El derecho al revés

Por Venezuela Real - 1 de Octubre, 2008, 11:23, Categoría: Estado de Derecho

Alberto Arteaga Sánchez
El Universal
01 de octubre de 2008

En el caso de Nixon Moreno es al país asilante al que compete calificar el hecho

Sin duda alguna, en Venezuela el derecho está al revés. Cuatro casos ilustran a las mil maravillas lo expresado. El maletín. Este caso se investiga en la Argentina por lavado de dinero y contrabando; hay una orden de captura y una solicitud de extradición contra Antonini Wilson. Nada de esto funcionará, porque EEUU no entregará a uno de sus ciudadanos y, de hacerlo, el caso quedará sepultado bajo las sombras del interés político del gobierno.

En Venezuela, por su parte, el caso ha debido investigarse, por haber salido el dinero del país, embarcado con funcionarios vinculados a Pdvsa y proveniente, según vehementes indicios, de esa empresa del Estado, encontrándose elementos de convicción en nuestro territorio, además de las evidencias que pueden recabarse en Florida, como es el caso de las grabaciones y otros recaudos que pueden ser solicitados, apelando al Convenio de Cooperación Internacional en Materia Penal suscrito con EEUU. Por supuesto, la entrega de Durán, Kauffman y Antonini es una mera ilusión.

El intento de magnicidio

Utilizamos expresiones que no responden a nuestra realidad jurídica. El magnicidio es un hecho consumado, abominable, de un homicidio de un Jefe de Estado, pero sólo hay intento cuando se realizan acciones que implican comienzo de la ejecución del comportamiento homicida. Si se trata de "planes de magnicidio" simplemente estamos ante actos preparatorios que no son punibles, según nuestro Código Penal.

Esos planes de magnicidio, sin duda, son condenables moralmente, reprochables en una sociedad respetuosa de los derechos humanos e inaceptables en una sociedad que haya superado etapas primitivas de venganza y de salvajismo. Vivanco En un Estado de Derecho un funcionario sólo puede hacer lo que le permite la ley. Si alguien es solicitado por un delito, lo procedente es la extradición y si un extranjero incurre en alguna de las expresas causales de deportación o de expulsión, proceden estas medidas, pero antes deben ser notificadas a los afectados a quienes la ley venezolana garantiza el debido proceso, esto es, el derecho a la defensa, a estar asistido por un abogado y a presentar sus alegatos. Sólo en una dictadura se procede como se hizo con Vivanco, sin observar lo que prevé la Ley de Extranjería y Migración de 2004, bajo el pretexto de la violación de la soberanía.


El asilo

Otorgado el asilo a Nixon Moreno por parte del Estado Vaticano, solo corresponde a Venezuela otorgar el correspondiente salvoconducto. Al país asilante compete calificar el hecho como político o no y ponderar las razones de la solicitud, a lo cual no obsta la calificación de los hechos por el Estado territorial, y si encuentra razones que avalen el pedimento, debe conceder el asilo sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de 1999. Cuestionar el asilo por presunciones de culpa o por alegatos políticos, ofende la dignidad del Estado asilante, desconoce una institución del derecho humanitario y lesiona las relaciones de convivencia de la comunidad de las naciones.






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