Jefes policiales son permisivos ante actuaciones delictivas de sus funcionarios

Por Venezuela Real - 2 de Noviembre, 2008, 12:54, Categoría: Seguridad/Inseguridad

THABATA MOLINA  / DANIELA NOUGUES
El  Nacional
02 de noviembre de 2008

22,87% de los policías activos en el país ha delinquido en los últimos 7 años
Expertos coinciden en que los directivos no aplican controles ni supervisan a sus subalternos
Los miembros de los cuerpos de seguridad son sometidos a averiguaciones administrativas cuando cometen un delito, pero no tienen privilegios penales
 
El 11 de enero de 2007, los miembros de la Comisión Nacional para la Reforma Policial explicaron ante el país y el Ejecutivo que la mejor manera de sanear los cuerpos de seguridad del Estado era homogeneizar los criterios de funcionamiento, a través de la creación de un sistema nacional, en el cual debería coexistir un cuerpo de policía nacional, con las policías regionales y municipales.
 
Casi dos años después –y pese a la aprobación de la Ley de Policía Nacional y Servicio Policial, el 28 de febrero de este año– las últimas cifras del informe del Ministerio Público dan cuenta de que en Venezuela 25.198 funcionarios policiales de todos los organismos de seguridad han sido denunciados por su presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos. Esto quiere decir que 22,87% del total de policías activos –que según Conarepol eran 110.137 funcionarios– ha delinquido.
 
El comisario Elisio Guzmán, ex director de la antigua Policía Técnica Judicial, señaló que más que depurar las policías para evitar que sus funcionarios incurran en delitos, es necesario nombrar jefes buenos y eficientes. "Las policías están mal manejadas, no hay los controles requeridos, ni una supervisión constante del personal".
 
Agregó que la depuración dentro de las policías viene a ser lo que son los operativos de seguridad en la sociedad, y eso no resuelve nada. "Lo efectivo es que existan jefes conscientes y que hagan una supervisión constante de su personal".

Recientemente en una conferencia internacional sobre Seguridad Ciudadana, un representante del Bureau para la Prevención y la Recuperación de la Crisis del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reconoció que la situación de Venezuela en materia de seguridad era grave.
 
"Pero lo que más me preocupa es que casi todos los jefes de las policías estadales son militares o ex militares", explicó el vocero, quien prefirió no ser identificado.
 
Javier Elechiguerra, ex fiscal general de la República, expresó que las cifras anteriores demuestran que en Venezuela hay una impunidad manifiesta. "El número de causas que llegan a los tribunales, y en los que intervienen activamente el Ministerio Público, es tan pequeño que hemos llegado al momento en que cualquier persona puede cometer un delito y lo más probable es que no sea castigado", dijo.
 
Para el abogado, lo lamentable es que actualmente hay muchos funcionarios policiales que han tomado la justicia por sus manos, ejecutando a personas por cualquier razón.
 
Actuación que, a juicio de Elechiguerra, es apoyada por las autoridades superiores de los cuerpos de seguridad. "Se convierte en una forma de actuar y casi siempre tiene que ver con los jefes de esos policías. Generalmente los superiores son permisivos", indicó.
 
Justicia selectiva.

En el informe de la Fiscalía del año 2007 aparece que sólo 444 funcionarios policiales, de los 25.198 que delinquieron entre enero de 2000 y noviembre de 2007, están privados de libertad. Esta cifra representa que en apenas 1,76% del total se cumplieron todas las fases del proceso penal.

 
Guzmán aseguró que la cifra tan baja en cuanto a funcionarios privados de libertad se debe a la impunidad. Dijo que obviamente no hay una respuesta inmediata de la justicia penal ordinaria, tampoco sobre la capacidad que tiene el sistema penal para juzgar a los policías, y no hay una responsabilidad por parte de los jefes sobre su personal.
 
Sin embargo, esta impunidad no debería estar asociada al hecho de que la persona que ha delinquido sea un funcionario policial. El abogado penalista José Luis Tamayo explicó que en el caso de los funcionarios policiales no existe ninguna distinción que establezca que deben ser juzgados de manera distinta a como se juzga a un civil.
 
Cuando se emprende un proceso penal es el juez titular del tribunal de control el encargado de decidir cuál será el sitio de reclusión del funcionario, en los casos que se dictan medidas privativas de libertad, indicó Tamayo.
 
Sin embargo, aclaró que existe una normativa tácita, no reglamentada, en la cual los jueces, por lo general, designan como sitios de reclusión los comandos policiales, y en los casos en los cuales los funcionarios son enviados a cárceles comunes, se les anticipa a los directores del penal para que los ubiquen en zonas especiales para policías, con el fin de evitar mezclarlos con los presos comunes, para preservar sus vidas.
 
"Hasta los momentos no existe normativa escrita alguna; de hecho, sería interesante que se creara, pero la decisión depende únicamente de los jueces de control, cuyo deber es garantizar la integridad física de los funcionarios, y obviamente no los pueden mezclar con los presos comunes, porque eso es poner en peligro sus vidas. Los presos se alteran cuando ven a un policía", dijo el jurista.
 
Tamayo aclaró que sólo en los casos de altos funcionarios se realizan antejuicios de mérito, tal como lo establece el artículo 266 de la Constitución; y en el caso de los funcionarios militares hay centros como Ramo Verde, en el estado Miranda, donde sólo se recluyen militares.
 
 







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