Magnicidio, instigación y apología

Por Venezuela Real - 29 de Octubre, 2008, 11:40, Categoría: Estado de Derecho

Alberto Arteaga Sánchez
El Universal
29 de octubre de 2008

La comunidad quiere que se sancionen los homicidios, los atracos y los secuestros
 
El fantasma de lo legal convertido en mensaje político, nos obliga a aclarar algunos términos jurídicos que deben tener confundida a toda la colectividad.
 
El sentido común y la lógica, que no pueden ser ajenos a la ley, salvo para los leguleyos que hacen malabarismos para enredar lo que está claro, nos indica que determinadas expresiones tienen un sentido jurídico que es bastante preciso.

Hablar de magnicidio implica referirse a uno de los delitos más graves de nuestro Código: dar muerte al jefe del Estado, constituyendo también delito atentar efectivamente contra él.
 
Ahora bien, no hay delito en cualquier expresión contra el Presidente, ni las simples intenciones, reprobables moralmente, son suficientes para castigar a una persona. Además, pretender que en razón de las sospechas de atentado, cualquier comunicación, hallazgo de armas o recuento histórico constituya delito, supone echar por tierra un principio fundamental de nuestro sistema penal por el cual sólo se sanciona como tentativa de delito el comienzo de ejecución de un hecho. En todo caso, actos que puedan estimarse preparatorios sólo serán punibles, si la ley los considera como delitos, como es el caso de la conspiración, que supone reuniones clandestinas, no para criticar o censurar, sino llevar a cabo el derrocamiento de un gobierno o para cambiar el sistema republicano.
 
La instigación al delito, por su parte, no se da simplemente por el hecho de que alguien se refiera a la posibilidad de su comisión, sino que implica que se determine o se mueva la voluntad de otra persona para cometer el hecho, aunque éste no se lleve a cabo. Por tanto, la instigación debe ser directa, inequívoca y dirigida a otras personas y de manera que perturbe la tranquilidad pública, como dice el Código.
 
La apología del delito, supone exaltar un hecho delictivo comunicándolo como digno de ser llevado a cabo, considerando a sus autores como verdaderos héroes, cuyas ejecutorias son dignas de elogio y sirven de ejemplo. Expresar solidaridad con alguien que ha cometido un delito no es apología de este, ni cualquier mención de su comisión puede llevarnos a encarcelar a quienes la hacen.
 
El Derecho Penal de un Estado de Derecho y el nuestro lo es en su texto básico, como es el Código Penal, claramente impone en sus principios limitar el poder del Estado y el abuso de lo que se denomina el ius puniendi (el derecho de castigar).
 
No se castiga penalmente sino por los hechos expresamente previstos como delitos en la ley; no se castiga por simples intenciones o deseos; no se castiga por lo que se es, sino por lo que se hace; no se castiga por sospechas. Por lo demás, estimular la persecución de ciudadanos por informaciones carentes de toda posibilidad de prueba y por lo demás ilegales, sólo sirve para desatar una corriente de terror que fácilmente toma cuerpo en un aparato de persecución penal que se mueve rápidamente bajo la presión de la política y con manifiesta amenaza al bien más importante, después de la vida, como es la libertad. Más que de magnicidios, instigación al delito o apología de este, la comunidad quiere que se sancionen los homicidios, atracos y secuestros que mantienen en zozobra a nuestra sufrida colectividad.
 






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