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Informe del contralor coincide con declaración de Kauffmann
Por Venezuela Real - 3 de Noviembre, 2008, 10:34, Categoría: Corrupción
Víctor Salmerón
EL UNIVERSAL 03 de noviembre de 2008 Compra de sede de Citibank resulta nula por violar Ley de la Procuraduría La semana pasada la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, desestimó el proceso que se sigue en Estados Unidos al empresario Franklin Durán, que ha servido de escenario para que uno de sus socios, Carlos Kauffmann, revele una red de corrupción en el país. Kauffmann afirmó, entre otras cosas, que hubo irregularidades en la compra de la antigua sede del Citibank por parte del Ministerio de Finanzas. "Nosotros lo compramos por 4,5 millones de dólares (el edificio); lo tuvimos en nuestro poder por 15 días y luego lo vendimos al Ministerio de Finanzas por 9,5 millones de dólares", declaró Carlos Kauffmann, quien añadió que parte del dinero obtenido fue repartido a funcionarios públicos. En entrevista concedida a VTV, Luisa Ortega Díaz explicó que "eso no es un juicio, eso es parte de una campaña orientada a desprestigiar al Estado venezolano", sin embargo, en el informe que da cuenta de las actuaciones de 2005 la Contraloría General de la República, bajo el mando de Clodosbaldo Russián, coincide en los detalles más importantes con la declaración de Carlos Kauffmann. La Contraloría determina que el 20 de diciembre de 2002 el Ministerio de Finanzas, a través de la Dirección General de Servicios, le confirma a una inmobiliaria su intención de adquirir el edificio de Citibank por 9,5 millones de dólares. "Posteriormente, en fechas 27 y 30 de diciembre de 2002, el Ministerio canceló a la inmobiliaria el monto total de la negociación", indica la Contraloría. Con el mismo dinero del Ministerio de Finanzas la inmobiliaria va a comprar el edificio. "Es el 30 de enero de 2003 cuando ésta (la inmobiliaria) adquiere el inmueble por la cantidad de 4,78 millones de dólares", precisa el informe. Posteriormente, asegura la Contraloría, el seis de febrero de 2003, el Ministerio de Finanzas concreta la compra por 9,5 millones de dólares y es el 24 de abril de 2003 cuando se registra la operación de compraventa. Además la Contraloría denuncia el pago de sobreprecio, al especificar que los 9,5 millones de dólares que canceló la República equivalen, de acuerdo con el tipo de cambio oficial de la época, a 15,2 millardos de bolívares, monto "que resultó mayor en 5,43 millardos al valor de mercado de dicho inmueble para el mes de abril de 2003, el cual fue determinado en el avalúo realizado por este organismo contralor en 9,77 millardos". Tomando en cuenta el avalúo de la Contraloría y el tipo de cambio oficial de la época, el sobreprecio asciende a 3 millones 393 mil dólares. El Ministerio de Finanzas, de acuerdo con el contralor, tampoco cumplió con la obligación de solicitar a la Procuraduría opinión previa sobre el contrato de adquisición, como obliga el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, omisión que tiene repercusiones. Esta norma establece "la nulidad absoluta del acto en caso de incumplimiento de dicha obligación. Por consiguiente, al carecer de la opinión de la Procuraduría dicha negociación no tiene validez, dado el carácter vinculante de la misma", indica la Contraloría. Añade el informe de gestión que Finanzas tampoco informó a la Asamblea sobre la reprogramación de la Ley de Endeudamiento que permitió incluir la compra del edificio, por lo que "el Poder Legislativo no realizó las funciones de control que le compete ejercer". La petición El punto de cuenta 358 del 18 de diciembre de 2002 registra que el entonces ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, solicitó al Presidente, Hugo Chávez, la autorización para realizar una operación de crédito público por 9,5 millones de dólares, para financiar el programa "incorporación de nuevas dependencias administrativas". De los contratos de compra-venta, se desprende que Inmobiliaria Chacao, representada por Antonio Pardo y Vincenzo Andretta, compran el inmueble a Citibank, mientras que Guainía Pereira Hernández, directora general de Servicios, representa al Ministerio de Finanzas en las transacción. |
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