Gobierno no ha logrado frenar contrabando en la frontera

Por Venezuela Real - 3 de Noviembre, 2008, 10:22, Categoría: Economía

KATIUSKA HERNÁNDEZ
El Nacional
03 de noviembre de 2008

COMERCIO Fedecámaras-Táchira solicita regular el mercado cambiario
Denuncian que empresas colombianas falsifican exportaciones para cobrar los dólares de Cadivi

Las mafias que controlan el comercio ilegal de alimentos, gasolina, agroquímicos, medicamentos y otros bienes de consumo masivo en los estados fronterizos de Apure y Táchira, no se han detenido pese a los controles impuestos por el Gobierno desde enero pasado.

El presidente de Fedecámaras-Táchira, José Rozo, declaró que comerciantes, distribuidores, mayoristas, gente común y efectivos de la Guardia Nacional integran estas organizaciones que tienen en la venta de productos "en el otro lado", una fuerte retribución económica.

La fuga de productos no ha parado ni porque el plan para combatirla se haya llamado "patria soberana" y se apele al nacionalismo, denunciaron comerciantes de la zona.

Las guías de movilización impuestas desde febrero pasado por la Superintendencia de Silos, como requisito para trasladar alimentos terminados a esos estados, no han impedido que siga el contrabando de productos hacia territorio colombiano.

Tampoco las medidas del Ministerio de Agricultura que desde enero regulan y restringen el transporte de rubros agrícolas a granel como maíz, arroz, leche, azúcar, café, sorgo a las poblaciones fronterizas.

El Gobierno ha dicho que el contrabando se ha reducido en más de 80%, pero al visitar los supermercados del otro lado de la frontera, esa afirmación se viene abajo.

En los principales supermercados de Arauca, en el departamento colombiano del mismo nombre, se vende leche marca CASA, de exclusiva comercialización de Mercal, a 7.000 pesos el kilo, que al cambio en la zona de 0,48 centavos de peso por bolívar, equivale a 14,58 bolívares fuertes.

Este producto es subsidiado por el Gobierno y se vende en Mercal en 4,70 bolívares fuertes. Por mantener los precios de los alimentos por debajo del mercado, el Ejecutivo gastó este año 3,3 millardos de bolívares fuertes (1,5 millardos de dólares). Pero gran parte de esa subvención, afirmaron empresarios del Táchira y Apure, se va por los caminos verdes.

No sólo los productos de Mercal son apetecidos en el mercado colombiano. También los alimentos procesados por empresas privadas como mayonesa, salsa de tomate, arroz, harina de maíz precocida, aceite, compotas, queso fundido, jamón endiablado y pastas.

Por un kilo de pasta Sindoni, los consumidores colombianos pagan 2.900 pesos (6,04 bolívares fuertes), casi el doble de lo que cuesta regulada en Venezuela (3,39 bolívares fuertes), el arroz Mary, que en los últimos meses ha faltado en los anaqueles del país, se consigue en Colombia en 2.000 pesos (4.166 bolívares fuertes), y está controlado en 2,33 bolívares fuertes.

La margarina Mavesa se expende en 5.200 pesos el kilo (10,83 bolívares fuertes), y está regulada en 4,88 bolívares fuertes en el país.

En la población de Cúcuta en el norte de Santander, la situación es similar. La demanda de productos venezolanos aguarda por una clientela ávida de provisiones.

Falta de voluntad.

El presidente de Fedecámaras-Táchira, José Rozo, consideró que el contrabando no se ha resuelto por falta de voluntad política.

"El Gobierno no ha querido tomar medidas que detengan el desangre del país por la vía del contrabando que, además, acentúa la escasez de algunos bienes y estimula la fuga de divisas, porque esos alimentos son comprados en el exterior al dólar oficial. También está la extracción de productos de Mercal que son subsidiados".

Afirmó que el comercio ilícito de bienes de consumo se ha convertido en un mecanismo que financia otros delitos, como el sicariato, los secuestros y la extorsión.

"Hablamos de bandas binacionales que cuentan con complicidades de funcionarios en ambos lados de la frontera, y la gran mayoría de los contrabandistas son conocidos de vista y trato por las autoridades", denunció.

A su juicio, uno de los promotores de este contrabando es el Estado que no ha querido –por falta de voluntad política, reiteró– controlar el valor del bolívar en la frontera. Recordó que el Banco Central de Venezuela debe velar por el valor del signo monetario y, sin embargo, no hace nada.

Explicó que el mercado negro es el que impone el tipo de cambio en la frontera y eso perjudica la economía. Un valor real de la paridad bolívar-peso estaría entre 0,94 de centavos de peso y 1 peso si se toma como cálculo el tipo de cambio de la divisa estadounidense en Colombia (2.383 pesos) y los 2,15 bolívares fuertes del cambio oficial en Venezuela. Y no en los 0,48 pesos por bolívar en que se cotizó hasta el pasado viernes la divisa nacional en la frontera.

"El tipo de cambio vigente en la frontera se rige por el dólar no oficial. Eso estimula la salida de todo tipo de bienes como lubricantes, medicina, maquinaria, equipos, abonos, fertilizantes y, por si fuera poco, se estimula la salida de divisas a través de las tarjetas de crédito con el cupo Cadivi. Ese dinero va a caer en las manos de organizaciones de delincuentes", advirtió.

Falsas exportaciones.

El comercio ilegal que se ha tejido a la sombra del control de cambio de Venezuela, está incidiendo en las exportaciones colombianas. A la venta de cupos de Cadivi en los comercios de Cúcuta, donde pagan una comisión de entre 20% y 30%, se suma la ola de falsas empresas exportadoras que reportan la venta ficticia de mercancía en territorio venezolano. Todo esto, para cobrar los dólares oficiales y obtener una buena cantidad de dinero.


José Rozo informó que en junio pasado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia informó que investigará más de 460 empresas de ese país por falsificación de exportaciones.

Oscar Franco, director de la DIAN, en declaraciones al diario colombiano Portafolio, refirió que era sospechoso el crecimiento récord de las ventas de productos en el mercado venezolano, y temen que haya sobrefacturación.

Rozo va más allá y denuncia que estas empresas forman un comercio ficticio en el que muchas veces la mercancía ni siquiera toca territorio nacional, pero sí se tramita el pago de las divisas por importaciones autorizadas por Cavidi y liquidadas por el BCV.

"Empresas colombianas simulan las exportaciones hacia Venezuela con complicidad en ambos lados. Colombia investiga, pero en Venezuela no hacen nada", afirmó.






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