Demandan a la Cancillería por incumplir sus funciones

Por Venezuela Real - 16 de Noviembre, 2008, 10:51, Categoría: Derechos Humanos

El Universal
16 de noviembre de 2008

Provea dice que no ha informado a la OEA de la ratificación de un tratado de DDHH

Por incumplir sus funciones, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) demandó al Ministerio de Relaciones Exteriores ante las cortes contencioso -administrativas.

En un comunicado de prensa, la organización no gubernamental informó que el recurso de abstención o carencia contra la Cancillería se debe a que este despacho no ha realizado los trámites internacionales necesarios para que Venezuela se acoja al Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Protocolo de El Salvador, como también se conoce a este complemento de la Convención Americana, compromete a los estados a respetar y velar por garantías tales como la educación, la salud, la recreación, la vivienda y el trabajo, entre otros.

Asimismo el pacto prevé la posibilidad de acudir ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la violación de alguno de estos derechos.

Provea, en su comunicado, recordó que Venezuela suscribió el Protocolo de El Salvador el 27 de enero de 1989. No obstante, no fue sino hasta marzo de 2005 que la Asamblea Nacional lo discutió y lo aprobó. El instrumento fue publicado en Gaceta Oficial el 25 de mayo de 2005, con lo cual se terminó el proceso para su ratificación dentro del país.

Sin embargo, los venezolanos aún no están protegidos por dicho tratado, debido a que el despacho que hoy dirige Nicolás Maduro no le ha informado a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la ratificación formal de la norma.

Provea solicitó a la Cancillería que le informara sobre las gestiones que había hecho para cumplir con este último trámite, pero no obtuvo ninguna respuesta; y por ello acudió ante los tribunales.

El coordinador general de la agrupación, Marino Alvarado, exigió al Gobierno que termine de oficializar la aprobación del Protocolo. "Su no ratificación puede significar la limitación de hacer justiciables tanto los derechos sindicales como el derecho a la educación, por parte de los hombres y mujeres que luchan por el cabal cumplimiento de la Constitución. Nos parece incoherente esta actitud del Gobierno, puesto que se ha caracterizado por promover los derechos sociales y debería facilitar los mecanismos que hagan posible su exigibilidad nacional e internacionalmente".






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