HRW: UNA DÉCADA DE CHÁVEZ (Y V) - Sociedad civil bajo acoso

Por Venezuela Real - 26 de Septiembre, 2008, 14:35, Categoría: Derechos Humanos

Carlos Crespo
TalCual
26 de septiembre de 2008

Para HRW el Gobierno de Chávez ha discriminado y hostigado judicialmente a las organizaciones de derechos humanos, obstaculizando su labor
El informe considera a la Conarepol como un caso excepcional de colaboración del Ejecutivo con la sociedad civil

Durante la presidencia de Chávez, los defensores de derechos humanos han sido objeto de acoso judicial, acusaciones infundadas destinadas a desacreditar su trabajo, e iniciativas discriminatorias para excluirlos de foros internacionales y restringir su acceso al financiamiento internacional".

Este es el balance que hace Human Rights Watch (HRW) en su informe "Una década de Chávez" sobre las políticas del Ejecutivo frente a organizaciones de derechos humanos. Según la ONG, organizaciones y activistas como Súmate, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carlos Ayala Corao, Liliana Ortega y Carlos Nieto han sido sujetos de amenazas y persecución judicial.

También se menciona la discriminación que ha ejercido el Gobierno contra ONG que reciben financiamiento desde el exterior, registrando el caso de Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi), a cuya directora, de nacionalidad alemana, le fue impedido asistir como delegada ante la ONU porque "quienes representan a la sociedad civil no pueden ser extranjeros".

EL ACOSO JUDICIAL

Para HRW las relaciones del presidente Chávez con las organizaciones de derechos humanos, en un inicio favorables, comenzaron a deteriorarse con las denuncias sobre los abusos de los cuerpos policiales en la tragedia de Vargas. Luego la conflictividad política llegó hasta las mismas ONG que "respaldaron las protestas callejeras y las actividades de huelga cuyo objetivo era forzar la renuncia del Presidente".

Ante esto el Gobierno acusó a estas instancias de promover un golpe de Estado y de ser financiadas "por el imperio". El malestar del Gobierno se manifestó en acciones concretas desde el Poder Judicial, que inició procesos penales "infundados" contra los integrantes de estas organizaciones: "Es perfectamente razonable que el Gobierno investigue acusaciones creíbles (...), siempre que las investigaciones se realicen con seriedad y con las correspondientes garantías del debido proceso".

Uno de estos casos es el de Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y abogado defensor de víctimas de este tipo de violaciones. A él se le acusó de participar en la redacción del "decreto Carmona", teniendo como única prueba artículos de prensa.

Posteriormente el mismo Estado pareció reconocer la debilidad de su acusación al alegar, a través de su representante en la OEA, que ésta se sustentaba en que no se había pronunciado contra el golpe. En diciembre de 2007 fue amnistiado por el Ejecutivo; sin embargo, el activista continúa solicitándole a la Fiscalía que despeje su situación jurídica.

Otro caso reseñado por el informe es el de Súmate, acusada por el Gobierno de "conspiración para destruir la forma republicana que se ha dado la nación", por recibir fondos de Estados Unidos. Ésto luego de que cuestionara los resultados electorales del referendo de 2004: "Si el uso de fondos (...) violaba las leyes de financiamiento de campañas de Venezuela, hubiera sido razonable que el Fiscal General solicitara una sanción apropiada", argumenta HRW.

También se menciona el caso del OVP. De acuerdo con HRW los activistas en materia carcelaria han sido especialmente "marginados" por el Gobierno. Entre estos se menciona el caso de Humberto Prado, investigado por el Ministerio de Interior y Justicia y acusado de organizar protestas dentro de las cárceles con fines "desestabilizadores". Luego de indicar que en Venezuela mueren unos 300 reclusos al año, HRW considera que son las condiciones carcelarias las causantes de las revueltas.

En el estudio se nombran los casos de Carlos Nieto, perteneciente a otra organización relacionada con la observación carcelaria, que recibió amenazas contra su hijo de nueve meses por parte de agentes policiales. También se hace referencia a las amenazas que ha recibido la directora de Cofavic, Liliana Ortega.

ONG DISCRIMINADAS

El caso más emblemático de esta discriminación es el de Accsi, una organización que trabaja a favor de las víctimas del sida. El Gobierno solicitó a la Organización de Naciones Unidas que se le negara su carácter consultivo pues había recibido fondos extranjeros "para desarrollar actividades políticas".

Aunque dos miembros de la organización participaron en la delegación venezolana, su directora no fue convocada por ser de nacionalidad alemana. El Ejecutivo también intentó excluir a Súmate, sin éxito, de las reuniones de la OEA en mayo de 2005 bajo argumentos similares.

La medida se basó en dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de 2000, que establecieron que las ONG con financiamiento externo no podían representar a la sociedad civil.

CONAREPOL : EXCEPCIÓN

El estudio rescata como experiencia positiva de colaboración entre el Gobierno y las organizaciones de derechos humanos la conformación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial.

El texto destaca el hecho de que la secretaria técnica de la instancia (Soraya El Achkar) era integrante de la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, y considera como logros la articulación plural de la instancia y las recomendaciones que incluyen métodos para la evaluación rutinaria de los departamentos de policía y la estandarización de sus métodos de formación. Sin embargo, señala que la experiencia no se repitió con otras denuncias sobre derechos fundamentales: "La comisión sobre la reforma policial es la excepción que confirma la regla", concluye el texto.






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