Exigen más regulaciones para contratos de preventa

Por Venezuela Real - 17 de Noviembre, 2008, 10:21, Categoría: Vivienda

AHIANA FIGUEROA
El  Nacional
17 de noviembre de 2008

VIVIENDA Solicitan utilizar el índice de precios al mayor para el sector construcción
La resolución que limita el cobro del IPC dejó muchas dudas y vacíos legales que deben ser resueltos

Adquirir una vivienda a través de la modalidad de preventa trae beneficios a constructores y compradores, pero también lleva algunos riesgos para ambas partes.

Los promotores la utilizan como una manera de conseguir recursos financieros mientras levantan la obra y al comprador le permite obtener una casa propia en un tiempo determinado, en tanto cancela por cuotas la inicial del precio total del inmueble.

Pero algunos factores negativos comenzaron a incidir en este tipo de financiamiento: el constante incremento de la inflación, la baja capacidad de ahorro, la falta de insumos o materiales para la construcción y el déficit de viviendas.

Recientemente el Ministerio de la Vivienda y Hábitat emitió una resolución en la cual se prohíbe el cobro del índice nacional de precios al consumidor después de la fecha pactada para la culminación de una obra y para la protocolización del documento de venta. En el artículo 4 se establece que en ningún caso el comprador asumirá la consecuencia económica derivada del retraso en la entrega del inmueble.

Esta medida surge de las múltiples denuncias recibidas en la Asamblea Nacional, en el despacho de la Vivienda y en Indepabis. Además, organizaciones civiles interpusieron demandas en contra del cobro del IPC en el Tribunal Supremo de Justicia. Los argumentos refieren que este tipo de práctica incrementa el precio de la vivienda hasta en 50%.

Uso adecuado.

El presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, Roberto León Parilli, señaló que en la demanda colectiva que esta organización introdujo en el máximo tribunal se solicitó que el ajuste por inflación que se cobrará en el tiempo que dura la obra debe ser el índice de precios al mayor para el sector construcción y no el índice nacional de precios, que es mucho mayor que el del mayorista.

"Otras asociaciones pidieron al TSJ eliminar completamente el uso del IPC, pero creemos que no es una medida adecuada porque la inflación afecta toda la estructura de costos de una obra, y si no hay una posibilidad de ajuste sencillamente no se podrá construir.

Creemos que se debe lograr un equilibrio".

Parilli explicó que los constructores alegan que el uso del IPC obedece al aumento en los precios de los materiales como cabilla, cemento y asfalto, pero que el índice utilizado por el sector es el nacional, el cual pondera el incremento en los costos de los alimentos, bebidas, restaurantes y salud que hace que la tasa por cobrar sea mayor.

"Otro punto importante que debe destacarse son los vacíos que dejó la resolución, la cual amerita una corrección o la publicación de una norma. Por ejemplo, no resuelve el problema a las personas que continuaron cancelando el IPC luego de la fecha de entrega que les prometió el promotor, se desconoce si éstos pueden recibir un reintegro".

Aún más.

La diputada Laura Valls, miembro de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, informó que luego de las elecciones regionales del 23 de noviembre se prevén otras regulaciones sobre los contratos de preventa de inmuebles, no sólo de viviendas sino también de locales.

"Ante las múltiples denuncias por cobro excesivo del IPC que recibieron organismos públicos, decidimos unir los esfuerzos e hicimos propuestas que fueron enviadas al Ministerio de la Vivienda, pero no todas fueron tomadas en cuenta por lo que creemos que es necesario aumentar las regulaciones sobre este tema. Hasta ahora nos han informado que esta resolución es la primera de una serie de decisiones que se tomarán al respecto".

La parlamentaria indicó que a comienzos de la investigación se evidenció que muchos desconocían qué era el IPC, cómo se construía, cómo y por qué se debía cobrar.

"Luego nos encontramos con una serie de problemas derivados de esta situación como el cobro del IPC mientras duraba el retraso de la obra, lo que atenta contra la economía de cualquier persona y alienta la especulación de los inmuebles".

Explicó que una de las propuestas que hizo la Comisión fue que el IPC se cobrara sólo sobre 30% del valor inicial del inmueble. "Debemos recordar que en una obra en preventa los promotores construyen con los recursos captados en las cuotas que aportan las compradores y con financiamiento bancario".

Valls dijo, además, que se solicitó eliminar de los contratos de preventa algunas cláusulas: el cobro de una multa de 3% más el IPC por no cancelar una cuota y la de rescindir unilateralmente un contrato sin previo aviso. También se debe definir cuál es el índice inflacionario que debe ser tomado en cuenta. "No estamos conforme con la resolución porque tiene debilidades, pero el despacho de la Vivienda nos informó que se corregirán los vacíos que tiene el documento y evaluarán las distintas propuestas que les ha llegado".

 





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