Todo sobre su tarjeta de crédito

Por Venezuela Real - 17 de Septiembre, 2008, 11:58, Categoría: Economía

El Nacional
17 de septiembre de 2008

Una nueva ley cambia las condiciones de uso del dinero plástico.
Conozca las disposiciones que más afectan sus finanzas personales y familiares


La Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento Electrónico fue aprobada por segunda vez por la Asamblea Nacional. Es una versión ligth de la primera, a la que el Parlamento dio visto bueno en diciembre de 2005, supuestamente a espaldas del Ministerio de Finanzas, razón por la cual el texto se perdió camino a la imprenta.

Los diputados Darío Vivas y Rafi Souki, junto con la denominada Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Fevacu) fueron los impulsores de esta iniciativa legal a la que se le critica principalmente dos omisiones: no haber incluido la obligatoriedad de otorgar tarjetas de crédito a los mayores de 60 años para –entre otras cosas– permitirles acceso a las divisas de Cadivi, y no haber incluido la reincorporación de las prepagadas como instrumento de pago en el exterior, lo que deja en el limbo a muchos venezolanos.

El señuelo publicitario de esta nueva normativa se fundamenta en la reducción del cobro de comisiones por servicios financieros, la denominada "inversión de la carga de la prueba" y la prohibición de cobrar intereses sobre intereses (anatocismo).

Llama la atención que el Tribunal Supremo de Justicia se había pronunciado acerca de los dos últimos puntos para responder una acción interpuesta por la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, por lo que desde hace meses ambos problemas se habían resuelto.

Inocente por naturaleza

La inversión de la carga de la prueba –estipulada en el artículo 50– libera a los usuarios de la responsabilidad de tener que aportar pruebas y demostrar veracidad en los casos de denuncias de robo, clonación u otros tipos de fraude con tarjetas magnéticas o electrónicas.


Anteriormente, los bancos podían lavarse las manos ante estas denuncias y dejarle a sus clientes el peso de comprobar su inocencia. En la actualidad, la banca debe partir de la veracidad de la denuncia y tomarse el trabajo, en los casos en que corresponda, de demostrar que es falsa o improcedente.

En cuanto al cobro de intereses sobre intereses la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras determinó que todos los bancos deben tener una fórmula única para el cobro de intereses en las tarjetas de crédito y evitar el anatocismo.

En lo que respecta al cobro de comisiones hay que recordar que el Banco Central de Venezuela las tiene congeladas desde hace más de un año. Sin embargo, con la nueva ley queda prohibido cargar a los tarjetahabientes los gastos de cobranza, los de mantenimiento o renovación del plástico y los de emisión de estados de cuenta, tal como lo señala el artículo 6.

Otro de los artículos que recibió críticas desde algunos sectores fue el que establece que es obligación del banco dotar en calidad de préstamo de uso los equipos electrónicos que constituyen los puntos de ventas en los comercios. El argumento en contra sostiene que al otorgarse de manera gratuita el equipo el establecimiento no se sentirá comprometido a cuidarlos. Se teme que a la larga los bancos dejarán de invertir en este tipo de servicios que debe contar con alta tecnología para evitar las prácticas fraudulentas.

La solución que encontraron los parlamentarios fue incorporar una disposición que establece que los negocios afiliados deben resguardar los puntos de pago electrónico.

La oferta sí vale

El mismo artículo tiene como aspecto positivo el hecho de poner fin a la larga diatriba entre usuarios y establecimiento a la hora de pagar las ofertas vigentes en las mercancías. A partir de ahora los locales no podrán cobrar recargos por el uso de instrumentos de crédito, débito, tarjetas prepagadas u otros sistemas de financiamiento electrónico.


La banca también deberá instalar en sus 5.692 cajeros automáticos sistemas de seguridad como identificación biométrica, video o fotografía del rostro, sin que se vea el teclado, como medidas para prevenir el fraude.

En el artículo 57 señala que las instituciones financieras, abogados, gestores de cobranzas o agencias de recuperación no podrán recurrir a prácticas abusivas, hostigamiento o acoso para el cobro de acreencias. Queda prohibido el uso de avisos electrónicos o pregrabados enviados vía telefónica o cualquier medio en horario distinto al establecido en la ley.

Tampoco podrán ejercer cobranzas mediante publicaciones impresas en medios de circulación, excepto en caso de notificaciones judiciales.

Expediente borrado

El instrumento legal indica en el artículo 30 que los bancos no podrán negar el otorgamiento de tarjetas de crédito a personas que en el pasado hayan tenido cuentas en mora. Aunque se distingue que el emisor podrá estudiar cada caso y solicitar las garantías necesarias que respalden el crédito otorgado se enfatiza que en ningún caso podrá ser del tipo hipotecario. No especifica de qué clase de garantías se trataría.


Hay quienes señalan que tal obligatoriedad podría a la larga incidir sobre los buenos pagadores, pues la estructura de crédito se dañaría por el alza de la morosidad. Esto se fundamenta en que 80% del dinero que los bancos prestan pertenece a los usuarios y son precisamente estos recursos los que se colocan en riesgo.

Este artículo se complementa con el que prohíbe que las instituciones intercambien información sobre los antecedentes financieros de los clientes, aspecto que preocupa no sólo a los bancos sino a la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores que han señalado que tal decisión podría incidir negativamente en la bancarización, pues las entidades hallarán la manera de restringir el acceso al crédito a través del plástico para evitar que aumente la morosidad.

 






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