DAVID
GONZÁLEZ
El
Nacional
07 de
septiembre de 2008
Acusan a policías, militares y
mafias por nutrir comercio ilegal
Organismos
de derechos humanos advierten que con el descontrol generalizado sobre
las municiones que circulan en el país, la delincuencia fortalece su
letalidad, sobre todo en los sectores más pobres, donde se multiplican
las víctimas de homicidios
Siempre tiene acceso a las
balas. Pertenece a una banda de Petare y sobrepasó los 30 años de edad.
Sabe que un arma sin municiones es una cosa inútil para un delincuente.
Ha conseguido cartuchos para pistolas calibre 9 milímetros hasta por
precios unitarios equivalentes al de un café grande en una panadería:
tres bolívares fuertes.
Hay hombres uniformados al
final de la cadena distribuidora: "Compro a los policías, que son los
que más venden por aquí.
Están metidos en el
negocio".
Los
funcionarios activos saben lo que pasa. Uno se cerciora de que no lo
graben: "Tengo compañeros que se prestan a vender a riesgo de que los
maten a ellos o a sus familiares con esas
balas".
La
participación de efectivos de los cuerpos de seguridad en la
distribución ilegal de municiones preocupa a las organizaciones de
derechos humanos.
"Hay
policías con una altísima responsabilidad en que los jóvenes de las
zonas pobres reciban balas y armas", afirma Marcos Gómez, director de
Amnistía Internacional Venezuela.
El fenómeno es sintomático del
descontrol del Estado sobre los inventarios de cartuchos que, por
distintas vías, incluida la policial, van al mercado
negro.
"Es un
problema de salud pública y de derechos humanos", dice Alfredo Ruiz,
integrante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. La estadística
crece a diario: con balas se cometieron 90% de los más de 100.000
homicidios registrados en los últimos 10 años en el país, según los
datos recopilados por el Observatorio Venezolano de la
Violencia.
El
sacerdote Alejandro Moreno reside en un barrio caraqueño donde la gente
se acostumbró a ver las prácticas de tiro que pistoleros realizaban en
un matorral a plena luz del día. El padre suele contar que llegó a ver
pasar, hace una década, vehículos que exhibían cargamentos destinados
al hampa. Se le hizo evidente con el tiempo que integrantes de las
fuerzas del orden participan en el negocio: "En los barrios se sabe
perfectamente quiénes llevan las balas, por dónde llegan y cuánto
cuestan". Los vecinos de distintas zonas de Caracas, tan alejadas como
La Parrilla, en Sucre, o El Guarataro, en Libertador, aportan
testimonios semejantes, pero escudados en el anonimato. Precisan horas,
lugares y organismos de adscripción de los involucrados. Hernán Matute,
ex director de la Policía de Caracas, describe la actividad así: "Es
como si hubiera un menudeo permanente en muchas partes, que involucra a
los policías".
Ni siquiera
un negocio de escala mínima podría soslayarse. Hay 120.000 funcionarios
de organismos policiales y de la Guardia Nacional en el país, según los
estudios que realizó la Comisión de Reforma Policial en 2006. Si solo
1% del total desvía una caja de 50 municiones, en 1 año se completarían
60.000 cartuchos.
Basta una
fracción para causar estragos. La prensa documentó el uso de por los
menos 341 balas en 92 hechos delictivos sucedidos en la semana del 25
al 31 de agosto de este año, en 6 estados: Aragua, Anzoátegui, Bolívar,
Carabobo, Miranda y Zulia.
Hubo 89 personas asesinadas con
329 proyectiles.
Oxfam,
organización internacional que promueve el control de armas, calcula
que anualmente se fabrican 14 millardos de municiones en el
mundo.
Los últimos
datos, de hace dos años, indican que no hay información confiable sobre
el destino de 83% de la producción.
En Venezuela, Cavim –Compañía
Anónima de Industrias Militares– fabricó 13 millones de cartuchos de
distintos calibres para el mercado nacional en 2007. Balas producidas
por la industria han aparecido en escenas de violencia o han sido
desviadas de los almacenes.
Dinámica propia.
Los
vecinos de las zonas populares advierten que las balas incautadas por
los funcionarios son entregadas a otros delincuentes. El material que
sí llega a las salas de evidencias genera nuevos problemas que están
entre las principales preocupaciones de Ruiz y de la Red de Apoyo por
la Justicia y la Paz. Los jueces pueden ordenar la destrucción de lo
decomisado cuando concluye el proceso penal. El activista propone la
eliminación pública y rápida de los cartuchos para evitar
desapariciones: "Esto es algo que no se
hace".
Ruiz
considera que la eliminación de las municiones es posible una vez
realizadas las experticias para garantizar la continuidad del proceso.
"Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que lo permite".
La Policía Metropolitana, el mayor cuerpo policial de la capital
venezolana, recuperó 3.900 balas en los procedimientos que ha ejecutado
hasta la fecha. "Hacemos inventarios cada 2 meses, inspecciones
sorpresa cuando queremos", dice Wilmer Flores Trosel, director del
organismo. La Fuerza Armada Nacional decomisó poco más de 10.000
municiones en 2007, según datos
oficiales.
La falta de
dotación de los cuerpos de seguridad incrementa las dificultades. Los
policías generalmente tienen que comprar sus municiones con proveedores
propios. "Ahí empieza el amiguismo, las relaciones con gente que vende
balas y se activan los negocios", confía un efectivo. Deben contar con
autorizaciones y justificar el número de cartuchos que adquieren. Las
armerías están obligadas a llevar registro de las ventas a los
funcionarios, aunque hay empleados que aseguran que está prohibido
tratar con policías. Los precios de mercado varían entre 200 y 250
bolívares fuertes (la caja de 50 unidades) para municiones
reglamentarias como 9 milímetros y 38. El Ministerio de Relaciones
Interiores y Justicia procesa la compra de un lote de cartuchos para la
PM.
Flores
Trosel no quiso precisar cuántos: "Eso es
secreto".
La Comisión
de Reforma Policial recomendó completar un registro balístico del
armamento de los funcionarios: las armas de cañón rayado dejan una
impresión en proyectiles y conchas, semejante a una huella digital, que
permite individualizarlas.
Las autoridades afirman que la
participación de los policías en el negocio del tráfico de municiones
es minoritaria.
Una
comisión del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, que
elabora un programa nacional de desarme, llegó a esa conclusión. El
director de la PM respalda ese punto de vista: "Existen comentarios en
los barrios, pero nunca llegan las denuncias. Estamos en un proceso de
autodepuración.
Los propios
funcionarios señalan y entregan a los compañeros que cometen actos
contrarios a la ley".
Isabel Rada, presidenta del
Consejo Municipal de Sucre y promotora de una ordenanza de desarme en
la jurisdicción, ha escuchado la preocupación de vecinos en asambleas.
"Señalan a policías, pero poquitos.
La gente no formaliza denuncias
porque tiene miedo". Antonio Pujol, director de la Policía de Caracas,
calcula que en un año sólo se procesan los casos de dos o tres
funcionarios.
Y agrega
que los robos y hurtos en residencias terminan en ventas ilegales: "Los
ladrones pueden encontrar en viviendas arsenales completos, pero de eso
no se habla mucho".
Pujol
confirmó que la institución que dirige tiene abierto un proceso
disciplinario contra uno de sus oficiales llamado Alex Reyes. El
funcionario fue detenido por efectivos del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas en los alrededores del terminal
La Bandera en marzo pasado. Estaba con un sargento y un civil en un
automóvil Chrysler Neon, donde hallaron cargadores con 53 cartuchos de
fusiles FAL y granadas, informó la policía científica. Se presumía que
el funcionario vendía materiales a las bandas de la zona, a plena luz
del día y en puntos de encuentro
públicos.
Los
tribunales lo liberaron sin restricciones y lo eximieron de
responsabilidad, pero a pesar de ello la averiguación interna sigue en
pie.
Obligación.
La experiencia internacional demuestra que las
pérdidas en los arsenales militares y policiales alimentan el poder de
fuego de los grupos criminales. El Instituto Superior de Estudios
Internacionales de Ginebra, divulgó en julio un estudio según el cual
anualmente se desvían, en el mundo, 650.000 armas ligeras de ese tipo
de almacenes. Amnistía Internacional tiene manuales destinados a
cuerpos policiales en los que advierte que la mala gestión de los
depósitos puede fortalecer a los
hampones.
La
incautación más importante de la PM en 2008 ocurrió en el barrio Los
Eucaliptos, hace 2 meses. Los funcionarios hallaron 1.700 municiones de
distintos calibres, la mayoría fabricadas por Cavim, según el informe
oficial. El hecho fue reportado, entre otros organismos, a la Dirección
de Inteligencia Militar, que inició una averiguación para establecer el
modo en que llegaron al poder de los delincuentes. En los barrios los
soldados o efectivos de baja jerarquía también son reconocidos como
proveedores comunes.
Marcos Gómez reclama a los
militares que asuman el compromiso, establecido en la Constitución y
las leyes, de controlar las armas y
municiones.
El
Ministerio de Defensa tiene la atribución de fabricar, autorizar la
importación y aprobar la venta de ese tipo de materiales. Supervisar el
uso de la dotación de los organismos policiales, de las unidades
militares y de la ciudadanía también se encuentra entre sus
competencias. La Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional es
el órgano encargado, pero no ha sido adecuado a las exigencias, según
los expertos. "Muchas veces nos matan con armas y cartuchos de los que
el Estado ha sido beneficiario, porque los produjo o porque pechó sus
ventas. Ese es un negocio militar", dice el director de Amnistía
Internacional. Las dudas sobre la materia no pudieron presentarse ante
voceros de la Darfa ni de Cavim. Se solicitaron entrevistas por escrito
pero no hubo respuesta.
Una preocupación internacional
es mejorar el marcaje de los cartuchos para facilitar la identificación
del punto de la cadena donde fueron desviados. La marca tradicional
incorpora datos sobre el calibre de la munición y el
fabricante.
"Hay
tecnología láser que permitiría grabar información incluso para
individualizarlos. El Gobierno se comprometió a asumirlo a través del
embajador en la ONU", recuerda Gómez. Se recomienda incluso que los
policías usen balas especialmente marcadas. Eliseo Guzmán, ex director
del Cicpc, afirma sin embargo que las autoridades disponen de
suficientes datos para investigar las fuentes de los proyectiles
relacionados con el delito.
El contrabando internacional, a
través de grupos de delincuencia organizada relacionados con drogas,
también es una amenaza en los barrios. "Conozco gente que trae armas y
municiones de Colombia, son duros", afirma un vecino de Turumo. La
entrada de material no declarado, con complicidad aduanera, es otra de
las situaciones que influyen en el incremento del mercado
ilegal.
El hombre
de la banda de Petare, al final del día, no se queja. "Yo no tengo esos
problemas para conseguir las balas". Y es verdad: las municiones siguen
entrando en los barrios como un hormigueo constante que sólo deja
cadáveres a su paso.
