Justicia desde arriba

Por Venezuela Real - 27 de Octubre, 2008, 11:54, Categoría: Estado de Derecho

Carlos Crespo
TalCual
27 de octubre de 2008

Abogados consideran que la Ley del Sistema de Justicia es un nuevo instrumento "burocrático" que supedita el Poder Judicial al Ejecutivo

En el artículo 9 de la recién aprobada Ley Orgánica del Sistema Nacional de Justicia se crea la Comisión Nacional del Sistema de Justicia (CNSJ) que se encargará, entre otras atribuciones, del desarrollo de "las nuevas concepciones" y lineamientos del sistema judicial, así como de "analizar, coordinar y evaluar" el contenido de los proyectos de presupuesto que corresponde a cada órgano de este poder.

Para el abogado constitucionalista Carlos Ramírez López, esta instancia pone fin a la autonomía del sistema de justicia, pues asume las competencias del Gobierno Judicial que la Constitución Nacional le otorga al Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 267. La nueva instancia estará conformada por doce personas: tres diputados, tres magistrados, dos ministros, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público y el Procurador General.

Ramírez López recuerda que según el artículo 253 de la Carta Magna ni los diputados, ni los ministros, ni el Defensor del Pueblo, ni el Procurador General forman parte del Sistema de Justicia, por lo que siete de los doce integrantes son ajenos al Poder Judicial. Asimismo, señala que prácticamente todos los integrantes son cercanos al Poder Ejecutivo. Para Ramírez López, la nueva legislación no resuelve los problemas de la justicia venezolana que requiere la apertura de unos dos mil tribunales penales y civiles y el trabajo de al menos tres mil fiscales, así como la construcción de nuevas sedes para el Poder Judicial y de escuelas para jueces y fiscales.

OTRA LEY SAPO

El abogado penalista José Fernando Núñez, llama la atención sobre el numeral 5º del artículo 8 del instrumento legal, que establece que todas las personas tienen el deber de "brindar información al Sistema de Justicia cuando sea requerida para indagar y establecer la verdad en los procesos judiciales". Núñez considera que este artículo obliga a los ciudadanos a aportar todo tipo de datos, de manera similar a la derogada Ley de Inteligencia y Contrainteligencia.

Sobre el CNSJ indica que tan sólo se constituye en un órgano burocrático "innecesario" que no tendrá mayor impacto sobre el sistema de justicia. Expresa que son los mismos órganos que conforman el Poder Judicial los que deben hacer seguimiento a sus presupuestos y que la Ley no resuelve problemas urgentes como la regulación del sistema penitenciario.

Además, recuerda que el argumento del incremento de la participación ciudadana con la nueva normativa se cae si se toma en cuenta que ésta no fue consultada, ni debatida, como lo exige la Constitución. Indica, asimismo, que será difícil establecer quién será el encargado de controlar las prácticas "de solución de conflictos ancestrales" de los indígenas que ahora forman parte del Sistema de Justicia.





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