A pagar de más

Por Venezuela Real - 29 de Octubre, 2008, 10:59, Categoría: Economía

Ender Marcano
TalCual
29 de octubre de 2008

El Estado venezolano podría verse obligado a cancelar tres veces el valor de Cementos Andinos, si llegase a declararse improcedente un recurso de amparo que introdujo la compañía, hace dos años, en contra de una decisión revocatoria que favoreció al ex directivo de la corporación, Simón Ramos Farías, quien se adueño ilegalmente de la empresa.

Esta decisión favoreció a Ramos Farías, quien dirigía la cementera en los años 80, y fue sentenciado a siete años de prisión por uso fraudulento de bienes públicos, al no emplear 250 millones de dólares que le otorgó el Estado para el desarrollo de la fábrica de cemento.

La sentencia estipula igualmente que el acusado debería haber cancelado el dinero que no invirtió en la empresa. Farías huyó del país y nunca cumplió sus sentencias, y en el 2006 el Tribunal Séptimo de ejecución pasó por encima de un tribunal superior (el de salvaguarda) y exculpó a Ramos Farías de sus cargos.

El amparo que introdujo la empresa fue en contra de esta decisión del referido tribunal en vista de que se violaba el debido proceso.

Aún no ha habido respuesta por parte del juzgado sobre el amparo, pero según Oscar Rondero, apoderado legal de la compañía (que es la legítima dueña, después de que el Estado en licitación internacional le vendiera los bienes por más de 80 millones de dólares en 1.998), existen rumores de que está por salir la sentencia, declarando improcedente el amparo.

Además de eso, Rondero dijo que de ratificarse la sentencia del Tribunal Séptimo, con la improcedencia del amparo, quedarían sin efectos las acciones en contra de Ramos Farías, quien se declararía como propietario del 60,4% de las acciones de la planta cementera, cuya estatización se anunció este año.

"No hay conocimiento cierto porque no ha habido decisión sobre el tema, pero bajo la duda razonable de que salga la sentencia, la pregunta es ¿cuáles serían las consecue! ncias para el Estado venezolano?" Según explicó, de resultar esto cierto, el Estado a propósito del decreto de nacionalización de las cementeras, deberá cancelar al dueño de la empresa su valor, en este caso según la sentencia a Ramos Farías.

Además deberá cancelar la demanda que interponga la empresa Corporación Cementos Andinos (legítima dueña) por daños y perjuicios contra la compañía que habría comprado unos bienes que no eran propiedad del Estado Venezolano, sino de Ramos Farías.

En total Venezuela deberá pagar más de 600 millones de dólares para adquirir la empresa.






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