Crimen bajo llave

Por Venezuela Real - 18 de Noviembre, 2008, 10:50, Categoría: Estado de Derecho

Carlos Crespo
TalCual
18 de noviembre de 2008

A cuatro años de la muerte de Danilo Anderson siguen sin castigo sus asesinos. El testigo estrella Geovanny Vásquez y el fiscal instructor del caso, Hernando Contreras aseguran haber formado parte de un "montaje" dirigido por Isaías Rodríguez para inculpar a opositores al Gobierno
El ex fiscal investigador Hernando Contreras reveló que altos funcionarios del Gobierno acordaron asesinar a los supuestos autores materiales del asesinato de Danilo Anderson

Luces, cámara... acción.

Estas son quizás las palabras que precedieron varias de las actuaciones de la Fiscalía para determinar la autoría material e intelectual del asesinato del fiscal Danilo Anderson. Al menos, así lo han asegurado el ex fiscal investigador Hernando Contreras y el principal testigo Geovanny Vásquez, quienes calificaron de "montaje" las pesquisas del Poder Judicial, cuyo "guión" habría sido escrito por Isaías Rodríguez.

A cuatro años de la muerte del Fiscal 4° nacional con competencia ambiental, el caso parece estar lejos de caducar. El año 2008 ha sido prolijo en revelaciones que han impactado a la opinión pública y que le han dado una vuelta total a las averiguaciones, al punto que los encargados de encontrar a los responsables del hecho ahora son los principales investigados. Esto pone en duda la autoría material de los hermanos Guevara, que fue determinada por los tribunales venezolanos.

La semana pasada el ex fiscal investigador del homicidio, Hernando Contreras, reveló detalles ocultos. El abogado aseguró que un día después de la muerte de Anderson se celebró una reunión entre altos funcionarios del Gobierno en la que se acordó asesinar a Juan Carlos Sánchez, Antonio López Castillo y a Otoniel, Rolando y Juan Bautista Guevara, supuestos autores materiales del crimen.

El ex fiscal dijo que en esta reunión estuvieron presentes el ex ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, el ex director de la Disip, Miguel Rodríguez Torres, el director del Cicpc, Marcos Chávez y los fiscales Gilberto Landaeta y Yoraco Bauza. Todos habrían levantado sus manos en señal de aprobación de los asesinatos.

Contreras también aseguró que el ex fiscal general Isaías Rodríguez dio "luz verde" para que se perpetraran los homicidios. "Se decidió, en una especie de corte donde juzgaban y condenaban de una vez a aquellas personas que aparecieron en la llamada anónima".

Las declaraciones del ex fiscal del caso cobran mayor valor si se recuerda que tanto Sánchez como López Castillo resultaron muertos en supuestos "enfrentamientos" con organismos policiales.

Por su parte los hermanos Rolando y Otoniel Guevara, ex agentes de la Disip y el Cicpc, denunciaron haber sido detenidos y torturados por tres días por cuerpos de seguridad que luego los dejaron abandonados en un terreno de Valencia. Según Contreras, el comisario del Cicpc Ramón Torcat expresó su rechazo a este acto por ser "compadre" de Rolando, por lo que no descartó que estos se hayan salvado por la solidaridad de sus ex compañeros de labores.

Jacqueline Sandoval, representante legal de los hermanos Guevara, asegura estar impactada por las revelaciones: "Es realmente triste que el encargado de que se cumplan la leyes en Venezuela diera ’luz verde’ para que se asesinara a personas".

Pedro Aranguren, quien representa a Marisela Caraballo Anderson y a Juan José Meléndez Anderson, hermanos del Fiscal, califica como "gravísimas" las denuncias del ex funcionario: "Siempre hubo sospechas de que una de las personas fallecidas fue asesinada por la Disip y esa denuncia concuerda mucho con esta sospecha, que esta persona fue torturada y asesinada".

Mientras Morly Uzcátegui, abogado de Geovanny Vásquez, dice que no le sorprende la revelación pues se trata de la "verdad" y concuerda con lo denunciado por su defendido. "La muerte que hubo ahí de este muchacho Castillo, la muerte del señor Sánchez son delitos de lesa humanidad, y la privación ilegítima y la condena que tienen los Guevara de 30 y 28 años, esos son delitos de lesa humanidad, porque son delitos de derechos humanos y eso no va a prescribir nunca".

INVESTIGACIÓN ENTUBADA

A las 9:35 pm del jueves 18 de noviembre de 2004 una carga del explosivo C-4 estalló debajo del asiento de la Toyota Autana color amarillo, perteneciente al fiscal Danilo Baltasar Anderson, cuando éste se trasladaba por la avenida Las Ciencias, en Los Chaguaramos.

Estos son prácticamente los únicos datos incontrovertibles que ha arrojado la investigación del MP desde 2004.

Según el testimonio de Contreras todo el proceso de investigación se desencadenó al siguiente día, cuando la División de Homicidios del Cicpc recibió una llamada anónima que implicaba a los supuestos autores materiales. Esta habría sido recibida por el funcionario Luis Revilla. Horas después se habría planificado la "eliminación" de éstos y la búsqueda de los autores intelectuales. El origen de la llamada nunca fue rastreado por los cuerpos policiales.

La abogada de los Guevara asegura que realizó una investigación que determinó que esa llamada nunca se produjo. "Para las horas y las fechas que dice el funcionario Revilla que se registraron, jamás entraron esas llamadas a ninguno de los teléfonos de Homicidios". Agrega, además, que podrían ser varias, y no sólo una, las reuniones en las que se planificó asesinar a sus defendidos: "Fueron muchas las reuniones que se hicieron para ver quién era el que iba a matar a Rolando Guevara pero, por supuesto, los mismos funcionarios se negaron a realizar tal hecho y, luego de ser torturado durante tres días, es que aparecen vivos en el estado Carabobo". Mientras, el 20 de noviembre desaparecía Juan Carlos Sánchez y el 23 era abatido el abogado Antonio López.

El 5 de enero de 2005 Jesse Chacón habló de un posible móvil.

Según el entonces ministro de Interior y Justicia existían personas de gran poder económico que daban altas sumas de dinero a Anderson para no ser imputados por el caso de los "Carmonafirmantes".

Esta versión se vio confirmada en las actas de investigación donde allegados al fiscal fallecido mencionaban haberlo visto recibir dinero en "bolsas marrones".

Las investigaciones periodísticas parecieron corroborar esta hipótesis. La periodista Tamoa Calzadilla, del diario Últimas Noticias, descubrió que Anderson tenía una caja fuerte en su vivienda donde guardaba altas sumas de dinero y ubicó dos motos de agua, propiedad del funcionario, que posteriormente habrían sido lanzadas al río Guaire por su hermana Lourdes Suárez Anderson. A pesar de esto el Ministerio Público descartó esta línea de investigación.

EL DESMONTAJE DEL TESTIGO

La Fiscalía decidió depositar toda su confianza en Geovanny Vásquez, el testigo "estrella" de Isaías Rodríguez, quien aseguró haber estado presente en toda la planificación del homicidio. Vásquez fue presentado como un desertor de las Autodefensas Unidas de Colombia, psiquiatra de profesión, que participó en múltiples reuniones efectuadas en Maracaibo, Panamá y Miami, durante las que se planificó el asesinato del fiscal. El testimonio de Vásquez fue vital en la condena de Juan Bautista Guevara a 30 años de prisión, y de Rolando y Otoniel Guevara a 27 años y 9 meses el 21 de diciembre de 2005, como supuestos autores materiales del crimen.

También fue Vásquez quien acusó a la periodista Patricia Poleo, al banquero y dueño de Globovisión Nelson Mezerhane, al general (r) Eugenio Áñez Núñez y a Salvador Romaní hijo, como presuntos autores intelectuales del caso.

Sin embargo, los medios no tardaron en encontrar contradicciones en su testimonio. Geovanny Vásquez no era psiquiatra, las AUC negaron que perteneciera a sus filas y para el momento que dijo haber estado presente en la reunión de Panamá (septiembre de 2003) se encontraba preso en Colombia. Igualmente, tenía un largo historial de "mitómano" en el país vecino donde fue acusado por estafador y suplantación de identidad. Todo esto llevó a que durante la presentación del acto conclusivo, en diciembre de 2006, fueran archivadas las causas de todos los autores intelectuales, a excepción de Poleo, que se mantiene fuera del país.

Vásquez sería el único capaz de lograr derrumbar su propio testimonio. A inicios de abril pasado dio una entrevista al Globovisión en la que aseguró que el Gobierno le pagó 500 mil dólares para que testificara: "Todo lo que declaré en el juicio de los Guevara es mentira". Igualmente dijo que nunca prestó declaración ante el juez Gumer Quintana en agosto de 2005, quien firmó las actas de entrevista, con lo que también se desplomaba la acusación contra los autores intelectuales. El ex fiscal Rodríguez, quien siempre mantuvo como verdadero lo dicho por Vásquez, lo acusó de "desquiciado". El 17 de marzo, en un carta a Luisa Ortega Díaz, el fiscal Contreras corroboró este testimonio y aseguró que las actas de la investigación fueron forjadas por órdenes de Rodríguez: "Nos reunía a los fiscales comisionados y nos decía que debíamos quitar a tal persona o colocar el nombre de esta otra (...) que esa investigación era un problema de Estado". Esto explicaría la existencia de varias versiones de las actas con testimonios distintos de Vásquez.

Todo esto provocó que el 11, el 17 y el 18 de junio fueran imputados el ex juez Quintana, el testigo Vásquez y el ex fiscal Landaeta, respectivamente, por la supuesta alteración de los documentos.

UNA HISTORIA CÍCLICA

Las revelaciones de Hernando Contreras también lograron disminuir la confianza en las gestiones de Ortega Díaz. El ex fiscal aseveró que le planteó todas las irregularidades a Ortega cuando esta se desempeñaba como directora de Actuación Procesal del MP, sin obtener más respuesta que una queja por la filtración de las cuestionadas actas.

Uzcátegui, quien en un principio dijo confiar en la Fiscal, ahora denuncia que se está edificando un "nuevo montaje" con la investigación de las actas para sólo inculpar a Vásquez y Contreras. "Pero a la cabeza, al capo, al delincuente mayor que es Isaías Rodríguez no se le quiere imputar".

Sandoval califica como "patética y triste" la actuación de la Fiscalía en estos cuatro años y también manifiesta sus dudas sobre las futuras decisiones de Ortega. "No ha dado muestras en los últimos meses de querer aclarar estos hechos". Opinión distinta es la del abogado de los hermanos Anderson, para quien la investigación ha tenido dos momentos distintos.

El primero, al que califica de "absolutamente contradictorio", durante la gestión de Rodríguez. El segundo en el que percibe un giro "extraordinario" durante la gestión de Ortega. Entre los avances señala la imputación de jueces y fiscales, la aceptación de querellas contra Ignacio Salvatierra y Ricardo Tucker, así como el acceso a las actas por sus representados: "Hay personas tratando de presionar a la Fiscal para que la investigación no camine pero, hasta ahora, ha demostrado que ha actuado de manera distinta a Rodríguez".

Sin embargo, los juristas sí coinciden en por lo menos tres acciones inmediatas que debería ejercer la justicia venezolana. Llevar la investigación de nuevo hacia sus inicios, siguiendo el móvil de la red de extorsión que rodeaba a Anderson; iniciar una investigación sobre las muertes de Sánchez y López Castillo, y revisar la condena contra los hermanos Guevara, así como la persecución judicial contra Patricia Poleo, por estar ambas fundadas en pruebas manipuladas.

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