Productores deberán adecuarse a uso de tierras que decida el Gobierno

Por Venezuela Real - 5 de Octubre, 2008, 19:53, Categoría: Economía

CECILIA CAIONE / LAURA HELENA CASTILLO
El Nacional
05 de octubre de 2008

ORDENACIÓN TERRITORIAL La Asamblea Nacional evalúa no sancionar el instrumento antes de las elecciones del 23-N
El proyecto de ley es la primera fase de un plan a largo plazo, que finalizará en 2020
La tenaz esperanza del que siembra cocos está en juego.

En cualquier momento podría tener que incursionar en el negocio de la avicultura, si eso forma parte de la visión geopolítica nacional del gobierno de Hugo Chávez. El proyecto de Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio, aprobado esta semana en primera discusión en la Asamblea Nacional, declara de utilidad pública e interés social los asuntos relacionados con la distribución espacial del desarrollo económico y las normas relativas a la ordenación del territorio. Además, establece que el Ejecutivo determinará usos y potencialidades de las tierras que deben ser acatados por los productores, en función de un proyecto de país.

Manuel Briceño Méndez, presidente de la Subcomisión de Ordenación del Territorio y uno de los autores del instrumento legal, indica que los fines de utilidad pública ya están en el marco jurídico nacional, y que la ley estipula que debe haber una designación de uso de las tierras y sus potencialidades. "Los propietarios de las tierras tienen que darle una adecuación de uso y eso no afecta para nada el derecho a la propiedad. Se prevé un cambio de uso relacionado con la potencialidad que tiene el lugar. En otros países cuando alguien utiliza la tierra en un uso diferente a la potencialidad, tiene que pagar un impuesto", dice el parlamentario.

Briceño Méndez reconoce que el proceso no será sencillo: "Cuando la persona se acoja a una reconversión será beneficiaria de un incentivo económico. Sería errado decir que esto se decreta y ya todo el mundo tiene que cambiarse, porque para alguien que haga ganadería y tenga que dedicarse a sembrar implicará un costo de adecuación de sus instrumentos de trabajo".

"La ordenación territorial ha sido siempre de orden público.

Debe serlo. Lo que es un disparate es declarar de orden público las normas, como tales, como se hace en el artículo 3 del proyecto", explica Adriana Vigilanza, abogada y profesora de Imposición Municipal y Estadal.

Ley de transición.

A Hugo Chávez le gustan los mapas casi tanto como los marcadores con los que hace esquemas sobre aquellos. Aunque parece que estuviera diseñando el país a mano alzada, no es así.

Detrás de los dibujos hay un plan de desarrollo económico, la nación que ya empieza a perfilarse a través del catálogo de leyes aprobadas este año, bien vía Habilitante, bien en las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

El 19 de septiembre de 2006, Chávez lanzó el Plan Nacional Simón Bolívar-Primer Plan Socialista 2007-2013 que, en buena medida, calzaba como las piezas de un lego con la propuesta de reforma constitucional que fue derrotada en diciembre pasado. Ahora, el proyecto incluye algunos conceptos semejantes a los de la reforma, como las autoridades regionales por los vicepresidentes, y la región funcional por el distrito funcional.

En la exposición de motivos del instrumento legal se explica que la ordenación del territorio será aplicada en dos fases: la Década de Plata 20012010 y la Década de Oro 20112020, "que será la realización de la Revolución Bolivariana".

Con lo cual, esta ley es apenas la primera fase de un proyecto a largo plazo. "La Década de Plata, es la transición entre el socialismo y el comunismo. La exposición de motivos lo dice así, casi textualmente, aunque no hablan del comunismo. Luego, el fin de la Década de Oro es garantizar la concentración del poder político en Chávez. No es una ley para atacar la propiedad privada.

Para eso están otras leyes del paquetazo", dice Vigilanza.

Vigilanza considera que, como es una ley de transición, aún se dan ciertas competencias a los estados y municipios, pero se les crea una estructura paralela en la figura de las autoridades regionales. "Queda claro que el espíritu de coordinación y consulta que inspiraba tanto la ley de 1983, como la de 2006, que fue derogada porque había que adaptarla a la nueva geometría del poder, desaparecería. Eso es lo criticable", añade la abogada.

Briceño Méndez dice que la figura de las autoridades regionales designadas por el Presidente de la República, hay que leerla correctamente: "No se le quita autoridad a gobernadores y alcaldes, sino que el país tiene un proyecto de desarrollo, y eso creo que es la innovación de la ley, que no sean 23 planes estadales que no se conecten. Esto no atenta contra la descentralización, sino que abre espacios de participación".

El diputado añade que deben existir mecanismos para que se abra un espacio con el fin de que los mandatarios acepten las directrices emanadas de la autoridad regional –que es defina en la ley como un "agente del Ejecutivo Nacional"–, así no las compartan, porque "aunque cada gobernador tendrá su estilo, esto no tiene por qué significar una ruptura de la línea estratégica".

En este caso, las líneas estratégicas vendrán desde Miraflores. Tanto en la ley de ordenación territorial de 1983, vigente, como en el proyecto actual, el Presidente de la República es la suprema autoridad en el tema. Hay que destacar que la ley de 1983 es anterior a los principios de la Constitución de 1999, que señalan que el venezolano es un Estado federal y descentralizado. Es por esto que la recién creada figura de la autoridad regional nombrada por al Presidente ha generado ruido.

"Nuestro Estado siempre fue presidencialista; lo que pasa es que ahora no nos gustan esas normas porque hay una desconfianza fundamentada en las instituciones que deben aplicarlas", dice Vigilanza.
 





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