Presos de los mismos problemas

Por Venezuela Real - 23 de Octubre, 2008, 13:07, Categoría: Derechos Humanos

Patricia Clarembaux
TalCual
23 de octubre de 2008

Durante 2008, las huelgas en los penales venezolanos se incrementaron en más de 300% en relación con el año anterior. El aumento de los autosecuestros es una muestra de que ahora también las familias protestan
Los presos venezolanos y sus familiares han utilizado la protesta como única vía de ser notados por las autoridades de Interior y Justicia

Mari Díaz tiene siete meses visitando a su esposo en el Internado Judicial de Yare I. En poco tiempo comprendió que su relación con la autoridad no mejoraría –no al menos en el corto plazo–, que tendría que continuar pagando 30 bolívares fuertes en cada visita, para evitar los maltratos de la Guardia Nacional durante la requisa y para que no le metieran la mano en la comida; que tendría que seguir alquilando transportes por 400 bolívares fuerte para que Alejandro pudiera ser trasladado a los tribunales; que tendría que acostumbrarse a escucharle decir a su marido que, nuevamente, los dejaron al sol durante horas o que les cayeron a planazos como método represivo.

"Ya eso es rutina cuando uno viene aquí. Esos `lujos’ me los doy porque tengo las posibilidades económicas, pero quienes no pueden, son sometidos a las peores humillaciones", dice.

En 2008 episodios como éstos movieron a los presos y a sus familiares a protestar. De acuerdo con las cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, en los primeros seis meses del año, 44 huelgas de hambre y 14 autosecuestros tuvieron lugar en las cárceles venezolanas. En el mismo período de 2007 hubo, en cambio, tres autosecuestros y 33 huelgas de hambre. Es decir, que las acciones que han tomado los presos para ser escuchados se han incrementado en más de 300% y que, ahora, también los familiares toman parte en las protestas. A diferencia de los años anteriores, en 2008 hubo incluso una huelga de sangre.

DE ARMAS TOMAR

Los internos venezolanos han notado que, aunque no soluciona los problemas, la protesta al menos moviliza al ministro de Interior y Justicia y a sus allegados de Custodia y Rehabilitación en torno a sus solicitudes, que en los últimos diez años han sido las mismas: transporte para los tribunales, mejores tratos a los familiares durante la requisa, celeridad en los procesos judiciales y la salida de la Guardia Nacional de los penales.

El domingo 12 de octubre de 2008 comenzó una nueva protesta en Yare, movida por las mismas carencias, que generó una reacción en cadena en otros 10 centros de reclusión del país. Al final de esa semana, 12 penales que albergan a 9.500 reclusos estaban en huelga: en ocho de ellos –El Rodeo I y II, La Planta, el Retén de Los Teques, la Penitenciaría General de Venezuela, la cárcel de San Juan de Los Morros, Uribana y Vista Hermosa– fueron secuestradas o se autosecuestraron 3.500 personas; en tres –Yare I y II y Falcón-, los reos permanecieron en huelga de hambre; y en uno, el Instituto Nacional de Orientación Femenina de Los Teques, las internas manifestaron con brazos caídos: no asistieron a clases ni a los talleres de trabajo.

Los impulsores de la protesta hicieron una sola exigencia: que el ministro de Interior y Justicia (MIJ), Tarek El Aissami, conversara con ellos, pero en los pabellones de Yare. A través de sus familiares dejaron claro que no querían mediadores: "Quieren hablar es con él, con más nadie", gritó Jennifer Pelayo, familiar de un recluso de Yare, el 13 de octubre, bajo la lluvia y a las puertas del MIJ.

Tres días pasaron sin una respuesta de las autoridades. Tampoco cedieron los privados de libertad. A las 5:30 de la tarde del miércoles 15, el director de Custodia y Rehabilitación del Recluso, Ysmel Serrano, visitó a los presos. El ministro El Aissami hizo lo mismo el jueves en la mañana con los internos de Yare I. Allí dio su palabra de que no habría más maltratos de la GN hacia los familiares y como garantía, prometió que a partir del sábado 18 de octubre, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y del MIJ supervisarían la entrada y salida de los visitantes. También dijo que en el transcurso de esta semana entregaría un transporte a Yare para que trasladara a los internos a los tribunales y, más adelante, otros 50 autobuses para el resto de los penales.

Según cuenta Olga Martínez, familiar de un interno de Yare, todo se ha cumplido: "Desde el sábado nos dejan entrar tempranito, a las 9:00 de la mañana ya estamos adentro. Incluso nos pusieron un autobús para que nos lleve desde la reja del penal hasta la entrada.

(...) También, hoy (ayer) fueron trasladados 20 muchachos a los tribunales como a las 7:00 de la mañana en un transporte".

Sin embargo, horas después de que el ministro suscribiera esos acuerdos, se registró otro incidente en La Planta. A las 3:00 pm del viernes, un grupo de mujeres que estaban siendo liberadas fueron agredidas en medio de una reyerta entre los reclusos y la GN. Esto obligó a los reos a detener la salida de las personas secuestradas y autosecuestradas.

Una semana después, la violencia se mantuvo: el martes 21 de octubre, hubo tres heridos y dos muertos en el Internado Judicial de Barinas, entre guardias y reclusos.

La versión oficial es que el suceso se inició a las 9:00 am, cuando reos de "La Torre" y "La Enfermería" se enfrentaron por el control del penal. Ayer el ministro El Aissami aseguró que se encontraban en conversaciones con los presos para solventar la situación: "No se quiere atropellar al interno y generar más violencia. Les hemos garantizado su alimentación y sustento, pues no vamos a crear más caos".

Mientras tanto, en el Centro de Atención al Detenido, mejor conocido como la cárcel de Alayón, en el estado Aragua, la visita terminó con disparos. Los familiares iban saliendo cuando escucharon detonaciones en el interior del penal. Al parecer, hubo un intercambio de balas entre funcionarios e internos.

Al respecto, el ministro El Aissami denunció como responsable a la Policía del estado Aragua: "Ellos ya han sido señalados por hechos punibles. Sería bueno que asuman su responsabilidad (...) Nosotros le hemos ordenado al Ministerio Público que inicie una investigación".







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