La Argentina se ampara en excusas legales.

Por Venezuela Real - 12 de Septiembre, 2008, 18:50, Categoría: Prensa Internacional

Adrian Ventura
La Nación - Argentina
12 de septiembre de 2008

Desde el punto de vista legal, la actuación de la Justicia argentina y el comunicado de la Cancillería parecen contener más excusas que verdaderos reclamos.

El comunicado difundido ayer por la Cancillería recuerda que, durante los últimos doce meses, la justicia argentina reclamó en dos oportunidades la extradición de Antonini Wilson.

Lo que no explica el comunicado es que ese hombre, ahora un colaborador de la justicia norteamericana y al que el Gobierno intenta restarle credibilidad, el 6 de agosto de 2007, apenas dos días después de haber ingresado por Aeroparque con 800.000 dólares, estuvo en una recepción en la Casa Rosada. ¿Por qué entonces sí gozaba de aceptación y, ahora, perdió credibilidad? Por otra parte, ¿por qué el Gobierno dejó salir del país a Antonini, en ese momento?
Pero, aún así, hay otro dato mucho más revelador sobre la ineficiencia de la investigación argentina.

El juez penal económico Daniel Petrone, reiterando un pedido que hicieron sus predecesores en el tribunal, solicitó a los Estados Unidos que remita las grabaciones que comprometen a funcionarios de los gobiernos argentino y venezolano.

Es un esfuerzo estéril y que no busca ningún resultado. Una excusa. Varios penalistas con amplia actuación en la Justicia coinciden en señalar, en estricto off the record ?no quieren involucrarse en este caso- que las cintas nunca podrían ser incorporadas como prueba válida en la causa argentina, por lo cual ese pedido a los Estados Unidos no pasa de ser una excusa para mostrar que se intenta hacer algo.

En efecto, el sistema legal argentino requiere que las pruebas se produzcan con control de los abogados de las partes o, al menos, con control del juez, que es el único habilitado para ordenar grabaciones telefónicas y fílmicas de validez indubitada. Las grabaciones que no tienen ese control dan lugar a largos debates, por su validez, aunque indudablemente tienen un fuerte valor como indicios.

Por eso, aún en el hipotético caso de que los Estados Unidos remitiesen las cintas a la justicia argentina, esas grabaciones, en lugar de facilitar el avance de la investigación, darían lugar a un interminable debate.

Parece evidente que la justicia argentina ?los jueces penales y los electorales- necesitan avanzar para controlar el financiamiento con dinero sucio y los aportes ilegales a la campaña. Pero antes de hacer pedidos que no conducen a resultado alguno, deberían seguir una línea de investigación más eficiente.





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