HRW: UNA DÉCADA DE CHÁVEZ (III) - Nuevas formas de discriminación

Por Venezuela Real - 24 de Septiembre, 2008, 12:31, Categoría: Derechos Humanos

Carlos Crespo
Tal Cual
24 de septiembre de 2008

Human Rights Watch considera que la exclusión política aumentó durante el Gobierno de Chávez a través de instrumentos como las listas Maisanta y Tascón

El Poder Ejecutivo en los últimos diez años ha añadido formas de discriminación más sofisticadas a las practicadas por gobiernos anteriores, entre estas se encuentra la aparición de las listas Tascón y Maisanta, así como su implementación en diferentes instituciones públicas, entre las que se incluye el despido de más de 18 mil trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por la huelga de diciembre de 2002.

Esta es la principal conclusión del capítulo "Discriminación política" del informe de la organización Human Rights Watch (HRW) "Una década de Chávez". En el texto se asegura que el proceso de clientelismo partidista iniciado en años anteriores se vio sistematizado a través de la creación de listas discriminatorias que le permiten al Ejecutivo conocer e individualizar a sus adversarios políticos.

LISTA DIGITAL

Según el informe de HRW, aunque el clientelismo político fue "una característica dominante del (...) Pacto de Punto Fijo" y la elección de Chávez se dio básicamente sobre la esperanza de la inclusión de los más desfavorecidos, el nuevo Gobierno sustituyó las viejas prácticas "con sus propias formas de discriminación contra adversarios políticos".

La organización no gubernamental identifica a 2004 como el año de la consolidación de la discriminación como estrategia política. Recuerda HRW que ésta surgió a raíz de la petición del propio Presidente de obtener el listado de las personas que firmaron la petición de referendo revocatorio en su contra y que fue puesta a disposición del público, a través de Internet, por Luis Tascón, representante de su comando de campaña.

En octubre de 2003 el propio Chávez ya había advertido a sus detractores que iban a quedar registrados si firmaban la petición: "Estarán firmando contra la patria (...) Quedará registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre, su apellido, su firma, su número de cédula y su huella digital". Posteriormente, ante las elecciones parlamentarias de 2005 apareció un nuevo listado, en forma de software, denominado la "lista Maisanta", que contiene clasificaciones políticas más específicas sobre todo el padrón de votantes, como su inclinación política y sus hábitos electorales.

El Gobierno disponía ahora de una inmejorable data de sus adversarios políticos y no dudó en usarla a través de las instituciones del Estado. El informe registra varias declaraciones que hicieron funcionarios públicos en este sentido.

Entre éstos menciona al ex ministro de Salud, Roger Capella, quien aseguró que "los únicos médicos que prestarán servicio (...) serán galenos camaradas, comprometidos con el proceso revolucionario".

Igualmente, son reseñadas declaraciones del ex presidente de Pdvsa, Alí Rodríguez Araque, en las que indica que "no causaría extrañeza" que los trabajadores que firmaron las peticiones fueran despedidos. Por último, se menciona una declaración del propio Chávez en donde éste admite que la lista Tascón se usó en los organismos públicos: "La famosa lista seguramente cumplió un papel importante en un momento determinado, pero eso pasó", dijo en abril de 2005.

PDVSA Y FOGADE

La puesta en práctica de los mecanismos de segregación política tuvieron su máxima expresión en Pdvsa. HRW recuerda que de la petrolera fueron despedidos más de 18 mil empleados, después de que se sumaran a una huelga contra el Gobierno: "Pdvsa creó listas negras con los nombres de los trabajadores despedidos para impedirles el acceso a empleos en el sector petrolero". El informe señala que las subsidiarias y contratistas de la empresa fueron obligadas a aplicar el mismo esquema discriminatorio, presentando como pruebas comunicaciones de la estatal a estas empresas.

Varios fueron los funcionarios que promovieron estas iniciativas.

Entre estos el estudio menciona un discurso del actual presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, quien en noviembre de 2006 aseguró que quien "no se sienta cómodo" con el Gobierno dentro de Pdvsa es necesario "que le ceda su puesto a un bolivariano (...) la nueva Pdvsa es roja rojita, de arriba a abajo".

Asimismo, se menciona unas declaraciones del ministro del Trabajo, Roberto Hernández, en las que asegura que de Pdvsa salieron "23 mil delincuentes". A pesar de los pronunciamientos de la OIT sobre la ilegalidad de los despidos, los trabajadores siguen sin recibir ningún tipo de reparo.

El otro caso importante de discriminación que es mencionado fue el despido de 80 trabajadores del Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade). Según recuerda el texto, en esta institución se elaboró una complicada lista que clasificaba a sus 500 empleados en seis categorías políticas distintas, según su adhesión o no al Gobierno. El presidente de la institución para aquel entonces, Jesús Caldera Infante, aseguró que los despedidos serían sustituidos por funcionarios "que se acoplaran al proyecto de Gobierno".

Quizás los casos más simbólicos de la efectividad de los listados reseñados en el informe sean la aparición de un anuncio de Trical, una contratista de Pdvsa, en el que se solicitaba a un empleado "que no esté señalado de oposición, que no esté presente en las listas públicas como enfrentado al Gobierno y que sea afecto a él". Y el caso de Juana Bautista, de 98 años de edad, a quien se le negó las medicinas que recibía del Ejecutivo por firmar la petición contra Chávez.






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