Rosales: Me quieren linchar porque rechazo la revolución

Por Venezuela Real - 29 de Noviembre, 2008, 9:32, Categoría: Política Nacional

HERNÁN LUGO-GALICIA
El Nacional
29 de noviembre de 2008

CRÓNICA El alcalde electo acusó a Arias Cárdenas del "king kong" y de la quiebra de la Lotería del Zulia
Los diputados criticaron las evasivas a las preguntas y las donaciones hechas por la gobernación a policías regionales, sin control posterior
La comparecencia fue extensa, sin receso. Rosales nunca fue al baño

Durante más de seis horas estuvo sometido Manuel Rosales a un interrogatorio en la Asamblea Nacional. Sin embargo, los que se callaron y no replicaron fueron Mario Isea y Manuel Villalba. El aún gobernador del Zulia señaló, al primero, de haber retenido un dinero para comprar unas patrullas en la gestión de Francisco Arias Cárdenas en espera de una negociación en Miami y, por la cual, fue despedido del ejecutivo zuliano. A Villalba lo acusó de tenerlo en la lista de petición de donación. Las caras de los parlamentarios fueron de indignación, pero ninguno se defendió.

La comparecencia adquirió, en ocasiones, un tinte electoral y no llegó a cosas mayores, a pesar de que Pablo Pérez, mandatario electo, le reclamó al diputado del PSUV Alberto Cautelar la forma despectiva como se refería a los asesores.

Rosales llevó a 12 consejeros, entre ellos a "los mosqueteros" (Elías Matta, Cesár Morillo y Enrique Márquez) y una "maleta roja" llena de documentos, pero la Comisión de Contraloría sólo le permitió 7, lo que fue calificado por el alcalde electo de Maracaibo como una violación al artículo 158 del Reglamento de interior y de debate.

La norma le permite a los citados por el Parlamento a designar los asesores que deseen. "Usted lo que quiere es que la comparecencia sea en el estadio Luis Aparicio", dijo su coterráneo Libes González (PSUV).

Rosales replicó: "Hay una violación de los derechos constitucionales porque no se me informó, oficialmente, cuáles serían las materias a ser tratadas. Lo que sé es por los medios de comunicación. Algunos diputados, sin investigar, ya sentenciaron: `¡Culpable!", y lanzan epítetos que agreden mi condición de hombre público (...) Si me quieren juzgar y linchar políticamente porque no estoy de acuerdo con la revolución, pues respondo: Yo no estoy de acuerdo con la revolución y defiendo mis principios de pensamiento socialdemócrata".

El Parlamento sustancia tres expedientes contra Rosales: el primero (No.1285) por una supuesta evasión fiscal por parte de una empresa que contrató con la Lotería del Zulia, de nombre Alfa Lotery. El segundo (No.1292) por presuntas irregularidades en el palacio Los Cóndores y el último (No.1293) por la donación de una camioneta al jefe de Polizulia, Alberto Cubillán.

La respuesta de Rosales sobre el caso de la lotería giró sobre la idea de que Alfa Lotery es responsable ante el Seniat de pagar los impuestos y de resolver los reparos.

La gobernación, alegó, tiene una relación de tercero con la compañía, por cuanto fue contratada por el Instituto de Beneficencia Pública: "Arias Cárdenas, Giancarlo Di Martino y Mario Isea convirtieron la Lotería en una caja chica. Recibí una lotería quebrada. Dejaron un king kong de 8 millardos, 500 empleados, 23 de ellos para contar tickets cuando eso ya es automatizado. Hoy funciona con 33 empleados y genera recursos".

Acerca de la legalidad de la negociación de la lotería con Play Text, cuyos accionistas están en Alfa Lotery, adujo que la Comisión Nacional de Lotería avaló este proceso. En su contra, Luis Tascón (NCR) y Julio Moreno (presidente de contraloría) señalaron que la lotería no podía suscribir el contrato, por cuanto fue creada el 15 de enero de 2007 y 7 días después es cuando aparece la resolución en la Gaceta Oficial.

La primera tanda comenzó a las 11:00 am y terminó a las 2:00 pm. Inmediatamente se pasó al expediente de la donación de una camioneta. Rosales aclaró que había entregado 248 carros y 20 motos a policías: "Había un cementerio de patrullas, unos chécheres, y se les donó a agentes sin rango como un estímulo. Eran unas chatarras que se podían parapetear".

Los diputados del PSUV cuestionaron el procedimiento y pidieron copias de la donación autorizada por la contraloría regional, la procuraduría estadal y la gobernación. "¿Cómo es que investigan y se preocupan por la donación de carros viejos y no dicen nada por la donación de petróleo, casas y vehículos a otros países?", reclamó en tono maracucho.

Después, Mario Isea criticó que el jefe de Polizulia haya recibido una camioneta, pero hizo un contrato de opción de compra con un constructor, a pesar de que las leyes indican que el beneficiado no puede desprenderse del bien en un término de 10 años. "Al vender un bien público, viola la ley. Más cuando es jefe policial".
 
 






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