¿País o gobierno corrupto?

Por Venezuela Real - 4 de Noviembre, 2008, 9:47, Categoría: Economía

José Guerra
TalCual
04 de noviembre de 2008

Con cierta preocupación tanto internamente como en el exterior se dice y argumenta que Venezuela es un país corrompido, bajo la suposición de que la riqueza petrolera, que no es fruto del trabajo, propicia acciones delictuales de los funcionarios públicos para enriquecerse súbitamente.

Sin embargo, los casos más patéticos de corrupción durante la etapa democrática de Venezuela han ocurrido en la gestión de Hugo Chávez, de ello no hay dudas, vinculados a los de naturaleza financiera, porque esa ha sido la forma práctica de hacer dinero más rápidamente.

El primero de esos casos se refiere a la confesión pública por parte del Presidente de la República de que se habían utilizado los recursos acumulados en el Fondo de Inversión para la Estabilidad Macroeconómica (FIEM) para un propósito diferente al establecido en la ley. A ello siguió en 2002 la asignación de bonos de la deuda pública a una casa de bolsa, Cedel, en un proceso absolutamente carente de transparencia desde el Ministerio de Finanzas.

Igualmente, en este despacho se fraguó el pago de unas notas promisorias supuestamente emitidas por el desaparecido Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) en 1981 por más de US$ 600 millones que se intentó cobrar cuando el 8 de agosto de 2003, desde la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas, cuyo ministro era Nóbrega. Salió un dictamen que aseguraba que esos títulos valores (notas promisorias) debían ser cancelados una vez que la Procuraduría General de la República lo ratificara, tal como en efecto sucedió el 3 de octubre de 2003, según el pronunciamiento atribuido a la oficina a cargo de Marisol Plaza.

Al abortarse la operación, por denuncias aparecidas en TalCual, los reclamantes demandaron al Estado venezolano y como consecuencia de ello, se ha tenido que pagar en honorarios profesionales a bufetes relacionados a las altas esferas del poder aproximadamente US$ 5 millones. Por este daño al patrimonio público nad! ie responde ni responderá debido a la confabulación y complicidad que existe en el actual gobierno.

Súmese a ello la compra del antiguo edificio sede del Citibank en operaciones donde las edificaciones cambiaron de precio por cinco millones de dólares en pocas semanas, y apareció imputado el ex ministro Nóbrega y más recientemente involucrados Franklin Durán y Carlos Kauffman, hombres célebres del caso de maletín.

LOS BONOS

Pero la operación favorita del andamiaje de la corrupción roja en Venezuela ha sido con bonos de la deuda pública, tanto interna como externa. A partir de 2001 el gobierno de Venezuela acelera el paso del endeudamiento público y después de 2002 se generaliza una modalidad denominada dación en pago, mediante la cual a determinados entes se les asignaba recursos fiscales con bonos de deuda pública. Muchas de esas instituciones, para disponer de efectivo, debían negociar los bonos y lo hicieron con un número pequeño de determinados bancos, los cuales aplicaron un sustancial descuento a la transacción, el cual muy probablemente repartieron con funcionarios públicos, quienes sugerían los bancos a donde debían concurrir los contratistas y proveedores afectados. A ello se sumó el injustificado endeudamiento al cual fue sometida Venezuela en 2005, lo que significó el pago de intereses sobre una deuda que nunca ha debido contratarse en virtud de los superávit de caja que mantenían las cuentas de la Tesorería Nacional en el BCV y en el resto del sistema bancario. Con esos fondos del Estado depositados en las instituciones financieras, se le prestó dinero al mismo Estado en una transacción bidireccional que seguramente reportó jugosas utilidades a los involucrados. La reina de las operaciones financieras fue, sin embargo, el negocio de los bonos argentinos. Entre 2005 y 2006, Venezuela compró aproximadamente US$ 3.850 millones ! de esos papeles con el objeto de apuntalar las alicaídas finanzas gauchas. Al principio esos bonos se vendieron a tres bancos venezolanos que adquirieron los bonos al tipo de cambio oficial con una pequeña prima para que la República de Venezuela pudiese mostrar un beneficio en la transacción. Posteriormente, esos bonos ahora en manos de esos bancos, fueron negociados en la Bolsa de Valores de Nueva York y el efectivo obtenido en dólares convertido a bolívares a la tasa de cambio del mercado paralelo. Cuando el escándalo se hizo público, el Ministerio de Finanzas, encabezado entonces por Nelson Merentes, optó por socializar la asignación de los bonos a buena parte del sistema financiero y todos quedaron contentos, con las alforjas llenas y entonces el presidente Chávez y José Vicente Rangel, quien antes había apoyado a CAP, justificaron la transacción y defendieron al ministro de Finanzas. Pero las operaciones con títulos de deuda no se quedan allí. A lo largo de 2005, el Ministerio de Finanzas asignó discrecionalmente "notas estructuradas" y bonos de la deuda pública por US$ 1.385 millones a ciertos bancos, para que fuesen empleados en el mercado paralelo para estabilizar su cotización. Ese monto se amplió durante 2006 a más de US$ 7.500 millones, con lo cual se dieron un banquete al comprar títulos al precio oficial de la divisa y venderlos al del mercado de "permuta". Hubo para todos, pero especialmente para los prestidigitadores del dinero en Venezuela.









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