Solicitan enjuiciar a Ramírez por delincuencia internacional

Por Venezuela Real - 15 de Octubre, 2008, 10:44, Categoría: Corrupción

EDGAR LOPEZ
El Nacional
15 de octubre de 2008

Sudeban notificó a la banca que se decretó medida precautelativa de aseguramiento de bienes e incautación, prohibición de enajenar y gravar bienes a Antonini y Durán
Carlos Tablante y William Ojeda son asistidos por el abogado Jesús Ollarves

Carlos Tablante y William Ojeda, dirigentes de Un Nuevo Tiempo, solicitaron a la fiscal general de la República, Luisa Ortega, el enjuiciamiento del ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, por su presunta participación en el caso del maletín incautado a Guido Antonini en Buenos Aires.

En el documento de 36 páginas presentado ayer con la asistencia jurídica del abogado Jesús Ollarves, se afirma que Ramírez está incurso en los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y soborno internacional, a través del supuesto financiamiento de la campaña de la presidenta Cristina de Kirchner.

Los solicitantes refieren como hechos comunicacionales públicos y notorios, que de acuerdo con la jurisprudencia del TSJ tienen valor probatorio, las revelaciones del juicio que se lleva a cabo en Miami por supuesta actuación de Franklin Durán, Moisés Maiónica, Carlos Kauffman y Antonio José Cánchica como agentes encubiertos del Gobierno venezolano.
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Delincuencia organizada.

Tablante y Ojeda argumentan que Ramírez incurrió en el delito de peculado doloso propio, por distracción de fondos de Pdvsa. El artículo 52 de la Ley contra la Corrupción sanciona hasta con 10 años de cárcel y multa equivalente a 60% del valor del perjuicio al patrimonio público que se hubiere causado.


A partir de la diversidad de gestiones realizadas por los enjuiciados en Miami, los solicitantes razonan: "En este caso está comprobada la existencia de una organización dedicada a la delincuencia organizada, emprendiendo operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial, acciones de soborno, extorsión, ofrecimiento de servicios de protección, ocultamiento de servicios fraudulentos y ganancias ilegales, así como adquisiciones ilegítimas".

Todo ello para afirmar que Ramírez estaría en el eje de mando y, por tanto, también responsable por el delito de legitimación de capitales, penado con 8 a 10 años de cárcel, en vista de que los 800.000 dólares no fueron declarados ante las autoridades venezolanas ni argentinas. En ese país, las investigaciones se orientan a la comprobación de tal delito.

Además, Tablante y Ojeda argumentan ante la fiscal general que el Estado venezolano está obligado a cumplir de buena fe con la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual citan el delito de soborno transnacional, eventualmente imputable a los responsables de la disposición de los 800.000 dólares.

También invocan la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en cuanto al soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros y a las modalidades de desviación de recursos de patrimonio público.

Los solicitantes instan al Ministerio Público a aplicar las medidas establecidas en los artículos 8 y 9 de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional: 1.– inspección de cuentas bancarias del ministro Ramírez y de todos los involucrados en el envío de los 800.000 dólares a Argentina, así como de sus familiares y allegados; y 2.– embargos preventivos, incautación y decomiso de bienes objeto de los delitos de corrupción y legitimación de capitales.

Congelan bienes .

En una circular enviada por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones Financieras (Sudeban) a sus afiliados, con fecha 13 de octubre, se notifica que el Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, decretó medida precautelativa de aseguramiento de bienes e incautación, prohibición de enajenar y gravar bienes o cuentas bancarias pertenecientes a Franklin Durán y a Guido Alejandro Antonini Wilson.

La comunicación fue dirigida específicamente a bancos universales, comerciales, hipotecarios, de desarrollo, de inversión, arrendadoras financieras, fondos del mercado monetario, entidades de ahorro y préstamo, al Instituto Municipal de Crédito Popular y a las casas de cambio.

La circular fue firmada por Léster Dávila, intendente operativo de Sudeban, y otorgan un plazo de tres días hábiles para que las instituciones financieras den respuesta al planteamiento.
 






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