Portones de la muerte

Por Venezuela Real - 5 de Octubre, 2008, 20:16, Categoría: Seguridad/Inseguridad

JORGE CHÁVEZ MORALES 
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05 de octubre de 2008

Descartado el móvil político en homicidios de sindicalistas 

Javier es uno de los cientos de obreros desempleados que, con cara seria, mirada preocupada y rostro taciturno, se congregan frente a las puertas de un terreno en el que se construirá un enorme centro comercial en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Ni el sol inclemente ni el hambre lo amilana en su propósito de inscribirse en la lista de posibles contratados que elaboran varios dirigentes de un sindicato que se encargará de decidir quiénes ingresarán a trabajar en la construcción. Luego de una espera tumultuosa de más de ocho horas, por fin logró ser incluido en la lista, pero ahí no termina su sufrimiento. Ahora deberá conseguir en un plazo no mayor de siete días BsF mil 500 para pagar el cupo que los dirigentes sindicales le cobran por otorgarle el puesto de trabajo, porque de lo contrario, le dan el cupo a alguno de los cientos de desempleados en la lista de espera.

Asesinatos.

La venta de puestos de trabajo en el área de la construcción y petrolera por parte de las mafias sindicales, ha provocado en 2008, según información de nuestros corresponsales, el asesinato de 51 personas entre sindicalistas y obreros en seis estados del país. Además, en muchos casos la violencia sindical ha generado demora en la entrega de las obras y en no pocos el abandono de las mismas.


Según Lorenzo Labrique, miembro del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), esta cifra coloca a Venezuela como el segundo país más peligroso en el mundo para los sindicalistas luego de Colombia.

Aunque "todo el mundo" conoce de esta realidad, hasta ahora nadie se ha decidido a ponerle el cascabel al gato.

Cláusula mal aplicada.

"Este es un problema sumamente grave del que se tiene conocimiento hace varios años, pero hasta ahora nadie se ha decidido a darle solución.


Se presentan generalmente en las ciudades donde el Estado inicia obras de gran envergadura como puentes, líneas del ferrocarril o, en su defecto, donde la empresa privada construye grandes urbanizaciones, centros comerciales u otro tipo de obras", explicó Labrique.

El investigador de Provea está convencido de que el meollo de este asunto radica en la degeneración que ha sufrido un derecho legal de los trabajadores, que faculta a los sindicatos a coordinar con la empresa a fin de que ésta emplee 75% de los trabajadores propuestos por la organización.

"La cláusula número 53 del Convenio Colectivo del sector de la construcción establece que: `El empleador se compromete a solicitar del respectivo sindicato el 75% de los trabajadores que requiera’. Este derecho adquirido está siendo mal utilizado por personas que forman sindicatos y se apoderan de las obras en las cuales ellos deciden quiénes van a trabajar. Obviamente a los seleccionados les cobran dinero por el cupo", explicó Labrique.

El cupo.

La metodología que emplean los directivos de algunos sindicatos en estados como Bolívar, Anzoátegui, Carabobo, Miranda, Barinas, Zulia, Aragua, Mérida, Guárico, Lara y el Distrito Capital, es evidentemente ilegal.


Según la diputada Pastora Medina, quien ha formulado denuncias sobre estos casos desde el año pasado en la Asamblea Nacional (AN), los dirigentes sindicales se la pasan dando vueltas por las ciudades y, apenas observan el movimiento de tierras en una zona en la que se supone se iniciará una obra, comienzan a pintar en las paredes y portones el nombre de su sindicato.

"Inmediatamente toman el control del portón de acceso a la obra, destacan a 10 o 15 de sus hombres y no permiten que nadie ingrese sin su autorización. Luego, hablan con los dueños de la empresa constructora y les informan que el sindicato que representan será el encargado de facilitar la lista de obreros que trabajarán en la obra", sostuvo Medina.

Seguidamente, comienzan a anotar a los desempleados y, según el cálculo de la duración de la obra, fijan el cupo que tiene que pagar todo trabajador que desee ser contratado. Este pago puede variar desde BsF 300 hasta BsF mil 500 o más.

Como hay obras en las que se emplean 400, 500 o inclusive 5.000 trabajadores, el negocio se muestra verdaderamente tentador, tanto es así que despierta la ambición de otros sindicatos cuyos dirigentes, cuando deciden "tumbarle" la obra a otra organización, no dudan en emplear cualquier tipo de métodos, inclusive el sicariato.

"Estos seudosindicalistas, partiendo de acuerdos legales, crean mecanismos ilegales que luego los `institucionalizan’ para lucrarse de ellos", aseguró Pastora Medina.

Este tipo de acciones genera mucho miedo entre los empresarios, quienes se ven obligados a negociar debido a las presiones y amenazas de los sindicalistas. Los dueños de las constructoras también se han enfrentados con los consejos comunales y a la propia comunidad que quieren conseguir puestos de trabajo pero no están dispuestos a pagar por el cupo.

"Los empresarios simplemente les dicen que se entiendan con el sindicato porque ellos no pueden hacer nada. Además, en las obras los contratistas son obligados a contratar a cuatro o cinco familiares de los dirigentes del sindicato, pero éstos nunca trabajan, sólo se dedican a proteger los intereses de la organización sindical, pero a cambio reciben un pago que fluctúa entre dos y tres mil bolívares fuertes semanalmente", añadió Medina.

Aumenta costos.

Como esta práctica perversa se ha convertido en un lugar común, los empresarios suman a las cotizaciones los costos que saben que tendrán que pagar a los sindicalistas, por lo que el costo final de la obra aumenta muchas veces 5 o 10%. Como si esto fuera poco, los sindicalistas generalmente se ponen de acuerdo con los empresarios e hipotecan los derechos de los trabajadores recibiendo cierta cantidad de dinero por firmar un acuerdo en el que los únicos perjudicados son los obreros.


"Eso provoca que muchos empresarios abandonen las obras a medio construir porque se sienten huérfanos de apoyo. No existe una autoridad que tome al toro por los cachos y ponga fin a este chantaje. Es necesario que se estudie seriamente la cláusula 53 del convenio colectivo que da pie a este tipo

EN EL OJO DEL HURACÁN

Los sindicatos que en los distintos estados manejan el ingreso de los trabajadores por los portones de las obras y que han sido sindicados de cobrar dinero para colocar a los obreros en las listas de las empresas encargadas de las grandes obras del Estado o privadas y que se han visto involucrados en la espiral de violencia debido a que algunos de sus miembros han sido asesinados, son los siguientes: en Bolívar, Sutrabolívar, Suticbolívar, Sinatracón, Sutil, Sintracedeño, Sutrabonbac y Muralla Roja. En Miranda: UBT, Sovica, Sutil, Sintraince, CCT, Maisanta y Sinasoica. En el Zulia: Sintrabsu-Incomzu y Fetrazulia.





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