Trino Márquez: "Quieren convertir en jarrones chinos a gobernadores y alcaldes"

Por Venezuela Real - 5 de Octubre, 2008, 20:05, Categoría: Política Nacional

Roberto Giusti
EL UNIVERSAL
05 de octubre de 2008

Entrevista a Trino Márquez, Director Académico de Cedice
"Con la ley de ordenación territorial se pretende la liquidación del proceso de descentralización"

Se mezclan los objetivos de corto y largo plazos y a la idea primigenia sobre la acumulación de poder se agrega la necesidad de conservar aquel que está a punto de perderse. Eso es lo que le está ocurriendo al Gobierno a juicio de Trino Márquez, director académico de Cedice y ex presidente de la Copre (comisión para la reforma del Estado) ,para quien la ley de ordenación territorial constituye el testimonio inviable de un proyecto que marcha en sentido contrario al de sus objetivos.

-Más allá de su inconstitucionalidad, ¿es viable la ley?
-La ley no tiene posibilidad de instrumentarse. Entre otras razones porque fue elaborada por personas desvinculadas del proceso de descentralización, como es el caso del diputado Briceño Méndez, presidente de la Comisión que la presentó. Allí se excluyó a los actores fundamentales de la descentralización.

-¿Para qué vincular a los autores de la descentralización si lo que se busca es lo contrario, la centralización?
-El propósito es liquidar los órganos constitucionales que garantizan el proceso de descentralización. La Constitución de 1999, en los artículos que van del 158 al 185, establece las competencias de gobernadores, alcaldes y consejos legislativos. También se crean el Fondo de Compensación Interterritorial y el Consejo Federal de Gobierno. Este último articula los acuerdos entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, pero en 9 años sólo se reunió una vez y no para discutir temas específicos de la descentralización. También se crearon los consejos locales de planificación. El proyecto adquirió una dinámica propia, ordenada, de integración, bajo la modalidad de una democracia descentralizada.

-¿Qué pasó con esa normativa desde el 99 hasta ahora?
-Se desconoció para crear una realidad paralela, como lo hizo el Gobierno desde sus inicios, con el Plan Bolívar 2000, estructura estatal diferente a la contemplada en las leyes de ese momento, a través de las guarniciones, que tenían el poder máximo y marginaban a gobernaciones y alcaldías. Luego, este año entra en vigencia la ley de los consejos comunales, a los cuales se les asigna, pese a no estar contemplados en la Constitución, las competencias que corresponden a los concejos municipales: planificación, contraloría social, ejecución y toma de decisiones. Igualmente se ignora totalmente a las juntas parroquiales, que tienen rango constitucional y son la bisagra entre consejos comunales y comunidades.

-¿No está, también, una Comisión Central de Planificación con el mismo propósito?
-Así es. Ese organismo, creado mediante la Ley Orgánica de Planificación Central, asume labores de planificación, coordinación y diseño de políticas desde el Poder Ejecutivo Central. Y como las decisiones corresponden a ese organismo, gobernadores y alcaldes se convierten en jarrones chinos despojados de toda competencia importante. La ley de Ordenación Territorial es, en realidad, un desarrollo ampliado del artículo 70 de la Ley Orgánica de Administración Pública (una de las 26 del paquetazo), que establece las autoridades regionales. Se profundiza, además, el artículo 16 de la nueva geometría del poder, incluida en la propuesta de reforma rechazada el 2D.

-Se desplaza el poder hacia las autoridades regionales y se crea un aparato burocrático adicional.
-Con las autoridades regionales, que formalmente serían el verdadero poder, se violenta la soberanía popular, que es sustituida por la voluntad del Presidente, quien puede designar y destituir a esos funcionarios de manera unilateral. Con esto también se persigue desestimular a los electores.

-Más allá de una idea que siempre formó parte del proyecto de Chávez, ¿no existe la intención de conservar poderes regionales que consideran ya perdidos con las elecciones del 23 de noviembre?
-Sin duda. La forma como se redactó la ley así lo expresa.

-¿Es posible aplicar esta ley vistas las circunstancias políticas que se derivarían de los comicios de noviembre?
-No es posible porque va a ocurrir lo mismo que en los días previos al 2D, cuando los gobernadores y alcaldes chavistas no hicieron campaña por el SÍ por sentirse desplazados y despojados de todo su poder.

-A menos que sea demasiado obsecuente.
-Hay obsecuencia pero también sentido común. Puede que no haya una campaña abierta, como la que desarrollan los candidatos de oposición o los chavistas disidentes, pero no habrá respaldo activo a una ley que constituye una confiscación del poder de los gobernadores.

-Aun así, ¿es viable la ley?
-Es muy difícil de aplicar por el pugilato entre gobernadores electos y autoridades regionales designadas por el Presidente.

-De manera que antes que resolver los problemas para cuya solución fueron electos, alcaldes y gobernadores se enfrascarán en una pugna por conservar sus poderes.
-Es posible que eso suceda al principio, pero creo que esas autoridades están condenadas al fracaso, como ocurrió con las antiguas corporaciones de desarrollo regional. Es un intento vano porque no tendrá el apoyo de los electores y grotesco por desconocer los logros de la descentralización en salud, educación y servicios públicos.







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