Estados Unidos congela bienes a jefes de Inteligencia venezolana

Por Venezuela Real - 13 de Septiembre, 2008, 10:59, Categoría: Política Internacional

El Universal
13 de septiembre de 2008

Departamento del Tesoro acusó a Rodríguez Chacín de nexos con las FARC
El ex ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, es acusado por EEUU de facilitarle a las FARC 250 millones de dólares

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de "nacionales especialmente designados y personas bloqueadas" al ex ministro de Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín, así como al jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) Hugo Armando Carvajal Barrios, y Henry de Jesús Rangel, jefe de la Dirección de los Servicios de Informaciones y de Prevención (Disip), por sus vínculos con las FARC y el narcotráfico.

El director de la OFAC, Adam J. Szubin, declaró en un comunicado de prensa que "la designación expone a dos altos funcionarios del Gobierno de Venezuela y un ex funcionario que armaron, patrocinaron y financiaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sin importar que este grupo ha aterrorizado y secuestrado a inocentes".

Washington sanciona a Rodríguez Chacín por ser "el principal contacto para las armas en el seno del Gobierno venezolano" y de haber "tratado de facilitar un préstamo de 250 millones de dólares del Gobierno venezolano a las FARC a fines de 2007"; sin embargo, la OFAC no tiene pruebas de si el préstamo se llegó a consumar.

El organismo regulador de las finanzas de EEUU critica que Rodríguez Chacín haya "celebrado numerosas reuniones con altos miembros de las FARC, uno de los cuales ocurrió en el palacio de Miraflores".

En cuanto al general Carvajal Barrios, director DGIM, la OFAC lo acusa de evitar que las autoridades antidrogas de Venezuela interceptaran los envíos de drogas para la guerrilla colombiana de las FARC.

Asimismo las autoridades estadounidenses sancionan al militar por "proveer a la guerrilla colombiana con armas y documentos de identidad a algunos de sus miembros, lo que les permite moverse con libertad desde y hacia Venezuela".

Rangel Silva, director de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), fue señalado de asistir materialmente en el tráfico de drogas de la guerrilla colombiana y ha "impulsado una mayor cooperación entre el Gobierno de Venezuela y las FARC".

Futuro incierto
La lista de la OFAC es actualizada constantemente e incluye a nacionales de EEUU y extranjeros de todo el mundo que están vinculados con terrorismo o narcotráfico: de Venezuela hay 186 organizaciones, empresas e individuos penalizados. La sanción inmediata es la congelación de los bienes de estas tres personas en EEUU, y la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de realizar negocios y transacciones con los implicados.

Estar en la lista de la OFAC significa para los implicados una muerte comercial, pues el sistema financiero les cierra las puertas, no pueden tener cuentas corrientes, manejar tarjetas de crédito y mucho menos acceder a créditos en ese país.

Como consecuencia, tampoco en los países de donde son nativos los designados, pues pone en problemas con el Gobierno de Estados Unidos a las entidades que hagan negocios con personas en la lista negra.

La acusación contra los dos altos funcionarios de la inteligencia venezolana, así como contra el ex ministro Rodríguez Chacín, entran el marco de La Ley Kingpin de 1999 que busca neutralizar a los traficantes de droga internacionales; por eso entran ahora en el grupo de "Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados (SDNT, por su nombre en inglés).

Un fuente del Departamento de Estado, que reserva su nombre, asegura que las sanciones contra estos tres personajes "son totalmente independientes de las que pueda llegar a aplicar cualquier otra organismo como el Departamento del Tesoro, por lo que el Estado en un futuro podría ser castigado porque su inteligencia apoya el terrorismo, es el próximo paso: investigar si todo tiene relación".

Estas medidas son la sexta acción legal en los últimos diez años que EEUU aplica contra las FARC, desde que las incluyó en su lista de organizaciones terroristas en 1997.

Aunque el Comité de Relaciones Exteriores de EEUU discute la posibilidad de que se establezcan sanciones contra el Gobierno de Venezuela por lazos con las guerrillas colombianas, desde 2006 ese país está aplicando algunas penalidades contra Venezuela, como prohibir la venta de armas; no obstante, esta medida no tiene precedentes.





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