Venezuela Real
Información y Opinión
Los señores del delito imponen la ley en sus feudos
Por Venezuela Real - 16 de Noviembre, 2008, 11:45, Categoría: Seguridad/Inseguridad
DAVID GONZÁLEZ
El Nacional 16 de noviembre de 2008 Las armas y la violencia rigen la convivencia en las zonas populares La incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de la ciudadanía es la mejor aliada para que los delincuentes y los distribuidores de droga asuman el control de los espacios y obliguen a las comunidades a aceptarlos como garantes de la tranquilidad Todavía hay gente que extraña a Danielito en el barrio Guaremal de Los Teques. El diminutivo no identifica a un niño del sector, sino a un delincuente que fue condenado a 26 años de cárcel y llegó a ser calificado de "enemigo número uno" de Miranda por la policía regional. "Él acabó con los otros malandros y logró que hubiera cierta tranquilidad por aquí", dice un vecino que sube unas escaleras rumbo a una angosta calle principal y deja atrás un conjunto de casas que parecen estar a punto de rodar por un precipicio tupido de vegetación. Ni el estado de la vía –un canal deteriorado donde las colas nunca ceden en las horas pico– ni la situación de las viviendas lo angustian tanto como la falta de seguridad, que considera casi perdida desde hace cuatro años, cuando Danielito se entregó. A Daniel Lorca López, preso a los 24 años de edad, lo recuerdan en la comunidad con una mezcla de terror y gratitud. Pero un retrato que lo dibuje con los perfiles de un héroe no correspondería punto a punto con las descripciones que aún se hacen de él. Hay residentes que sintieron alivio cuando su era terminó: "A juro tenías que estar de su lado, porque si no tu vida corría peligro". Los testimonios de los vecinos señalan que convirtió a Guaremal en un pequeño señorío donde administraba justicia a tiros y ejercía el control de los demás maleantes con su dedo índice, el del gatillo, uno que no forma parte del único brazo autorizado para ejercer la violencia: el de las fuerzas del orden del Estado. Lo sentenciaron por 4 asesinatos –aunque la policía lo relacionaba con 30, entre ellos el de un funcionario de Polimiranda– y se entregó en el Ministerio Público luego de que fue ubicado dentro de un minibús por grupos comando de la policía científica y la Disip. Mantuvo como rehenes, por más de 15 horas, a los pasajeros, algunos de los cuales lo apoyaron, al igual que otros vecinos que salieron de sus casas. "Las mujeres le gritaban: `No te entregues’, y decían que si lo mataban a él tenían que matarlos a todos", recuerda un testigo de un momento que fue reflejado por diarios y televisoras. El caso de Danielito y Guaremal resumen un fenómeno que tiende a reproducirse en los barrios como si fuera un juego de espejos: el surgimiento de áreas donde el delincuente se erige como el hombre fuerte, un sustituto de la autoridad que impone el orden. El sacerdote Alejandro Moreno, director del Centro de Investigaciones Populares, recurre a un concepto de la raigambre medieval para ilustrar lo que observa en el país ante la incapacidad estatal para garantizar la paz y la seguridad en las zonas pobres. Plantea la analogía con el feudalismo, un sistema que garantizaba una relación de vasallaje y subordinación a favor de señores que concedían tierras a terceros para el usufructo. El padre se cuida de salvar las distancias históricas para aplicar el término, pero saca partido de su lectura de la situación: "Puede hablarse del surgimiento de poderes locales, alternos, dotados de cierta autonomía y los cuales son ejercidos por los malandros". Intercambios. Moreno vive en un barrio del municipio Sucre y se ha dedicado a estudiar el perfil del delincuente popular venezolano. Ahora trata de comprender el tenor de las relaciones que se establecen entre éste y las comunidades donde residen. Los pactos se imponen generalmente, de acuerdo con el análisis del sacerdote, cuando una banda o su jefe gana en las largas guerras de exterminio contra sus rivales. Esto conduce a una suerte de redefinición en las demarcaciones territoriales –una cancha, una escalera o un tanque suelen considerarse los hitos invisibles de la cartografía– de una zona de control o del "feudo". El sacerdote insiste en señalar que la dinámica no puede interpretarse estrictamente como un sometimiento de los vecinos por el terror y la violencia, sino también como la búsqueda de soluciones a la necesidad humana de tranquilidad más allá de las instituciones cuando éstas fallan. El linchamiento de los azotes por los vecinos y el apoyo a los "grupos de exterminio", que matan a los delincuentes, son dos caras del mismo problema, según los estudiosos de la inseguridad en el país. Verónica Zubillaga, investigadora del Laboratorio de Ciencias Sociales, señala que la indefensión obliga a la gente a aceptar ese tipo de acuerdos de convivencia: "Lo hacen porque no tienen otras salidas. La gente con recursos pone rejas, contrata vigilancia en una industria que ha tenido gran crecimiento". La socióloga advierte que se establecen relaciones de intercambio a ambos lados del callejón: "La comunidad brinda al delincuente protección de las autoridades y éste no actúa en esa zona e impide que delincuentes de otros lugares afecten a la comunidad". Amplios poderes. Hay situaciones que reflejan la amplitud de las funciones asumidas, de hecho, por los violentos: existen galpones de zonas industriales de Sucre, donde los delincuentes escoltan la salida y la llegada de remesas de dinero o brindan protección para actos religiosos y escolares dentro de sus "jurisdicciones". "Hace dos años debimos pedir el aval del malandro de la zona para poder hacer una procesión de Semana Santa con niños y gente de otro sector", narra una maestra caraqueña. En un barrio de Charallave, un maleante asumió directamente la ejecución de un acueducto planificado por un consejo comunal. "Ese que está allá es un homicida, pero tuvimos que dejar que lo hiciera porque si no iba a ser imposible terminar el trabajo", relata un habitante de la zona. En casos extremos, el poder armado se usa para imponer el miedo. Los maleantes pueden decidir quién estará en su zona de influencia: "14 casas de El Rincón fueron abandonadas por amenazas de los delincuentes de la zona", afirma un residente de El Winche, Filas de Mariches. En el barrio El Jarillal de Sanare, Lara, una banda impuso su ley desde 2003 y destruyó 2 viviendas donde se proyectaba construir una comisaría. En la zona vivían las 6 personas –supuestos miembros del grupo– que fueron sacadas a la fuerza, asesinadas y abandonadas en Chabasquén, Portuguesa, el 23 de octubre, en un hecho por el cual la Fiscalía imputó a funcionarios de la Policía de Lara. En el caso de Guaremal hubo personas que cumplieron su parte del "pacto" con entusiasmo. Rafael Grimán, uno de los funcionarios de la Policía de Miranda que persiguió a Danielito, señala que miembros de la comunidad advirtieron tardíamente los riesgos que corrieron: "La situación se les escapó de las manos. Danielito comenzó a reclutar adolescentes y eso generó mucho malestar, entonces pidieron la intervención policial". Grimán recuerda que entrar en la zona, ubicada en una ladera de los Altos Mirandinos, era un asunto prohibido por la hostilidad de algunos vecinos. La institución ha procurado mantener contacto con los consejos comunales del barrio como una política de estrechar nexos con la comunidad. En octubre organizaron de manera conjunta una jornada comunitaria que incluyó operativos de cedulación, fumigación y vacunación. Hay noticias de nuevas bandas enfrentadas en los sectores Santa María y Clavelitos, y la incidencia de secuestros y asaltos al transporte público vuelven a causar angustia, por lo que el "fantasma" de Danielito todavía gravita en el barrio. Tráfico. La imposición de la paz también es un activo codiciado por las mafias del narcotráfico. Si bien la guerra por la plaza es encarnizada, el dominio de la zona de influencia es más parecido a un régimen de terror silencioso. Zubillaga señala que un ambiente de esas características permite construir zonas de tolerancia para facilitar los intercambios de productos ilícitos. Los diagnósticos policiales coinciden con el de la académica: los distribuidores procuran evitar las intervenciones innecesarias de los cuerpos de seguridad. Un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas menciona como ejemplo al barrio Terraplén, de la avenida Panteón, una zona que comparativamente aporta una estadística de muertes menor que otros lugares del municipio Libertador: "Hay un mercado importante que lo maneja un grupo del barrio al que no le convienen los sobresaltos". La información policial indica que la ubicación del lugar y sus accesos privilegiados lo convierten en un mercado movido: "Sabemos que si alguien llega a robar a algún comprador, entonces lo matan. Tres hombres, que los conocen como los duros, han puesto las reglas". Los residentes del lugar no hablan cómodamente con extraños, pero confirman que la circulación de drogas es importante. "Eso es evidente por aquí, corre parejo, no hay que meterse con esos tipos", aseguran. A principios de año, la atención de los investigadores policiales y de los medios se volcó sobre el barrio Terraplén. Funcionarios de la subdelegación Simón Rodríguez encontraron un cadáver y una osamenta enterradas en las ruinas de un edificio que alguna vez fue llamado San Narciso, de acuerdo con los testimonios de viejos residentes de la zona. Uno era el de un joven que había sido denunciado como desaparecido una semana antes, Lewis Velásquez, de 27 años de edad, y el otro el de un desconocido que tenía una data de muerte de tres meses. Informaciones anónimas condujeron al padre de Velásquez al sitio preciso donde estaba su hijo. Los Bomberos de Caracas realizaron una nueva inspección por las versiones según las cuales una suerte de cementerio ilegal existía bajo las ruinas, pero no hubo otros hallazgos humanos. Desde entonces, el barrio Terraplén no ha regresado a la crónica roja de Caracas. Un vecino del 23 de Enero tiene una declaración semejante: "Los últimos bloques del 40 para arriba son dominados por grupos que actúan a sus anchas en el comercio de drogas". La gente sabe a qué atenerse: a los indiferentes y a los que miran y callan no les pasa nada y pueden proseguir sus vidas sin sobresaltos. Esto no ha exceptuado que en los últimos dos meses haya ocurrido una secuencia de homicidios –10 desde agosto pasado según datos extraoficiales de los organismos de seguridad– que funcionarios gubernamentales vinculan precisamente con nuevas guerras por los mercados ilegales. La proliferación de las parcelas bajo control de los violentos, de los delincuentes y de los hombres armados es una materia pendiente para el Estado y sus instituciones. |
Temas
Calendario
Archivos
SuscríbeteSindicaciónEnlaces
| |||||
