Todos con casa en 30 años

Por Venezuela Real - 22 de Septiembre, 2008, 12:10, Categoría: Vivienda

Ender Marcano
TalCual
22 de septiembre de 2008

Venezuela tiene un déficit habitacional de más de dos millones de viviendas. El gobierno se ha puesto como meta construir 200 mil por año, pero durante la actual gestión sólo ha concluido 233 mil

En un foro organizado sobre las ventajas de la nueva Ley de Vivienda y Hábitat, organizado por el Psuv, el viceministro de Seguridad Social, Jesús Farías, dijo que la solución al grave problema habitacional del país podría concretarse dentro de 20 ó 30 años.

Las estadísticas aceptadas por el gobierno indican que Venezuela tiene un déficit habitacional de más de dos millones de viviendas. El gobierno se ha puesto como meta construir 200 mil por año, pero en los nueve años de gestión sólo ha concluido 233 mil.

La afirmación del viceministro Farías, resalta el hecho de que la falta de viviendas es uno de los mayores problemas que aquejan a los venezolanos. Dentro del paquetazo de las 26 leyes habilitantes se aprobó la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda Hábitat (Lrpvh), con la que el gobierno pretende impulsar las construcciones, pero otros actores la consideran perjudicial porque es un texto que no solucionará nada.

Con este nuevo instrumento jurídico todas las políticas relacionadas con el sistema de vivienda quedan supeditadas al Ministerio de Vivienda y Hábitat (Mivh), por lo tanto quienes lo critican lo califican como centralista.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Franciso Neri, ha dicho que asignar todo el poder al Estado para regular e intervenir el sector, sólo aumentará la incertidumbre y los escollos presentes en la construcción de viviendas. "Ningún país del mundo ha podido resolver unilateralmente esta tarea, mucho menos en un marco de rigidez absoluta".

Pero el Coordinador del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, José Mendoza, no lo ve de la misma manera. Él dice que esta nueva ley busca una planificación macro, una coherencia con el plan de desarrollo nacional. "Lo que se busca es fijar parámetros, una regulación, no un control absoluto.

Aquí la descentralización mal entendida ha creado institutos en los municipios que han hecho esfuerzos en direcciones contrarias, eso es lo que se quiere e! liminar"..

En el artículo 3º de la nueva normativa se declaran "de utilidad pública e interés social todos los bienes y servicios susceptibles de ser empleados en la planificación, producción y consumo en materia de vivienda y hábitat...". Los detractores consideran que con esto se vulnera el derecho a la propiedad privada en todos los eslabones de la cadena de construcciones habitacionales. "El ministerio tendrá potestad sobre la regularización de la tenencia de la tierra y competencia para entregar derechos y títulos de adjudicación", argumenta Neri.

Mendoza dice que con este artículo no se quiere vulnerar la propiedad privada, y básicamente está dirigido al sector de la construcción, encargada de suplir los equipamientos necesarios para llevar a cabo los planes habitacionales. "El gobierno tiene que asegurar que no haya acaparamiento de partes como ventanas, ornato, puertas, todos esos elementos que son necesarios para desarrollar las casas. Hay que eliminar las trabas".

Para asegurar esos elementos el Estado podría, tal y como hizo con las cementeras y la siderúrgica Sidor, expropiar dichas empresas, según explicó Mendoza. "El derecho de propiedad tiene sus límites, el interés del colectivo está por encima del individual".

PARA EL AÑO QUE VIENE

Hay dos figuras dentro de esta ley que se han publicitado bien por parte del gobierno, como son el crédito 100% y los créditos mixtos.

Los primeros obligan a las instituciones financieras a otorgar financiamiento por el precio total del inmueble. Los segundos permiten a las personas obtener créditos para adquirir un terreno y posteriormente otro para la construcción de la vivienda sobre dicho terreno.

Aunque ya hay ciudadanos que han solicitado estas figuras en los bancos, aún no se están otorgando porque hacen falta las resoluciones que determinen los aspectos técnicos. Es necesario que se establezcan cuáles serán! los topes de financiamiento y a qué personas irán dirigidos.

Así como los créditos, el resto de las normativas por las que se regirá esta ley deben ser elaboradas por el ministerio, proceso que tardará algunos meses, dependiendo de la celeridad con que trabaje. La ley como tal entraría en vigencia en los primeros meses del año que viene.


 





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