La Justicia Militar como instrumento del Presidente

Por Venezuela Real - 25 de Septiembre, 2008, 11:23, Categoría: Temas Militares

ROCÍO SANMIGUEL
TalCual
25 de septiembre de 2008

Ha comenzado la cacería de brujas en la Fuerza Armada Nacional. Nuevamente son utilizados algunos militares para grabar conversaciones que destapan supuestos planes conspirativos. Algunos graban, otros dicen tonterías.

Las visitas domiciliarias –la mayoría de éstas intimidatorias solamente– están a la orden del día, especialmente en Maracay. Aparecen funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), piden entrar en los inmuebles pertenecientes a militares –registran un poco–, a veces sólo se sientan un rato a mirar o abren el refrigerador y se sirven ¨lo que encuentran¨ como si estuviesen en su casa y se despiden sin mayores incidentes. Otra de las modalidades intimidatorias es la citación a declarar a la DIM o ante el Fiscal Militar designado, para que explique quien es citado, qué vinculación tiene con un supuesto plan magnicida o golpe de Estado.

En Venezuela, la Justicia Militar no es independiente e imparcial, en tanto permite la intervención del Presidente de la República en distintas fases del procedimiento. Adicionalmente está guiada por los principios de obediencia y subordinación propios del mundo castrense. En pocas palabras: ¿qué subalterno –fiscal o juez militar– puede negarse a cumplir una orden impartida por el Presidente-Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ahora con rango militar? Tres elementos básicos de la justicia: a) el derecho a la defensa, b) el derecho al debido proceso; c) así como el reconocimiento de la presunción de inocencia, no están siendo garantizados en este momento dentro de la Fuerza Armada Nacional, a quien por cualquier incidente se ve de la noche a la mañana impactado por una justicia militar que recibe instrucciones del Presidente. Toda la oficialidad está bajo sospecha, especialmente aquella que es vista como institucional y se encuentra sin cargos por disposición del Presidente de la República.

Agrava la situación, la ausencia de transparencia y la falta de acceso a la información sobre el funcionamiento del sistema de justicia militar en Venezuela, que es restringido y de imposible acceso para la ciudadanía. Con la circunstancia añadida de que la Fiscalía Militar no ha desarrollado un manual de procedimientos que permita de manera clara determinar los artículos aplicables del Código Orgánico Procesal Penal y del Código Orgánico de Justicia Militar en los juicios militares, colocándolo a disposición de los acusados.

A todo lo anterior hay que sumar la aplicación de castigos disciplinarios en la Fuerza Armada Nacional, según quedan establecidos éstos en el Reglamento respectivo, los cuales encuentran un margen muy amplio de interpretación y discrecionalidad por el encargado de instrumentar su aplicación, habiéndose generado a la fecha denuncias por excesos incompatibles con un régimen de garantías mínimas en materia de derechos humanos.

En pocas palabras, se repite en Venezuela la utilización del sector militar por parte del poder político en ejercicio, con la instrumentación de la justica militar inclusive, para dejar en claro quién manda en este país y para patentizar la soledad en la que se encuentran en definitiva los militares –sin el auxilio de ningún mecanismo de control democrático– que garantice su sobrevivencia en el tiempo.






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