Luisa Estella Morales: "Para el TSJ todos los casos son relevantes, no discriminamos"

Por Venezuela Real - 12 de Octubre, 2008, 19:56, Categoría: Gente de Chávez

Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL
12 de octubre de 2008

Entrevista // Luisa Estella Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia
"Para el TSJ todos los casos son relevantes, no discriminamos"
"En toda relación entre estados y privados se presenta la necesidad (de una instancia para dirimir disputas)"
Morales ante El Quijote, Bolívar y Cristo, "los tres majaderos más grandes de la historia"

Cuando restan menos de cinco meses para que culmine su mandato como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la magistrada Luisa Estella Morales rehúsa adelantar si aspira a un nuevo bienio al frente del máximo juzgado del país. ¿La razón? "Cualquiera de los 32 magistrados puede ocupar este puesto, todo depende de la decisión de la Sala Plena".

Pero, de inmediato, lanza la siguiente sentencia: "Sería una falta de delicadeza que un magistrado comenzara a manifestar que quiere ser presidente del TSJ o de una de sus salas. Hay que esperar a que entre todos hagamos la discusión".

La también presidenta de la Sala Constitucional prefiere responder las críticas que en las últimas semanas han caído sobre el Poder Judicial y sobre los proyectos que espera impulsar.

-¿Valió la pena la reciente cumbre de poderes judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que se celebró en Margarita?
-Hemos visto como los presidentes de Unasur han firmado unas serie de acuerdos económicos, de infraestructura y culturales. Cuando se analizan esos convenios concluimos que su ejecución pertenece al ámbito del Derecho Internacional Privado. La construcción de un oleoducto, gasoducto o de una carretera por alguno de los países de Unasur, por ejemplo, la convienen los jefes de Estado, pero la ejecutan empresas privadas. En la ejecución siempre surgen algunos desencuentros, los cuales deben ser dirimidos en el nivel jurisdiccional y allí surge la pregunta: ¿A quién le compete resolver esos asuntos? Nadie va a renunciar a su soberanía y su jurisdicción, y por ello esos temas deben tratarse en una instancia que no pertenezca a un país.

La tendencia internacional es que estos asuntos los diriman tribunales de conciliación y arbitraje. Venezuela asomó la posibilidad de crear en un tribunal arbitral de la Unasur, el cual estaría integrado por juristas de cada país de la región.

-¿Ese organismo sería cómo?
-Como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi).

-¿Qué garantías hay de que esta propuesta se materialice y funcione, pues hay que recordar que cuando este año se presentó la controversia entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Exxon Mobil hubo quien abogó por desconocer la figura del arbitraje?
-Los presidentes de todos los tribunales y cortes supremas acogieron la propuesta. Ahora hay un trámite, a través de la firma de convenios internacionales que serán los que permitan el desarrollo de la instancia. Cada vez que los mandatarios firmen un convenio éste deberá incluir la cláusula del arbitraje. Una de las ventajas que tendrá este organismo es que utilizará un idioma que no es común. Otra ventaja es que las raíces de nuestro Derecho es la misma y, por último, el hecho de que los jueces serán suramericanos, será una garantía.

-¿Cuándo podría comenzar a funcionar este tribunal? ¿Qué garantías hay de que no se repita lo ocurrido con la Universidad Judicial Ibe- roamericana que Venezuela propuso crear hace dos años en otra cumbre y de la cual, hasta el sol de hoy, no se sabe nada?
-Hay que señalar dos diferencias. En el caso de la Universidad Iberoamericana elaboramos un proyecto, el cual fue revisado por todos los poderes judiciales de Iberoamérica y ahora en la próxima cita debemos presentar el proyecto definitivo con las observaciones. Luego de aprobado será puesta en funcionamiento. Nunca hemos dejado de trabajar en la Universidad. En el caso de la propuesta de arbitraje el asunto es diferente, porque quienes tienen que tomar la decisión son los jefes de Estado. Si los jefes de Estado lo aprueban entrará en funcionamiento de inmediato. ¿Qué nos corresponde a nosotros, que somos simples asesores? Comenzar a trabajar en todo lo referente a cómo debe establecerse, cuántos miembros debe tener, qué condiciones deben reunir los integrantes, etc.

-¿Buena parte de los mandatarios de la región se muestran reacios ante los dictámenes de organismos internacionales, por qué cree que crearán una instancia de estas características?
-Porque existe la necesidad. En toda relación entre estados y privados se presenta esta necesidad.

-En la cumbre también acordaron agilizar trámites como la extradición y las rogatorias. ¿Esto se materializará a la brevedad o necesitarán que los parlamentos reformen algunas leyes?
-En algunos aspectos sí habría que realizar algunos cambios legales y constitucionales (...) En el caso de las extradiciones hicimos un ejercicio de derecho comparado y observamos que la mayoría, sino la totalidad de los países del sur, prohíben extraditar a sus nacionales. Allí buscamos los puntos de encuentro para avanzar. En materia de exequatur (ejecución de sentencias adoptadas en otro país) encontramos particularidades que habría que obviar y comenzamos a trabajar en una norma para homogeneizar. En materia de cartas rogatorias proponemos que este tipo de solicitudes se hagan de Poder Judicial a Poder Judicial, sin necesidad de trámites diplomáticos.

-¿Para qué más acuerdos si no se respetan los existentes? Mire lo que está ocurriendo con el caso de la maleta. La fiscal general, Luisa Ortega, tiene más de un año pidiéndole a Argentina información y no se la mandan, por lo que ahora en su despacho hay quienes proponen pagarle a Argentina con la misma moneda cuando necesite algo de aquí.
-Ese caso se expuso en la cumbre como ejemplo de la tardanza que existe cuando un Poder Judicial pide una rogatoria a otro país y tal vez por intereses internos del otro país no se da una respuesta. Eso pone de manifiesto la necesidad de una mayor independencia de nuestros poderes judiciales, para que ellos sean los que interpreten la urgencia de una petición. Hasta ahora, salvo en casos muy connotados como el que mencionas, siempre se han respondido las rogatorias. Puede que por un trámite burocrático pase un tiempo en alguna gaveta, pero no es lo común.

-En las últimas semanas el TSJ fue duramente criticado por Human Rights Watch, organización que lo acusó de "abdicar a sus funciones de control del poder". ¿Qué dice al respecto?
-No quisiera responder esa pregunta de la misma manera como me fue formulada porque los poderes judiciales no tenemos que ejercer ningún control, sino dirimir controversias que puedan presentarse y eso lo hemos hecho. Lo que ocurre es que el informe de esta organización no obedece a una información cierta sobre lo que ocurre en el Poder Judicial. Lamento que el informe no se base en realidades y lo digo no sólo por las afirmaciones que hacen sobre algunos casos, sino por la manera como se refieren a la estructura del Poder Judicial.

-¿Cuáles falsedades ha detectado?
-Lo que se refiere al procedimiento disciplinario de los jueces titulares. Es bien conocido que los jueces titulares están siendo sometidos a una instancia disciplinaria (Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial), la cual está conformada por tres miembros, quienes convocan a los jueces a una audiencia oral, donde participa un fiscal y la Inspectoría de Tribunales y en la que los jueces pueden expresar sus alegatos. Obviar que existe esta instancia es tergiversar lo que ocurre aquí.

-El informe también se sustenta en la manera tan lenta como han tramitado algunos casos como el de la no renovación de la concesión a RCTV o el de la nulidad de la Ley del TSJ.
-Quiero comenzar a centrar éticamente el problema y cuando hablo de ética hablo de que la justicia no puede ser discriminatoria. Cuando se habla de que existe o no eficacia e independencia de la justicia se debe tomar en consideración los miles de casos que atiende y que todos tienen igual relevancia ante el Poder Judicial. No puede ser que porque un caso cobró notoriedad ese caso tenga más importancia. La justicia no puede discriminar y no lo hacemos.

-Pero en los casos mencionados hace rato largo que se cumplieron los lapsos y el TSJ aún no ha dado respuesta.
-Sí hay casos que han tenido algún tipo de retardo, pero no porque intencionalmente se haya buscado, sino porque el trámite se ha hecho paso a paso, como debe ser. RCTV (caso de las antenas), por ejemplo, es un expediente que se lleva ante la Sala Constitucional y ya se ha convocado la audiencia. Está nada más para fijarla, se han convocado a las partes y en cualquier momento pudiéramos tener la audiencia oral.

-Human Rights asegura que buscó reunirse con funcionarios públicos y que apenas pudo reunirse con un puñado, entre ellos dos magistrados. ¿Usted recibió alguna petición de ellos? ¿Los hubiera recibido?
-Nunca recibí ninguna solicitud (...) Es posible que se hayan reunido individualmente con alguien, pero como institución nunca hemos recibido ningún tipo de solicitud. El TSJ siempre ha sido muy amplio y cuando ha sido necesario abrir las puertas para dar alguna explicación e información se hace.








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