Empresarios solicitan nulidad de dos leyes de la Habilitante

Por Venezuela Real - 4 de Diciembre, 2008, 8:59, Categoría: Economía

KATIUSKA HERNÁNDEZ
El Nacional
04 de diciembre de 2008

TSJ Denuncian que los nuevos instrumentos son inconstitucionales
Fedecámaras introdujo recurso contra la Ley de Seguridad Agroalimentaria

Empresarios afiliados a Fedecámaras, Consecomercio y Conindustria solicitaron ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de las leyes de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y de la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

José Manuel González, presidente de Fedecámaras, explicó que ambas leyes, aprobadas vía Habilitante, vulneran el derecho a la libertad económica, afectan la decisión de los consumidores y violan el derecho a la propiedad privada. Indicó que al declararse de utilidad pública e interés social todos los bienes relacionados con la producción, fabricación, distribución, y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad, se corre el riesgo de que el Estado expropie e intervenga empresas y otros bienes ligados a la actividad de alimentación.

"La expropiación se podrá realizar sin autorización de la Asamblea Nacional, lo cual viola el debido proceso", agregó González.

El sector privado cuestiona, además, que estos instrumentos fueron aprobados sin ser consultados, lo que también es inconstitucional porque vulnera el artículo 211 de la Carta Magna que establece la participación ciudadana en las decisiones del país.

González advierte que en estas leyes se consagra el modelo de economía socialista, cuando en el referéndum del 2 de diciembre de 2007 la mayoría de la población rechazó esta propuesta de Gobierno.

Considera que se viola la libertad económica cuando en el caso de la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria se plantea que será el Gobierno el que decidirá qué producir y cuánto consumir.

Al igual que en la Ley para la Defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que estipula multas, intervenciones, ocupación temporal de empresas y hasta la confiscación de los bienes, sin dar el debido derecho a la defensa, porque se presta para acciones arbitrarias de funcionarios públicos. Incluso el sector empresarial cuestiona que organismos como el Indepabis, antiguo Indecu, tome decisiones en contra de empresas, sin estar aún redactado el reglamento. En los últimos meses este organismo ha realizado inspecciones, decomiso de mercancía en almacenes e incluso ha detenido transportes de alimentos, vulnerando el derecho a la defensa de las empresas propietarias.

Consumidores perjudicados.

El presidente de Fedecámaras, acompañado por su homólogo de Consecomercio, Nelson Maldonado, y por el de Conindustria, Eduardo Gómez Sigala, alertó que estas leyes perjudicarán a los consumidores y a las empresas que ofertan bienes y servicios de primera calidad, entre ellos alimentos.


"Lejos de beneficiar a los consumidores terminan por perjudicarlos, además castigan al productor y al proveedor. Además, es falso que los empresarios estemos limitando el acceso a las personas, en este caso consumidores que somos todos, a los bienes y servicios", dijo.

José Manuel González aclaró que la única vía para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria es el fortalecimiento del sector productivo del país.

Y no incentivando las importaciones como, a su juicio, ocurre en este momento.

El sector privado critica la política del Gobierno de impulsar el abastecimiento de alimentos mediante la importación de productos terminados, cuando internamente las empresas que producen están sometidas a restricciones legales, cambiarias, laborales y a presiones políticas.

"El Gobierno promueve los conflictos laborales cuando declara que intervendrá las empresas que tengan problemas con sus trabajadores.

Eso no ayuda a la paz laboral y mucho menos contribuye al fomento de las inversiones", agregó González.

Igualmente advierten que si se limita el consumo y la producción de bienes y servicios, se acentuará la escasez. El presidente de Fedecámaras espera que se demuestre la independencia del TSJ y responda a la solicitud presentada por estos gremios del sector privado.


 





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