La Constitución del 61 resucitó

Por Venezuela Real - 12 de Noviembre, 2008, 10:57, Categoría: Estado de Derecho

Alberto Arteaga Sánchez
El Universal
12 de noviembre de 2008

La decisión de la Sala Constitucional abona el terreno de la inseguridad jurídica

La Constitución de 1961, producto de conciliábulos y del oscuro Pacto de Punto Fijo -según sus detractores- después de haber expirado, sustituida por la Constitución de 1999, aún no clarificado su verdadero texto, según decisión de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 4-11-08, con motivo del caso del gobernador Carlos Giménez, destituido por la vía de un antejuicio, ha modificado el texto de la vigente Carta Magna, que atribuía al Máximo Tribunal la competencia para seguir conociendo de los delitos comunes cometidos por Altos Funcionarios Públicos, hasta sentencia definitiva, "rescatando el texto de la Constitución de 1961", el cual, con lógica y sentido común, le atribuía esa competencia sólo para los delitos políticos, remitiendo a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los delitos comunes.

Estoy de acuerdo con la incoherencia del texto de la vigente Constitución, que consagró una norma con un manifiesto vacío, en cuanto a otros delitos no comunes, lo cual -a mi juicio- ha debido resolverse por la vía de una enmienda y no invocando una disposición derogada, con lo cual establece un precedente de muy dudosa aceptación, ante un texto, que no resulta interpretado, sino modificado sustancialmente, mucho más allá de lo que la interpretación permite. La labor de un intérprete encuentra su límite en las expresiones del legislador, en este caso, del constituyente, partiendo de ellas para buscar su verdadero sentido o voluntad. Pero no es su labor elaborar una norma nueva que corrige una disposición que se estima errónea o incoherente.

El COPP Por otra parte, ya que fue recogida la disposición de la Constitución de 1999 por Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004, considera la Sala que deben aplicarse los dispositivos del COPP, por ser éste posterior -el vigente es de 2008 y no del 2006, como dice la Sala-, ya que resulta evidente que las normas del COPP, en esta materia, son preconstitucionales -de 1998- y recogen disposiciones de la Constitución de 1961, no habiendo sido objeto de modificaciones en las reformas parciales aprobadas. El COPP, en este aspecto, no es ley especial, por lo demás, sino complementario de la Ley del Tribunal Supremo y sus dispositivos, evidentemente, quedaron derogados por la Constitución de 1999, ya que sus artículos sobre esta materia no han sido objeto de ninguna de las reformas parciales del COPP y las normas sobre el enjuiciamiento de los Altos Funcionarios Públicos no son posteriores a la Ley del TSJ, sino anteriores a ésta y a la Constitución de 1999, copiando simplemente el texto de la Constitución de 1961 y una disposición de la derogada Ley de la Corte Suprema de Justicia sobre la suspensión de los funcionarios.

En mi opinión, esta decisión de la Sala Constitucional simplemente abona el terreno de la inseguridad jurídica, invoca una norma derogada para atribuirle vigencia y prepara el camino para otros expeditos antejuicios que servirán para remover incómodos gobernadores, "echándole el muerto" a los tribunales ordinarios.






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