"Después de la CAN, los medicamentos quedaron sin patentes"

Por Venezuela Real - 24 de Septiembre, 2008, 11:02, Categoría: Economía

VANESSA PÉREZ DÍAZ
El Nacional
24 de septiembre de 2008

Entrevista » Franklin Hoet-Linares
Dos años después de que el país denunció el Acuerdo de Cartagena, el SAPI decidió restituir la Ley de Propiedad Industrial que data de 1956 y excluye a las patentes para medicamentos, bebidas y alimentos

El 17 de septiembre de 2008 el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, conocido como SAPI, publicó en un diario de circulación nacional un escueto aviso en el que informaba que Venezuela restituyó la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial que data de 1956 en sustitución del Acuerdo de Cartagena, un convenio suscrito en 1997 por los países que integraban la Comunidad Andina de Naciones. El anuncio surge dos años después de la salida de Venezuela de la CAN, período durante el cual el Gobierno nunca precisó qué normativa debía regir los procedimientos para seguir registrando marcas y patentes.

De acuerdo con el bufete de abogados Hoet-Peláez Castillo & Duque, cada año se solicita el registro de 30.000 marcas y 2.500 patentes aproximadamente.

En el supuesto caso de que el SAPI hubiese aprobado la totalidad de lo solicitado por año cerca de 60.000 registros de marcas y 5.000 patentes, hechas en los últimos dos años, habrían perdido vigencia porque fueron aprobados según la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, un marco legal que hoy Venezuela desconoce.

"El aviso del SAPI no es suficiente para guiarse jurídicamente en materia de propiedad intelectual. Primero, porque no tiene ningún basamento legal; segundo, porque no puede usurpar funciones legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional; y tercero, porque el Tribunal Supremo de Justicia aún no se ha pronunciado sobre un recurso de interpretación del artículo 153 de la Constitución que establece que las normas adoptadas en acuerdos de integración `serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna’, que fue solicitado por la Asociación Venezolana de Exportadores", dijo el abogado Franklin Hoet-Linares.

Además del vacío legal que existe entre abril de 2006, fecha en que Venezuela se retiró de la CAN, y septiembre de 2008, cuando el SAPI publicó el aviso; la restitución de la Ley de Propiedad Industrial de 1956 representa la puesta en funcionamiento de una normativa que fue creada hace 52 años y que desconoce las patentes para medicinas, bebidas y artículos alimenticios, preparaciones farmacéuticas, combinaciones químicas, circuitos integrados (informática) y microorganismos.

"El artículo 153 de la Constitución quiere decir que las decisiones de la CAN en materia de propiedad intelectual privan sobre la ley venezolana. En el marco legal internacional se protegía el registro de productos farmacéuticos. Cuando nos retrotraen a la ley de 1956 la normativa elimina la protección de este tipo de productos. Las patentes de medicamentos se descartaron al salir Venezuela de la CAN.

Como ciudadanos ahora tenemos menos salud. ¿Cómo se identificará cuál es el fármaco con la fórmula original y cuál es la copia?", señala Hoet-Linares.

Con la ley del año 56, explicó el abogado, los venezolanos no podrán denunciar cuándo un medicamento es ilegal porque los organismos encargados de la protección al consumidor dirán que los fórmulas farmacéuticas están fuera de la normativa.

Inseguridad jurídica

Con la promulgación de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena la vigencia de las concesiones para patentes se redujo de 15 a 10 años.

Cuando existen dos normativas paralelas, destacó Hoet-Linares, es complejo definir en qué momento caduca la licencia obtenida.

"Supongamos que hoy nos llega una renovación de concesión. Como la directora del SAPI acaba de decir que en Venezuela se aplica la ley de 1956, entonces puedo confiarme de que tengo 5 años más para hacer uso de esa licencia y no hago el proceso de renovación.

Mientras pasan los años imaginemos que sale la decisión del TSJ y dictamina que el registro de marcas y patentes debe hacerse según la Decisión 486. Inmediatamente lo que se piensa es que pasaron los 10 años que prevé el Acuerdo de Cartagena para un concesión. En conclusión, no hay patente ni tampoco marca. Si esto sucede realmente, todo lo que se construyó a partir de las decisiones del pacto andino después de abril de 2006 es nulo", precisó el abogado.

Los dos años de silencio que mantuvo el Gobierno en materia de propiedad intelectual generaron incertidumbre entre las empresas y personas naturales cuya solicitud de registro fue aprobada o se encuentra en espera para su aprobación.

Carlos Pacheco, del bufete Hoet-Peláez Castillo & Duque, informó que son más las solicitudes en espera que las aprobadas. "El SAPI no ha concedido patentes desde 2004. El número de solicitudes no encuentra una respuesta positiva o negativa de la administración. Como esa cantidad de documentación se está represando, lo que hace el SAPI es buscar vías alternas para denegar esas solicitudes bien sea por una extinción de prioridad o a través de resoluciones en las que alegan que los trámites incumplen cualquier paso.

Con decisiones sin fundamentos están tratando de salir de las solicitudes".

La mayoría de las patentes que ingresaron al SAPI en 1998 (modelos de utilidad o diseño industrial) caducarán este año sin ser aprobadas o negadas por el organismo. Pacheco enfatizó que el SAPI estafó a este grupo de solicitantes al mantenerlos durante 10 años esperando por una decisión. "Lo lamentable es que 90% de las solicitudes de patentes por modelos de utilidad o invención casera es de venezolanos. En el área de diseño industrial el porcentaje de peticiones nacionales llega a 50%. Esto es un desestímulo a la creatividad", señaló Pacheco.

Magia internacional

A pesar de que en Venezuela existe poca claridad jurídica en materia de propiedad intelectual existen máximas internacionales que el país ha aceptado. Un ejemplo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que en su artículo 27 expresa: "Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora".

A juicio de Hoet-Linares, proteger la inventiva humana es un derecho del que se beneficia hasta el Estado.

"Los venezolanos deben exigir que se les reconozca como creadores y exportares de lo inventado. Las innovaciones de entes públicos como el Intevep o el IVIC no son una excepción. Lo que se está pidiendo es un derecho básico promulgado por la ONU", expresó.

El abogado destacó que Venezuela ha firmado un sinfín de tratados internacionales que tienen como norte la protección de la propiedad intelectual. Una larga lista que incluye al acuerdo de Marrakech, de Berna, de París, los convenios de Derecho de Autor y el de Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada hacen creer que el país está blindado contra la copia ilegal. Esta creencia es reforzada con el ingreso a la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la aceptación del Acuerdo TRIPS (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio).

"Existe una total contradicción. Creemos que estamos sumamente protegidos porque el Gobierno asegura frente al mundo que cumple con la normativa internacional en propiedad intelectual, pero en la práctica estamos muy alejados de esa realidad. Además del auge de la piratería surgen leyes como la Locti que promueven el desarrollo de creaciones, las cuales no estarán protegidas por la ley de 1956", indicó Hoet-Linares.

Dicotomía bolivariana

El hecho de que se firmen tratados internacionales que protegen la propiedad intelectual mientras el SAPI retiene miles de solicitudes de registros de marcas y patentes hace creer a HoetPeláez que existe una dicotomía entre los funcionarios de la Cancillería y los empleados del SAPI.

"Mientras en el Ministerio de Relaciones Exteriores firman acuerdos internacionales, desde hace tres años el SAPI no aprueba patentes para productos farmacéuticos. Cuando se van a pedir formularios lo que informan es que no hay material. Hay un racionamiento en el organismo y no entendemos la razón porque el registro recibe mucho dinero", dijo el abogado.

Hoet-Linares es optimista y confía en que el Ejecutivo no está al tanto de la realidad que se vive en el SAPI. Asegura que ni siquiera los magistrados del TSJ han leído el aviso oficial que el organismo publicó el 17 de septiembre pasado. Esperanzado, confiesa que una vez que los altos funcionarios del Gobierno conozcan el vacío legal existente en materia de propiedad intelectual habrá un pronunciamiento del TSJ o del Parlamento. "Amanecerá y veremos", concluyó.








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