El trabajo periodístico tiene un corsé oficial

Por Venezuela Real - 28 de Septiembre, 2008, 11:30, Categoría: Libertad de Expresión

EL NACIONAL
28 de septiembre de 2008

Las fuentes estatales se cierran al escrutinio de la prensa
La conducta sistemática de los empleados públicos de discriminar el acceso a la cobertura de las informaciones termina por afectar a la ciudadanía
Las trabas para entrevistar a funcionarios y para obtener datos de instituciones públicas afectan el trabajo de los comunicadores

El cierre de las salas de prensa de instituciones como la policía científica y la Asamblea Nacional; la entrada selectiva de medios de comunicación a actos y ruedas de prensa de organismos públicos; las negativas a brindar información cuando se acredita como reportero de algún medio privado; encuentros en los que el funcionario habla rápidamente y se retira sin dar oportunidad de que sea interrogado.

Estas situaciones son parte de los impedimentos para el acceso a la información oficial con los que se topan los periodistas.

Un estudio del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), publicado en 2007, muestra que el principal obstáculo que estos profesionales encuentran para el cumplimiento de su trabajo es el cierre de las fuentes oficiales. De los entrevistados para el informe, 51% aseguró haber enfrentando algún incidente de limitación de acceso a estas fuentes recientemente.

Lo perjudicial, explica Luisa Torrealba, investigadora del IPYS, es que se está haciendo natural para los reporteros que no les permitan ingresar en las instituciones públicas o que alguna autoridad rechace darle entrevistas por el medio de comunicación en que trabaja. "Funcionarios de distintos estratos les niegan el acceso a ciertos medios alegando razones de seguridad o de capacidad de la sala. Si no, los hacen seguir el evento a través de un televisor que está transmitiendo la señal del canal del Estado. Se le impide al periodista acercarse al funcionario para hacer preguntas. Buena parte de estas restricciones vienen por personal de seguridad o militares que custodian las instituciones", manifiesta.

La creación del Sistema Integral de Comunicación e Información de los Órganos y Entes de la Administración Pública, mediante decreto del Consejo de Ministros en 2006, estableció que las comunicaciones oficiales debían ser supervisadas por el Ministerio de Comunicación e Información.

Alonso Moleiro, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas, afirma que esa medida significó que el Estado se cerrara al escrutinio de la prensa. "Todas las vocerías se centralizaron. No se informa nada, salvo que haya autorización, y no se conceden entrevistas. El Gobierno introduce distorsiones que dificultan el trabajo periodístico porque no presenta datos.

Descalifica al vocero no por lo que dice, sino por el medio en el que lo dice. Para ellos, todo es una conspiración".

Marcos Hernández, presidente de la ONG Periodistas por la Verdad, dice que no es una política de Estado la restricción del acceso a las fuentes, aunque señala que en algunos organismos hay limitaciones: "Existe temor por la política agresiva de algunos medios. Los funcionarios piensan que el periodista busca dañarlo a él o a la institución. Algunos medios se han convertido en instrumentos políticos y no buscan información sino alguna rendija para atacar al Gobierno".

Torrealba lamenta que el derecho de petición aún no haya sido incorporado al ejercicio cotidiano del periodismo.

"Puede influir el desconocimiento de las leyes; o la dinámica del trabajo te hace buscar otra fuente porque te rechazan la solicitud o te dicen que sólo el ministro puede hablar del tema", afirma.

Pese a que el ejercicio de estos derechos no es parte formal del programa de estudio de los periodistas, algunas materias confrontan a los estudiantes con la necesidad de solicitar información a los organismos públicos. Tiziana Polesel, directora de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB, y Miguel Ángel Latouche, su par en la UCV, sostienen que hay asignaturas que le enseñan a los estudiantes el uso de las leyes que protegen su labor.

La posibilidad de que la regulación sobre el acceso a la información se incluyera en una posible reforma de la Ley de Ejercicio del Periodismo, preocupa a los comunicadores. "Cuando se limita el acceso a la información sobre asuntos relacionados con salud, economía o seguridad ciudadana, se está vulnerando el derecho de las personas de estar informados para poder tomar medidas", apunta Torrealba. Con las restricciones, añade, no sólo se viola la libertad de prensa, sino el derecho de los venezolanos de conocer informaciones de su interés, a las cuales sólo pueden acceder a través de los medios.





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