Ginebra, divulgó en julio un estudio según el cual anualmente se desvían, en el mundo, 650.000 armas ligeras de ese tipo de almacenes. Amnistía Internacional tiene manuales destinados a cuerpos policiales en los que advierte que la mala gestión de los depósitos puede fortalecer a los hampones.


La incautación más importante de la PM en 2008 ocurrió en el barrio Los Eucaliptos, hace 2 meses. Los funcionarios hallaron 1.700 municiones de distintos calibres, la mayoría fabricadas por Cavim, según el informe oficial. El hecho fue reportado, entre otros organismos, a la Dirección de Inteligencia Militar, que inició una averiguación para establecer el modo en que llegaron al poder de los delincuentes. En los barrios los soldados o efectivos de baja jerarquía también son reconocidos como proveedores comunes.

Marcos Gómez reclama a los militares que asuman el compromiso, establecido en la Constitución y las leyes, de controlar las armas y municiones.

El Ministerio de Defensa tiene la atribución de fabricar, autorizar la importación y aprobar la venta de ese tipo de materiales. Supervisar el uso de la dotación de los organismos policiales, de las unidades militares y de la ciudadanía también se encuentra entre sus competencias. La Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional es el órgano encargado, pero no ha sido adecuado a las exigencias, según los expertos. "Muchas veces nos matan con armas y cartuchos de los que el Estado ha sido beneficiario, porque los produjo o porque pechó sus ventas. Ese es un negocio militar", dice el director de Amnistía Internacional. Las dudas sobre la materia no pudieron presentarse ante voceros de la Darfa ni de Cavim. Se solicitaron entrevistas por escrito pero no hubo respuesta.

Una preocupación internacional es mejorar el marcaje de los cartuchos para facilitar la identificación del punto de la cadena donde fueron desviados. La marca tradicional incorpora datos sobre el calibre de la munición y el fabricante.

"Hay tecnología láser que permitiría grabar información incluso para individualizarlos. El Gobierno se comprometió a asumirlo a través del embajador en la ONU", recuerda Gómez. Se recomienda incluso que los policías usen balas especialmente marcadas. Eliseo Guzmán, ex director del Cicpc, afirma sin embargo que las autoridades disponen de suficientes datos para investigar las fuentes de los proyectiles relacionados con el delito.

El contrabando internacional, a través de grupos de delincuencia organizada relacionados con drogas, también es una amenaza en los barrios. "Conozco gente que trae armas y municiones de Colombia, son duros", afirma un vecino de Turumo. La entrada de material no declarado, con complicidad aduanera, es otra de las situaciones que influyen en el incremento del mercado ilegal.

El hombre de la banda de Petare, al final del día, no se queja. "Yo no tengo esos problemas para conseguir las balas". Y es verdad: las municiones siguen entrando en los barrios como un hormigueo constante que sólo deja cadáveres a su paso.





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