HRW: UNA DÉCADA DE CHÁVEZ (I)

Por Venezuela Real - 22 de Septiembre, 2008, 14:21, Categoría: Imagen gobierno / Chávez

Carlos Crespo
TalCual
22 de septiembre de 2008

La toma de la justicia
En su informe sobre la década de Chávez, Human Rights Watch asegura que el Ejecutivo "copó" al Poder Judicial y recomienda "legitimar" a los magistrados del TSJ
La aprobación de la Lotsj en 2004 derivó en un tribunal complaciente que, decide siempre a favor del Gobierno en los fallos controversiales

E n su informe titulado "La década de Chávez" la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) asegura que el área en la que han ocurrido las "mayores violaciones" contra el principio de independencia de los poderes ha sido en el sistema judicial, esto a raíz de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Lotsj), que le permitió a Chávez "anular" a los tribunales nacionales.

El texto analiza en profundidad cinco áreas de los casi 10 años de Gobierno de Chávez y su publicación en el país provocó la expulsión del director de la organización para las Américas, José Miguel Vivanco. Los capítulos del informe son: discriminación política, los medios, los sindicatos, la sociedad civil y las cortes. Este último es el que se analiza en esta primera entrega. Según el controversial informe el aumento de integrantes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 20 a 32 magistrados en 2004 le permitió al primer mandatario "copar" este organismo, así como designar o remover cientos de jueces "complacientes" con el Gobierno. Esto ha hecho que el TSJ decida de acuerdo con los intereses del Ejecutivo en los casos más controversiales, como el de la Reforma Constitucional.

MÁS DE LO MISMO

El capítulo "Las cortes" del informe de la ONG comienza indicando que los cuestionamientos al Poder Judicial son de larga data. De hecho se recuerda que por muchos años éste tuvo como características "el tráfico de influencias, injerencias políticas y, sobre todo, corrupción", incluso la organización pudo entrevistar al ex fiscal general Isaías Rodríguez, quien recordó que el máximo tribunal administrativo del país había establecido "tasas" para determinados casos.

Con la aprobación de la Constitución Nacional (CN) de 1999 se iniciaron reformas que la organización considera positivas, como la creación del TSJ y la designación de sus miembros por periodos de doce años, así como la obligación de que su nombramiento y destitución fuesen aprobados por dos tercios de la Asamblea Nacional (AN).

Sin embargo, la polarización política no tardó en llegar al Tribunal y para el 2004 –año que HRW considera definitorio– la máxima instancia judicial del país estaba dividida, casi por la mitad, entre detractores y partidarios del Presidente. Ante este escenario el Gobierno consideró necesario tomar control del TSJ.

Según el texto esto se logró mediante la Lotsj aprobada en 2004, que le permitió a Chávez nombrar 12 magistrados "aliados del Gobierno", adicionales a los 20 existentes, bajo la excusa, según la entrevista al ex presidente de la institución Iván Rincón, del "exceso" de trabajo de los jueces: "En el mejor de los casos puede considerarse que esta justificación es poco convincente", señala el informe.

Igualmente, HRW destaca la destitución de Franklin Arrieche -el magistrado encargado de la ponencia que absolvió a cuatro militares por los sucesos de abril de 2002con soporte en la nueva Ley, a sólo un mes de su promulgación. Asimismo, se resalta la jubilación de los magistrados Alberto Martín Urdaneta y Rafael Hernández, quienes abandonaron al Tribunal "ante la posibilidad de ser suspendidos por plazo indefinido como consecuencia de la nueva Ley". Todos ellos fueron reemplazados por magistrados de tendencia oficialista.

Esto degeneró en un tribunal "complaciente" que en los fallos controversiales decide a favor de los intereses del Gobierno. El informe coloca como ejemplo de esta afirmación la impugnación de la Lotsj, que fue decidida negativamente por los mismos magistrados que entraron gracias a ella, y la negativa de la Corte a decidir sobre la Reforma Constitucional, alegando que primero debía aprobarse para ser objeto de revisión.

DERECHOS SIN PROTECCIÓN

De acuerdo con el director para las Américas de HRW, la ocupación del Poder Judicial por el Ejecutivo trajo como consecuencia que "los intereses políticos" solaparan la lucha por los derechos humanos. De acuerdo con el informe de la organización, esto se vio con claridad en casos como el de RCTV, donde todavía no ha habido una decisión definitiva: "El TSJ no protegió estos derechos fundamentales, sino que postergó la adopción de una sentencia definitiva y se negó a dictar una medida cautelar para proteger a los accionantes".

Igualmente, se denuncia la jurisprudencia en materia laboral del TSJ. El texto indica que la instancia ha evitado fallar sobre la "intervención" del Ejecutivo en elecciones gremiales, lo que ha tenido como resultado que "el Gobierno continúe violando el derecho básico de los trabajadores a elegir libremente sus autoridades".

El estudio concluye con la presentación de varias recomendaciones sobre estos temas. Aunque aseguran que no será fácil "revertir el daño", proponen una "ratificación" de los 12 magistrados ingresados en 2004 por una mayoría de dos tercios de la AN, aunque no especifican mediante qué mecanismo. También recomiendan sacar los artículos de la Lotsj que "socavan" la independencia del máximo juzgado y resolver rápidamente los recursos relacionados con derechos fundamentales.







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