Gobernaciones estarán sometidas al Ejecutivo

Por Venezuela Real - 2 de Octubre, 2008, 10:30, Categoría: Política Nacional

LAURA HELENA CASTILLO / DAVID GONZÁLEZ
El Nacional
02 de octubre de 2008

ORDENACIÓN TERRITORIAL - La ley contraviene la Constitución y rescata conceptos de la reforma
Las autoridades regionales, definidas como agentes del Ejecutivo, impartirán directrices vinculantes a gobernadores y alcaldes

El proyecto de Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio, aprobado el martes en primera discusión por la Asamblea Nacional, otorgará carácter vinculante a las directrices impartidas por las autoridades regionales –que serán nombradas por el gobierno central– a las gobernaciones y alcaldías.

Así lo refiere el artículo 21 de las Directrices Vinculantes: "Las administraciones públicas estadales y municipales, y sus entes descentralizados funcionalmente, estarán sometidos a las directrices impartidas por las autoridades regionales para el logro de su objeto, debiendo colaborar activamente en la ejecución de los planes, proyectos y acciones calificadas como de importancia regional o nacional, en orden a la consecución de los fines del Estado".

Según el instrumento legal, la autoridad regional es designada por el Presidente de la República en cada región funcional, para "el desarrollo de políticas de ordenación y desarrollo del territorio".

Otro deber vinculante de las autoridades regionales es el control de los órganos de la administración pública nacional, con atribuciones en el ámbito territorial de la región.

Además, podrán proponer el nombramiento y remoción de los funcionarios del Ejecutivo nacional en la región.

La ley concibe las autoridades regionales como "agentes del Ejecutivo Nacional" en las regiones. Estos podrán, incluso, solicitar la colaboración de la fuerza pública de la región.

La figura, que estaba contemplada en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Administración Pública –aprobada vía Habilitante– y que ahora se inserta en el ámbito de la ordenación del territorio, se suma a las autoridades únicas de área y regiones estratégicas de defensa integral, como nuevas formas de administración política – todas nombradas por el Presidente–, en una situación que compromete las atribuciones de los gobernadores.

Esta autoridad se suma a la suprema, ejercida por el presidente; la nacional, que será ejercida por el Ministerio del Ambiente; la estadal, a cargo de los gobernadores; la municipal, ejercida por los alcaldes; la del distrito capital, a cargo del alcalde del distrito, y la autoridad distrital, que será designada por la autoridad regional. La propuesta de ley establece un mapa funcional con implicaciones en el mapa político-territorial que, en la letra, no se modifica.

Conceptos de la reforma.

El proyecto creará una serie de nuevas categorías de organización del espacio geográfico, que no están en la Constitución. El instrumento otorgará al Presidente la facultad de establecer regiones y distritos productivos, en ámbitos que podrán coincidir o no con los límites de los estados, municipios y dependencias federales.

Las unidades de ordenamiento tendrán atribuciones administrativas y ejecutivas.

Los distritos productivos se definen en el artículo 55 como espacios delimitados por el Ejecutivo Nacional con la finalidad de planificar y ejecutar las políticas estatales para el desarrollo de un territorio de acuerdo con sus características. Las regiones funcionales, según el artículo 54, serán unidades que integrarán ámbitos específicos para crear o consolidar cadenas productivas que fundamenten la estructura social y económica y los planes de inversión del Estado.

La fallida reforma constitucional propuesta por el jefe del Estado creaba la categoría de distrito funcional –una suerte de fusión de los términos propuestos en la nueva ley– en el aparte referido a la creación de una nueva división político territorial.

Podemos: Ley confisca el territorio

Podemos calificó de magnicidio contra la Constitución el proyecto de ley orgánica de ordenación y gestión del territorio, y advirtió que se trata de una confiscación del territorio. Ismael García dijo que confisca el principio constitucional que establece que la soberanía radica en el pueblo y que sólo se transfiere mediante el voto. "En esa norma se le otorga la facultad al Presidente de designar gobernadores y alcaldes paralelos en cada una de las regiones", señaló. Juan José Molina manifestó que con la declaratoria de utilidad pública todo lo que se encuentra en el territorio queda al uso del Ejecutivo. "Las tierras que usted posee ya no serán suyas, sino del Estado y podrá disponer de ellas cuando lo desee", expresó. Las críticas formuladas por diversos sectores fueron rechazadas por el presidente de la Comisión de Ambiente, Earle Herrera, quien aseguró que gobernadores y alcaldes mantendrán sus funciones, puesto que en sus estados y municipios seguirán siendo las máximas autoridades. "No tiene nada que ver con las competencias de gobernadores y alcaldes; pero, por ejemplo, cuando se habla de la Faja del Orinoco son cuatro estados, entonces se necesita una autoridad regional", indicó. Sobre la confiscación del territorio, Herrera lamentó las declaraciones de Molina y aseguró que la ordenación territorial es una necesidad pública y no está relacionada con la propiedad privada. Agregó que el proyecto será sometido a la consulta pública en los próximos días.







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