El caso Antonini

Por Venezuela Real - 16 de Septiembre, 2008, 11:06, Categoría: Corrupción

Asdrúbal Aguiar
El Universal
16 de septiembre de 2008

En Miami, la Justicia juzga de cara a la opinión pública, sin ocultarle nada a la prensa

Sean cuales fueren los miedos que el Caso Antonini concita en la Casa Rosada o en el Palacio de Miraflores, lo que importa son sus supuestos inconmovibles.

Guido Antonini llegó a Buenos Aires con una valija de US $ 790.550 no declarados. Lo hizo a bordo de un avión rentado por el Gobierno argentino que sale de Caracas por pedido del vicepresidente de Pdvsa -Diego Uzcátegui- y de su hijo, en el que viaja acompañando a un alto funcionario kirchnerista, Claudio Uberti, responsable de las relaciones económicas entre ambos gobiernos. El dinero es decomisado por la Aduana y la Policía Aeroportuaria, pero Antonini no es detenido. Dos días después visita a la Casa Rosada y acude a un restaurante con la secretaria de Uberti, antes de viajar sin obstáculo policial alguno a Montevideo.

Al llegar a Buenos Aires Uberti se comunica 17 veces con el secretario del presidente Kirchner, y hecho público el escándalo es destituido y la justicia penal del país austral investiga el delito como un simple intento de contrabando. A la par Pdvsa remueve a Uzcátegui.

En el ámbito procesal los datos son también precisos. La imputación que se hace a los socios de Antonini, a saber Franklin Durán y Carlos Kauffman, propietarios de Venoco -industria que lleva negocios con Pdvsa- como al abogado Moisés Maiónica, todos vinculados con el Gobierno de Chávez, es por el delito de actuar como agentes extranjeros en territorio norteamericano sin autorización de su gobierno. Y el argumento de base no es otro que los intentos de tales sujetos -grabados por el FBI -para convencer a Antonini, bajo amenazas y ofertas de dinero, de asumir la valija decomisada en Buenos Aires como propia y evitar declarar sobre su destino final.

La justicia argentina luego se mantiene en el limbo y arguye la necesidad no satisfecha de contar con las declaraciones de Antonini y los Uzcátegui. Y de la acción de la justicia venezolana nada se sabe, aun cuando media el presumido origen público de los dineros ilegalmente llevados a Argentina, con el concurso de funcionarios públicos de ambos países, y en una trama que conduce hacia Pdvsa. No por azar fueron removidos Uberti y Uzcátegui.

La red de involucrados, dados los antecedentes de éstos en el campo de los negocios oficiales y el efecto trilateral de la valija -EEUU, Argentina, Venezuela- permite se le califique como "grupo delictivo trasnacional" y estructurado. El acuerdo entre sus miembros tuvo propósitos de evidente "beneficio económico". Los dineros fueron objeto de "transferencia" al extranjero, hay indicios serios que indican son "producto del delito", y la forma la transferencia muestra el interés por "ocultar o disimular" su origen y destino. Medió corrupción, dada la actuación o abstención presunta de funcionarios públicos para evitar el cumplimiento de sus obligaciones oficiales antes y después del suceso.

De modo que, al margen de lo que pueda decirse o especularse políticamente, lo que cabe tener presente es que Argentina y Venezuela, que son Estados partes de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, deberían -como lo pide ésta- estar investigando las "amenazas o intimidación, o la presunta promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido" en beneficio de un tercero -Antonini- para obstruir el cauce de la justicia. Pero no lo han hecho. Deberían transmitirse información sobre sus actuaciones penales para facilitar la actuación efectiva de una u otra jurisdicción para los hechos puntuales que les cabe procesar. En fin, habrían de "alentar" a las personas que hayan participado -es el caso de los Uzcátegui o el mismo presidente de la petrolera estatal, Rafael Ramírez- a "proporcionar información útil a las autoridades" argentinas y venezolanas con fines investigativos y probatorios. Pero nada de ello ocurre, salvo el tejido de la tesis de la conspiración.

A todas éstas, lo inverosímil es que quienes tachan o critican al FBI y a la Fiscalía Federal a cargo de Thomas Mulvihill por poner en marcha "técnicas especiales de investigación" -grabaciones, cartas prefabricadas y vigiladas- con vistas a consolidar un patrimonio probatorio que muestre la actuación encubierta de los "agentes" venezolanos en Miami, o por mitigarles las penas a Maionica y Kauffman o concederle inmunidad a Antonini para obtener de éstos su cooperación, olvidan que Chávez y Kirchner firmaron la Convención de la ONU mencionada e hicieron buenas tales prácticas que hoy recriminan por conspirativas.

¡Y es que la diferencia entre lo que ocurre en Caracas y Buenos Aires, cuyos jueces se han autocensurado, y Miami, radica en que la Justicia de ésta juzga de cara a la opinión pública, sin ocultarle nada a la prensa!





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